Congreso en la mira (2)

Comencemos por puntualizar que la reforma al Congreso no se logrará mediante cadenas por WhatsApp o por las redes sociales, aunque éstas sí tienen el mérito de crear conciencia sobre el tema.

Tampoco serán efectivas las peticiones al Congreso o al Gobierno, ya que hacen parte del establecimiento, por esencia reacio a cualquier cambio que menoscabe las canonjías de quienes lo usufructúan.

Forzoso es concluir que sólo mediante un movimiento nacional de las mayorías silenciosas que se oponen al conjunto de males que aquejan a nuestro país, resulta viable reformar la Constitución para erradicar de una vez y para siempre todos los vicios que conocemos suficientemente porque los padecemos desde hace décadas. Y, ¿cuáles son estas reformas?

1.- Procurar que quienes redactan y aprueban las leyes sean personas honestas, con suficiente preparación académica y conocimiento del país, y con una pulcra trayectoria profesional.

Se exigirá, en consecuencia, que los aspirantes al Congreso no tengan antecedentes penales ni disciplinarios. Los aspirantes al Senado deberán tener 35 años de edad, título universitario y, por lo menos, 10 años de experiencia en la cátedra universitaria o en cargos directivos en los sectores público o privado; los candidatos a la Cámara de Representantes, deberán contar con 30 o más años de edad, título universitario y por lo menos 5 años de experiencia en la cátedra universitaria o en cargos directivos en el sector público o en el privado.

2.- Los parlamentarios elegidos no deben tener privilegio alguno diferente al de los demás ciudadanos.

En consecuencia, se debe eliminar la inmunidad parlamentaria que ha servido para justificar la impunidad; las remuneraciones de los congresistas, como las de los ministros, magistrados y demás funcionarios del Estado, con excepción el Presidente, no deben exceder de 15 salarios mínimos; se eliminará la concesión de pensión de vejez por el solo hecho de haber estado un período en el Congreso; se reducirá la nómina de asesores a uno por cada congresista , cuya remuneración no debe ser superior a 5 salarios mínimos; se eliminarán los vehículos oficiales, choferes y escoltas, pasajes aéreos, celulares y otros gastos por cuenta del Estado.

3.- Se debe garantizar el correcto desempeño por parte de los elegidos.

Al comienzo y al final de cada período, deberá presentar cada congresista a la Procuraduría General de la Nación su declaración de renta, y las de su cónyuge e hijos. Además, pasada la primera legislatura, un número de ciudadanos igual o superior al 75% de los votos que obtuvo para su elección podrán solicitar a la Registraduría Nacional la revocatoria de su mandato por no estar de acuerdo con su actuación. La investigación y el juzgamiento de los delitos atribuidos a los congresistas será llevada a cabo por la Comisión de Aforados que se creará para todos los altos cargos del Estado.

4.- Para conseguir un funcionamiento eficiente del órgano legislativo, de acuerdo con todas las nociones de Administración, su tamaño debe reducirse sustancialmente.

El Senado quedará compuesto por 50 senadores, que serán 49 de ellos elegidos por la circunscripción nacional y uno por haber obtenido el segundo lugar en las elecciones presidenciales. La Cámara quedará limitada a 50 representantes, uno por cada circunscripción electoral, para un total de 33 y el resto, se escogerá de acuerdo con el censo de 2019, a razón de uno por cada 2.838.735 habitantes, hasta un total de 17. Se eliminarán curules por sectores étnicos y por concesiones a las Farc.

5.- Para agilizar la tarea del Congreso, se eliminarán todas las funciones no legislativas que ahora lo distraen de su objetivo primordial.

     a) Dejará de participar en la elección de Procurador, Fiscal, Contralor, ya que estos cargos se proveerán por concurso de méritos en lo sucesivo. Tampoco en la elección de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, que se suprimirá con la Reforma Judicial y de miembros del Consejo Electoral que también se eliminará en la Reforma Electoral.

     b) No seguirá decidiendo sobre los reemplazos y ascensos de los militares (art. 217 de la C.P.), que seguirán siendo competencia exclusiva del Gobierno, con base en las necesidades de seguridad y en la aplicación del concurso de méritos.

     c) Saldrán de la esfera del Congreso las funciones judiciales, ya que un organismo político carece de independencia para aplicar justicia correctamente. La labor de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes será cumplida por la Comisión de Aforados.

    d) Las funciones administrativas de los recursos físicos, humanos y financieros de la Rama Legislativa que ahora cumplen las mesas directivas de las cámaras, serán ejercidas por un Director Administrativo y Financiero del Congreso, elegido por las mesas directivas de ambas cámaras con base en concurso de méritos.

6.- No habrá un Congreso eficiente mientras no cambiemos el sistema electoral.

Es otra reforma que hay que acometer proscribiendo desde ahora todo ensayo del voto electrónico, tan de moda entre las dictaduras socialistas para dar apariencia democrática a sus totalitarios gobiernos. El Consejo Electoral, cuyos miembros sólo aportan intereses politiqueros de los grupos a los que pertenecen, debe desaparecer. Las funciones administrativas que se han arrogado deben recaer, como es lógico, en el Registrador, mientras que las decisiones sobre los conflictos electorales, deben ser transferidas al Consejo de Estado. La figura obsoleta de los dos delegados del Registrador, para cada circunscripción, justificada en el sistema bipartidista del Frente Nacional, debe dar paso a la unificación de dirección en una sola persona, como mandan los cánones de la ciencia administrativa.

7.- Desterrar la corrupción del órgano legislativo debe ser la prioridad.

Para alcanzar ese objetivo hay que proceder:

     a) A castigar severamente el fraude electoral, la compra de votos y demás artimañas electorales; crear una unidad especializada en delitos electorales dentro de la Fiscalía; establecer términos perentorios para resolver las investigaciones penales y los procesos por pérdida de investidura; aplicar severas sanciones disciplinarias por la tardanza en resolver estos temas; establecer la pérdida a perpetuidad del derecho a ocupar cargos públicos o a ser elegido a quienes sean condenados como autores o cómplices de los delitos electorales :

     b) A definir de manera contundente en la Constitución que jamás los congresistas pueden ser autorizados para asignar en forma individual dineros del presupuesto a obras, entidades o sectores determinados, procedimiento otrora conocido como “los cupos indicativos”; y,

     c) A prohibir que, durante todo el tiempo que ejerza sus funciones, el congresista, su cónyuge, y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, acepten cargos, becas u otros privilegios o prebendas del Estado, ordenadas por el Gobierno Nacional, la Procuraduría General, la Contraloría, la Fiscalía General o las Altas Cortes.

Parece una titánica tarea, mas es también imparable la voluntad de muchos colombianos inconformes con estos ancestrales vicios de nuestra Democracia. Por eso estamos dispuestos a emprender la reconstrucción de Colombia por la vía democrática y pacífica, no a través del llamado a la anarquía y a la violencia al que nos han acostumbrado los populistas de la extrema izquierda.

Por Luis Alfonso García Carmona – Director ARCO – La linterna azul – 29/04/2020
[email protected]

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