La Registraduría Nacional acaba de adjudicar un contrato por más de 1,2 billones de pesos para la administración logística y tecnológica de las próximas elecciones de 2022. La ganadora del proceso es la empresa Thomas Greg & Sons, la misma que lleva más de 18 años manejando este y otros procesos, en medio de varios cuestionamientos.
En la mañana de este viernes, la Registraduría Nacional del Estado Civil adjudicó el contrato para “la organización y realización de los procesos electorales a llevarse a cabo en los años 2021 y 2022”. Se trata de un proyecto para el que la entidad destinó un presupuesto de 1,240 billones de pesos. Más que plata que el famoso contrato de MinTic con Centros Poblados que le acaba de costar el cargo a la ministra Karen Abudinen.
La firma ganadora de la licitación fue Thomas Greg & Sons, que tendrá a su cargo todo el manejo de las elecciones, desde proveer las sillas y carpas de los puestos de votación hasta los software para procesar las inscripciones y el escrutinio de las elecciones para el Congreso, consultas internas de partidos y los comicios presidenciales de 2022.
La empresa tendrá que brindar diferentes herramientas tecnológicas para la inscripción de votantes y candidatos, selección de jurados, revisión de firmas y designación de jurados. También, estará encargada de proveer los sistemas de autenticación biométrica, y de digitalizar y publicar y custodiar los resultados de las elecciones.
A la licitación se presentaron ocho compañías, de las cuales salió ganadora la Unión Temporal Disproel 2021, que obtuvo el puntaje máximo de 1.000 puntos. Sin embargo, cabe resaltar que esta licitación estuvo marcada por varios cuestionamientos. El primero de ellos es la forma en la que la Registraduría estructuró el contrato, pues muchos no ven con buenos ojos que todos los servicios queden centralizados en una sola empresa.
El segundo punto tiene que ver con las denuncias de un pliego de condiciones, que según otras empresas que participaron en el proceso, estaría hecho a la medida de la firma ganadora. Incluso, los demás postulados habrían solicitado a la Registraduría cambiar el modo de contratación y el pliego de condiciones, argumentado que no existían condiciones justas para competir.
Este cuestionamiento tiene que ver con la historia de Thomas Greg & Sons, que lleva más de tres lustros controlando las elecciones. Varias de las denuncias aseguran que la licitación exigía condiciones que solo podía cumplir dicha empresa, como el tipo de software o el tener experiencia en anteriores procesos electorales.
Por último, otra de las críticas apunta al supuesto fraude electoral del 2014, por el cual el Partido Mira habría perdido tres curules en el Senado. En esta polémica está enredada la empresa ganadora, pues según una sentencia del Consejo de Estado, en esa ocasión se generó un “sabotaje al software electoral”.
¿Quiénes son Thomas Greg & Sons?
La compañía mencionada en esta polémica se ha quedado con varios contratos para el manejo logístico y tecnológico de las elecciones, por lo menos desde el 2003. El plebiscito de la paz entre Santos y las Farc, la consulta anticorrupción, las elecciones locales, legislativas y presidenciales hacen parte de su hoja de vida.
Para esta ocasión, se presentó a la licitación como Disproel, haciendo uso de la figura de unión temporal. Específicamente, aparece como Unión Temporal Distribución Procesos Electorales 2021. Según el proceso, dicha unión está conformada por 11 sociedades, representadas legalmente por María Eugenia Rivas Zubiría.
Conformación de UT Disproel 2021
- Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A
- Thomas Greg & Sons de Colombia S.A
- Thomas Processing & Systems S.A.S
- Manejo Técnico de Información S.A
- Securid S.A.S
- Thomas Greg Express S.A
- Seguridad Móvil de Colombia S.A
- Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A
- Sociedad Operadora S.A.S OPESA
- Grupo Asesoría en Sistematización de Datos Sociedad por Acciones Simplificada – Grupo ASD S.A.S
- Colombia Telecomunicaciones S.A ESP BIC
La mayoría de estas sociedades son, en realidad, manejadas por un mismo grupo de personas, pues los certificados de existencia y representación legal evidencian varias coincidencias en sus juntas directivas.
Thomas Greg & Sons es una subsidiaria de la firma Thomas de la Rue & Company Ltda.; una empresa británica reconocida mundialmente en el área de impresión y transporte de valores. La historia de esta compañía en Colombia se remonta a 1959, cuando Gregorio Bautista consiguió la licencia de la matriz británica para operar en el país.
