Las masacres y el narcotráfico a través de la frontera con Venezuela constatan que la guerrilla incumple el acuerdo de paz firmado en La Habana.
Los ánimos políticos en Colombia están caldeados. La cercanía de las elecciones presidenciales del próximo año aviva el rechazo a la narrativa impuesta durante el proceso para llegar a los acuerdos de paz impulsados por Juan Manuel Santos, quien pretendió bajar el perfil de 60 años de conflicto armado, terrorismo, secuestros, narcotráfico, reclutamiento forzado, violación de menores y masacres para mostrarlo como una supuesta lucha romántica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“La gente no come cuento y la paz quedó mal hecha” asegura Semana. No hay como refutar cuando por un lado están los exguerrilleros rasos que le apostaron a los supuestos acuerdos de paz y abandonaron las armas y por el otro están quienes fueron engañados por sus comandantes y ahora son asesinados en las zonas rurales del país. Caídos así ya suman 259.
Todo esto ocurre mientras que la cúpula de la guerrilla montó el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común —con el que mantuvo su acrónimo FARC— para gozar de diez curules en el Congreso y los jefes negociadores como Iván Márquez y Jesús Santrich amenazan a Colombia y dirigen las disidencias desde Venezuela, arropadas bajo el perdón que dieron los supuestos acuerdos de paz.
Fuentes de inteligencia sostienen que las milicias urbanas nunca se desmovilizaron y permanecen con sus estructuras intactas en las ciudades con cerca de 3000 hombres, aún cuando han pasado cinco años desde que se comprometieron en La Habana con este propósito.
¿Cómo es posible? Hay respuestas. En Colombia aún no hay paz. El resultado de los acuerdos de paz en Cuba, en realidad, fue una paz indigna. Después de las firmas que supuestamente darían paso a la paz, las FARC se dividieron en cuatro grupos. Uno es el brazo político que funge de legal y los otros tres permanecen en la retaguardia como brazo armado.
Proceso entre vicios
La parafernalia de la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Santos en 2016 en Cartagena marcó una diferencia con las rúbricas que con el mismo objetivo, a puerta cerrada y sin más de 50 invitados, estamparon el M-19 y el Estado colombiano hace 30 años.
El pacto de aquel momento —el primero en América Latina— encabezado por el presidente de Virgilio Barco funcionó: el grupo insurgente dejó las armas, el Estado garantizó la participación política de los combatientes y algunos de ellos, como Gustavo Petro quien cuenta con un infame pasado como guerrillero, ejercen política dentro de la legalidad.
El balance hoy es distinto. Cada día hay una nueva polémica, sobre todo en términos jurídicos, que reabre las heridas de la guerra como consecuencia del debate por lo previsto en el acuerdo: reforma agraria, reparación a las víctimas y judicialización de militares.
Aunque los dos movimientos se originaron durante un periodo conocido como el Frente Nacional, entre 1958 y 1974 sus orígenes tanto ideológico como geográfico son distintos: el M-19 se constituyó como guerrilla urbana de corte socialdemócrata, mientras que las FARC se consolidó como movimiento campesino y comunista.
Esa diferencia lo ha sido casi todo. Un año tardaron los primeros en pactar. Cuatro años los otros y aún no se vislumbran evidencias concretas de resolución del conflicto. En Cuba prometieron doblegarse, pero mintieron. La cifra de masacres asciende a 90 y la desaparición forzada entró de nuevo en las estadísticas del Comité Internacional de la Cruz Roja.
También se equivocaron. Sus representantes “cayeron en la lascivia del micrófono, con declaraciones todos los días, creían que con eso ganaban plataforma para su futuro político y lo que hicieron fue al revés, demorar y crear incertidumbres en la sociedad» analiza BBC.
Cambios de mentira
Lejos de los acuerdos de paz, se nota otra realidad, pues, al parecer, las FARC están en sus puestos de combate y “mantienen capacidad de acción y de extenderse hacia el resto de Latinoamérica” asegura Javier Mayorca, miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado en Libreros.
Las acciones de la disidencia en el norte de Ecuador, en el Tapón del Darién (fronterizo entre Panamá y Colombia) y Venezuela evidencian no sólo la continuación de sus operaciones ilícitas sino su plan de multiplicarse donde perciban que pueden obtener una ganancia mediante la explotación de mercados ilegales o en alguna actividad en apariencia lícita que les permita lavar fondos.
Y el “know how” (saber cómo) es vital para lograrlo. Esas habilidades y tácticas obtenidas adentro de la guerrilla permiten a quienes se desmovilizan secuestrar y transportar droga de manera independiente porque ya tienen los nexos, saben cómo se hace e incluso siendo disidentes delinquen producto de las alianzas y contactos forjados. Eso es lo perverso.
Un retrato de esta realidad es el secuestro y asesinato de un equipo periodístico ecuatoriano conformado por el fotógrafo Paúl Rivas, de 45 años; el redactor Javier Ortega, de 32 años; y el conductor Efraín Segarra, de 60 años, en 2018, por una disidencia de las FARC, dedicada al narcotráfico en el sector fronterizo entre Colombia y Ecuador.
PDVSA como trampolín
La disidencia de las FARC maneja todavía la estructura de organigrama que tenían antes de 2016 y la trata de motorizar desde Venezuela. Así se explicaría la presencia de Márquez y Santrich en el país.
Desde su nueva trinchera impulsan sus negocios hacia Cuba, Centroamérica y el sur. Sin embargo, esto no lo hacen solos. Petróleos de Venezuela es un trampolín para sus operaciones.
“Esa relación ha ido estrechándose. PDVSA no siempre fue un instrumento de las FARC, pero cuando una organización, especialmente del nivel de PDVSA pierde la noción de los controles internos y tampoco es controlada desde afuera, sino que se convierte en una especie de saco roto del cual pueden disponer sin ningún tipo de reparo entonces ocurren estas cosas” apunta Mayorca.
Ya uno de los archivos del exlíder fallecido Raúl Reyes daba cuenta de un aporte de 300.000 dólares que se hizo con dinero de PDVSA a la exsenadora colombiana Piedad Córdoba. “Cuando una organización entrega 300.000 dólares a la operadora política de la guerrilla ves que hay algo muy podrido allá dentro”.
Pero un fallo judicial en Estados Unidos intenta establecer la responsabilidad legal de entidades vinculadas al Estado venezolano por las acciones del grupo guerrillero colombiano ordenando la compensación a las víctimas de las FARC con activos incautados a PDVSA.
Sus vínculos datan de 2017, según Insight Crime, cuando el consultor de seguridad Douglas Farah testificó ante el Senado norteamericano que PDVSA y sus subsidiarias representaban la “estructura primaria de lavado de dinero de las FARC”.
Farah presentó documentación donde se comprueba con una triangulación de información que las subsidiarias de PDVSA en El Salvador y Nicaragua incurrían en el blanqueo de ganancias generadas por las ventas de cocaína de las FARC.
