Cero tolerancia a la corrupción

No es posible dar cumplimiento al plan de reconstrucción económica del país, sin resolver primero el mal endémico de la corrupción. Una de las premisas del llamado “milagro” de Singapur, fue precisamente la erradicación de la corrupción.

En 2018, según informes de la Contraloría General, la corrupción costó al país 50 billones de pesos lo que representa el 19% del presupuesto nacional.

Bien conocidas son sus causas: Debilidad en los controles; politización de las entidades controladoras; discrecionalidad de los funcionarios, incrementada desde que se adoptó la elección popular de alcaldes y gobernadores; clientelismo que convierte la administración de los recursos del erario en un negocio de las camarillas que controlan tanto el poder como los órganos de fiscalización; nepotismo; y, falta de transparencia en la información.

Materialmente es imposible ponerle freno al acelerado crecimiento de la corrupción mientras su solución deba ser adoptada por quienes han sido usufructuarios de tan corrompido sistema. Se requiere la llegada al poder de un turbión renovador, de gentes sin compromisos con mezquinos intereses, animadas de un espíritu renovador y patriótico y con el suficiente coraje para remover las raíces de este repugnante negocio.

Nuestra propuesta de doce pasos para eliminar de raíz este mal endémico es muy clara:

1.- Penalizar severamente todo fraude al Estado

Con la confiscación de los bienes y la inhabilidad para desempeñar cargos públicos o contratar con el Estado a perpetuidad, además de la pena privativa de la libertad.

2.- Conformación de una Comisión de Investigaciones de Fraudes al Estado (CIFE)

Encargada de detectar, investigar y levantar pruebas contra los funcionarios corruptos y sus cómplices y ponerlos a órdenes de la Justicia. Esta comisión se encargará, además, de recuperar los valores defraudados al Estado en los últimos años y de adelantar las acciones judiciales de repetición que sean pertinentes.

3.- Suprimir las Contralorías Departamentales, Municipales y Distritales.

La Contraloría General vigilará las entidades del orden nacional y contratará en cada región empresas de auditoría para vigilar a los entes locales, bajo su supervisión. El Contralor General se designará por concurso de méritos, no por componendas políticas.

4. Nombramientos por méritos.

Por norma constitucional, todos los empleos públicos del orden nacional, departamental y municipal, en todas las ramas del poder, salvo contadas excepciones, se proveerán mediante concurso de méritos y no “a dedo” o por recomendación o compra del puesto, como ocurre con frecuencia. Vamos a gobernar con las personas más capacitadas de este país, no con los usufructuarios de un régimen corrupto.

5. Trasparencia en la contratación.

Todas las adjudicaciones de contratos o compras de bienes o servicios del sector público se deben hacer mediante licitación. No podrá haber adiciones u “otrosíes” por valores superiores al 30% del valor del contrato.

6. Investigar a aforados.

Debe ser reglamentada y puesta en marcha a la mayor brevedad la Comisión de Aforados establecida en el art. 178 A de la Constitución, para investigar y acusar a los aforados.

7.- Austeridad en el gasto público.

Se dictará una normativa de austeridad para la Nación y para los entes territoriales que reciban emolumentos a cualquier título del gobierno nacional, por medio de la cual se eliminan todos los gastos superfluos de vehículos de representación, publicidad, elementos decorativos, cocteles, viajes al exterior sin justificación plena en las necesidades del servicio, nóminas paralelas, consejerías, etc.

8.- Intervención por fraude.

Cuando se detecte fraude o despilfarro en los dineros procedentes de regalías u otros giros del gobierno nacional, la administración de tales recursos se sustraerá de las entidades territoriales y pasará a un Fondo de Desarrollo de las Regiones, que contratará y supervisará directamente las obras.

9.- Sistematización de trámites.

Todas las entidades del Estado deberán simplificar y sistematizar sus trámites para facilitar la actividad económica y la vida de los ciudadanos, lo que dificultará aún más las prácticas corruptas.

10.- Vigilancia judicial.

La Justicia no puede actuar como una rueda suelta. Debe asumir la Procuraduría General de la Nación la supervisión e investigación disciplinaria sobre todos los funcionarios judiciales, garantizar que cumplan con los términos procesales, identificar los responsables de actos irregulares o violaciones de la ley por su parte y someter éstos a las autoridades competentes.

11.- Prohibición de recibir privilegios.

Ni los magistrados de las Cortes, ni los parlamentarios ni los altos funcionarios del Estado podrán ser beneficiados con nombramientos, becas, contratos, y otras prebendas o canonjías del Estado a nombre suyo o de cualquier pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, durante el ejercicio de su cargo y cuatro años después de su retiro.

12.- Responsabilidad de directivos de cada entidad.

El jefe o cabeza de cada entidad estatal tendrá la obligación de indagar los hechos fraudulentos que en la misma se hayan cometido y no estén prescritos, y poner el resultado de sus pesquisas en conocimiento de la Comisión de Investigaciones de Fraudes al Estado (CIFE); motivar a su personal para que colabore a detectar fraudes al Estado y a recuperar los valores sustraídos por esa vía.

Por Luis Alfonso García C. / Director ARCO / julio 1 de 2020 / [email protected]

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