El partido FARC, creado a través del acuerdo firmado entre Juan Manuel Santos y el grupo narcoterrorista, dice ser víctima de un genocidio.
Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acentúan su discurso de persecución por parte del Estado colombiano en su contra. Ahora, lo consolidan con su denominada «Marcha por la Vida» este domingo en Bogotá. Toman como motivo el asesinato de 234 excombatientes desde la firma del acuerdo de paz en 2016.
La exguerrillera Victoria Sandino, quien funge como senadora del partido FARC y una de las promotoras de la manifestación en la capital colombiana, advirtió que su intención es demostrar como sus amigos de lucha son asesinados en varios sectores del país y añadió que son víctimas del Estado.
Sin embargo, el discurso de Sandino trata de eclipsar las denuncias que pesan en su contra hasta ahora. Actualmente, esta figura política tiene una denuncia por parte de la Corporación Rosa Blanca de ser la principal promotora del abuso en contra de niñas menores reclutadas.
Las acusaciones sobre Sandino pasan por su presunta vinculación con los abortos practicados a las adolescentes, debido a las políticas internas del grupo guerrillero.
Los mensajes de poder que envía las FARC en la «Marcha por la Vida»
El recorrido de la «Marcha por la Vida» es publicitado en las redes sociales por Sandino, entre otros voceros de las FARC y deja una mensaje bastante claro: la opulencia, el poder y los recursos económicos todavía rodean a esta facción.
En los clips de video se aprecian buses y camiones con cientos de exguerrilleros. A su vez, se observan decenas de camionetas blindadas conducidas por personas armadas —en calidad de escoltas— protegiendo a los militantes de este movimiento que con las mismas siglas se da a conocer ahora como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Llevar a las FARC al terreno político tiene un alto costo y lo deja ver otro de sus voceros, Pastor Alape, excomandante y dirigente del hoy partido de izquierda, quien la semana pasada habló sobre un encuentro con el presidente Iván Duque para asentar nuevos métodos de protección a los antiguos guerrilleros.
«Vamos a solicitar dialogar con el presidente Duque para que nos defina si su Gobierno está en condiciones de garantizar la vida de los colombianos o si va a mantener la tónica de su partido de incitar la guerra», dijo la semana pasada en declaraciones posteriormente recogidas por Telám.
Curiosamente, para Alape, los exguerrilleros son víctimas de un «fuego cruzado» entre la fuerza pública, narcotraficantes, grupos disidentes del acuerdo y organizaciones insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), reseñó la agencia de noticias AFP.
La guerrilla de las FARC es responsable de miles de muertes, torturas, secuestros, violaciones, reclutamiento de menores y del aumento del tráfico de drogas en Colombia. Sin embargo, hoy se consideran víctimas del Estado colombiano, ante el asesinato de varios de sus líderes y usan las redes para proliferarlo.
Ante esta batería de mensajes y alegatos, la inteligencia del Ejército ha manifestado que algunos de estos hechos han sido cometidos por las propias disidencias de las FARC, que en la actualidad se encuentran entre los narcoterroristas Jesús Santrich, Iván Márquez y alias el Paisa.
El acuerdo de Paz, un trato sordo al clamor del pueblo colombiano
Este grupo de narcoterrorismo, hoy por hoy, sujeta sus peticiones sobre la base del cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Sin embargo, gran parte de la población colombiana ha manifestado que el supuesto acuerdo fue un pacto directo entre la guerrilla de las FARC y el entonces presidente Juan Manuel Santos.
El referendo que se convocó por el Gobierno para que el pueblo colombiano ratificara el acuerdo fue rechazado en las urnas por el constituyente primario. Sin embargo, el propio Santos desconoció la voluntad popular y a través del cuestionado mecanismo del fast track torció la decisión del pueblo colombiano que dijo «No» al pacto de La Habana.
Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador, manifestó en su momento que si ganaba el «No» en el referendo, el mismo se acababa debido a que así había quedado establecido en el acto legislativo para refrendar los acuerdos. Estas declaraciones, como se conoce actualmente, quedaron como argumentos huecos.