Actualmente, la firma es liderada por sus hijos: Felipe, Camilo y Fernando Bautista Palacio. Ellos son quienes aparecen como representantes o miembros de la junta directiva de siete de las 11 empresas que conforman la unión temporal. En la primera sociedad, Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A, Felipe Bautista aparece como presidente y sus hermanos como suplentes.
Una empresa de caras conocidas
En el primer renglón de la junta directiva aparece Charles Goodson-Wickes, un político conservador inglés que dirige diferentes compañías. La segunda y tercera posición es ocupada por Felipe y Camilo Bautista. La cuarta y quinta plaza les corresponde a dos conocidas figuras de la política colombiana: la exministra y excandidata presidencial Noemí Sanín y el exembajador de Colombia en Ecuador y Costa Rica, Ricardo Lozano Forero.
Las otras empresas que forman la unión temporal, si bien no aparecen controladas por los hermanos Bautista Palacio, tienen amplia experiencia contratando con el Estado o, que en el el pasado, formaron parte de Thomas Greg & Sons. Grupo ASD S.A.S aparece representada por Armando Flórez Pinzón y es la firma que este año se ganó un contrato en el Icfes por más de 3.000 millones de pesos para organizar la logística de las Pruebas Saber 11, calendario B.
Sociedad Operadora S.A.S OPESA es una compañía dedicada a la inversión en el sector hotelero y de infraestructura. Su gerente es Mercedes Pretelt de la Vega y su junta directiva está liderada por Jaime Eduardo Plazas de León, quien también fue gerente de una empresa de valores del grupo Thomas Greg & Sons.
A esta unión temporal que acaba de ganarse la millonaria licitación también están Colombia Telecomunicaciones S.A es la operadora en Colombia de la empresa española Telefónica, más conocida como Movistar. Por último, está Prosegur, una empresa de seguridad que, antes del 6 de febrero de 2008, aparecía registrada como Thomas Prosegur S.A.
Thomas Greg & Sons ha sido cuestionada en algunas oportunidades por estar íntimamente relacionada con figuras políticas y beneficiarse de ello para ganar licitaciones. Una de las críticas más recurrentes es su cercanía con el expresidente Juan Manuel Santos, quien entre 2002 y 2006 estuvo en la junta directiva de la compañía.
Figuras como Claudia López han criticado en el pasado esta relación. “Thomas Greg, empresa en la que Santos estuvo en la Junta Directiva, pasó de tener contratos a dedo por $55.000 millones de pesos en 2002 a $232.000 millones de pesos en 2014”, dijo en 2016 la entonces senadora.
El dominio de Thomas Greg en las elecciones creció en 2010, cuando obtuvo un contrato por 88.000 millones. Desde ese momento, la empresa ha sido imbatible. Como la Registraduría exige experiencia en procesos electorales y los tiempos son cortos, ninguna otra firma ha logrado cumplir con el pliego de condiciones.
Hasta el momento, se sabe que este nuevo contrato tendrá un anticipo de más de 198.000 millones de pesos. Este anticipo hace parte de uno de los ocho pagos pactados por la Registraduría. Organizaciones como la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) han llamado la atención sobre la falta de mecanismo para hacer auditoría de este proceso, en parte, porque las denuncias sobre manipulación de los software electorales no han sido resueltas. Además, asegura que la empresa ha impedido la revisión de esta tecnología, argumentado la protección de su propiedad intelectual.
La polémica ha generado desconfianza en varios sectores políticos. Incluso, el senador y candidato presidencial Gustavo Petro solicitó acompañamiento de Estados Unidos a través de una misión electoral del Centro Carter. La petición se la hizo al senador demócrata Bernie Sanders, con quien tuvo una charla telefónica este jueves.
Luego de varios reclamos por las presuntas irregularidades del proceso, la Procuraduría General emitió un pronunciamiento en las últimas horas, en el que señaló que “hasta el momento no se advierten riesgos evidentes que podrían generar una vulneración del ordenamiento jurídico o detrimento del patrimonio público”.
Lo cierto, es que las dudas sobre este proceso en la Registraduría siguen y es tiempo de que todos los sectores de la sociedad le hagan un escrutinio con el fin de despejar todas las dudas y aclarar el camino de las próximas jornadas electorales.
David Efrén Ortega, Diario Criterio, 12/09/2021
