Considerando:
1. Que las Farc han incumplido sistemáticamente todos los compromisos contraídos por ellas en el llamado “acuerdo final”, y no solamente en lo que dice a entrega de bienes.
2. Que los gobiernos que se han sucedido a partir de 2016 han tolerado ese cínico desconocimiento de la contraparte, sin dejar, por su lado, de apropiar billones de pesos para “honrar” lo pactado en ese “acuerdo”.
3. Que finalmente, en julio de 2020, el actual gobierno prorrogó hasta diciembre 31 el plazo para que las Farc entregaran la suma por ellas ofrecida, del orden de un billón de pesos, sin fijarse, desde luego, que hubo objeto ilícito en la adquisición de todos y cada uno de los bienes de esa guerrilla.
4. Que las Farc no solo vienen eludiendo la entrega de bienes, sino que justifican su incumplimiento con sofismas y cifras falsas.
5. Que el gobierno nacional manifiesta que, del billón prometido, apenas espera recaudar unos $ 45.000 millones, es decir 4,5 % de lo convenido,
6. Que textualmente, el consejero presidencial Emilio Archila ha declarado: “Que cuando se cumpla el plazo, el 31 de diciembre, llevarán el informe de lo recolectado ante la Fiscalía y la JEP, para que sean ellos (sic) quienes emitan las sanciones respectivas por el incumplimiento en lo pactado en el acuerdo de paz”
Resuelve:
1. Rechazar categóricamente la insólita declaración del consejero Archila, porque ni la Fiscalía ni la JEP están facultadas legalmente para ocuparse del asunto, que es de la exclusiva competencia del presidente de la República.
2. Llamar la atención sobre la obligación impostergable que tiene el gobierno de declarar el incumplimiento de la contraparte y, en consecuencia, dejar de cumplir con sus “obligaciones”, en defensa de la nación que representa y del patrimonio de todos los colombianos.
3. Advertir al poder ejecutivo que seguir cumpliendo un acuerdo que carece de validez pues no se cumplieron los requisitos para que naciera a la vida jurídica, implica consecuencias inescapables de orden penal y administrativo.
4. Manifestar que el gobierno tiene la obligación de desautorizar al consejero Archila por anunciar una determinación ilegal, que significa, en la práctica, aceptar de hecho, la prórroga indefinida y sin término para las obligaciones de las Farc, porque la JEP puede tardar años en pronunciarse, y cuando lo haga, con seguridad dará la razón a los subversivos, por su inocultable afinidad ideológica con ellos.
Luis Alfonso García Carmona
Presidente
2 de enero de 2021
