Empapelan en Estados Unidos a Sergio Fajardo y a sus hermanos, por un presunto fraude y por posibles nexos con alias el Arquitecto

Un proceso que puso en marcha una compañía norteamericana, Proglobal Group,  representada por el servidor del sistema federal  Francisco Javier Neri, hoy tiene en serios aprietos a Sergio Fajardo Valderrama y a todos sus hermanos, agrupados en la firma Fajardo Moreno S.A.S.

EL HOME NOTICIAS pudo establecer que en contra de la familia de los empresarios antioqueños existe un expediente federal en el Distrito de Columbia (Federal Indictment and Arrests) por supuesto fraude procesal,  que al parecer se habría gestado desde la Fiscalía General de la Nación.

Además, en este mismo caso se solicita se investigue la posible relación del grupo económico Fajardo Moreno con Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias el Arquitecto, señalado por las autoridades de nexos con el ‘capo’ mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño.

Esta acusación está relacionada con posibles irregularidades que se habrían cometido para no pagar una deuda millonaria, de unos 34.000 millones de pesos. A los Fajardo Moreno se les exige desde Estados Unidos el pago de 13 años de intereses al 1,75 por ciento, con los que la obligación llega a superar los 100.000 millones de pesos.

Los hechos por los que se hacen serias acusaciones en contra de Sergio Fajardo y sus hermanos empiezan en febrero del 2007 con la compra de unos predios denominados ‘Los Silos’, ubicados en Medellín, Antioquia.

Estos eran de propiedad de CMS-Broker El Agrario, con los que para entonces se hace la millonaria negociación con los Fajardo Moreno. En la adquisición los compradores no solo ofrecen dinero en efectivo, también unas propiedades como parte de pago en Panamá y Colombia.

Al parecer, de acuerdo con la denuncia, la firma antioqueña ofreció unos apartamentos en unos proyectos que no existieron, nunca fueron construidos, con el agravante de que los Fajardo vendieron los lotes en los que supuestamente estos serían edificados.

Desde el 2018 la firma acreedora de la deuda viene notificando a la Fiscalía y al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de las presuntas irregularidades.

“Los Fajardo Moreno los vendieron cometiendo el ilícito de estafa, puesto que venden el lote en el que supuestamente se construirían los inmuebles ya comprometidos”, se lee en la denuncia.

EL HOME NOTICIAS contactó en Estados Unidos a Francisco Javier Neri, el denunciante, aparece como apoderado del acreedor, quien aseguró que antes de ampararse en la justicia se puso en contacto con Sergio Fajardo, uno de los socios de la firma deudora, para que hubiese un acuerdo beneficioso para las partes.

“Le propuse a Fajardo un arreglo amigable, lo hice porque me simpatizaba como político. Pero ahora deploro haber creído en su buena fe, que haya sido desatendido y tal vez subestimado ante mí sana pretensión”, manifestó Neri.

Se precisa que los Fajardo abonaron a la deuda 15.000 millones de pesos y después hubo otro abono de 1.000 millones. Es decir, que los deudores pagaron 16.000 millones de pesos de 50.000 global del negocio.

Todo quedó suscrito en un pagaré, en el que firman todos los socios, incluso Sergio Fajardo, aseguró Neri. Es decir, que los Fajardo se comprometieron con el pago del  saldo de 34.000 millones de pesos.

Francisco Neri notificó del asunto a la Fiscalía General de la Nación y a la Embajada de Washington en Bogotá, para que esta a su vez lo remita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

En el documento se habla de  graves irregularidades, tales como de un factible fraude procesal, de haber desarrollado ante el ente investigador en Colombia una figura jurídica con soportes falsos aprovechando que supuestamente el representante legal de la empresa CMS-Broker El Agrario, Diego Aristizabal Mejía, era mencionado en la ‘lista Clinton’.

De acuerdo con el documento en poder de las autoridades colombianas y estadounidenses los Fajardo radicaron en la Fiscalía un derecho de petición, consultaron de que estando el acreedor, Aristizabal Mejía,  en el listado emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjero (OFAC) no se tendría que seguir pagando la obligación contraída.

Sin embargo, esta condición no es aplicable en un caso como este, en cuya negociación participaron únicamente empresarios colombianos. En las objeciones que da a conocer la OFAC  se precisa que se aplica justamente a empresas y ciudadanos estadounidenses.

Pero lo que sorprende, precisa la denuncia, fue la respuesta que dio entonces la Fiscalía General de la Nación, que ordenó a los Fajardo que entregaran en depósito los bienes que habían ofrecido como garantía de pago.

“Una vez aclarada la situación del acreedor fueran entonces entregadas a estos”, se lee en la respuesta de la Fiscalía. Los abogados del acreedor precisan que con esta decisión la fiscal que asumió el caso cometió el delito de prevaricato por omisión.

El 29 de junio 2018 se conoció una respuesta de la OFAC en la que se aclara que había sido removido de su lista de sanciones al ciudadano Diego Aristizabal Mejía,  después de que fuera sometido “a un proceso administrativo de revisión y de haber presentado suficientes evidencias de no tener ningún tipo de nexos con empresas vinculadas con el narcotráfico”.

Pero cuando la empresa fue a reclamar los supuestos bienes en depósito estos ya habían sido vendidos, por más de 100.000 millones de pesos. Es más, que varios de estos inmuebles nunca existieron. Es aquí donde se presume el fraude.

“La Fiscalía General de la Nación nos tiene que responder, porque ellos convirtieron al Estado colombiano en garante de la deuda de los Fajardo Moreno después de cometer un exabrupto judicial”.

Un alto oficial de la Policía es denunciado

Se cuenta en este proceso que para que el empresario Diego Aristizabal Mejía fuese vinculado a la ‘lista Clinton’ se necesitó del testimonio de Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias el Arquitecto, quien después reconoció que hizo falsos señalamientos.

Pero lo grave del asunto es que después manifestó que un alto oficial de la Policía Nacional lo habría obligado a declarar en contra de Aristizabal Mejía, con la premisa de que si no lo hacía lo llevaría a la cárcel.

“Bermúdez Suaza fue forzado por un alto oficial de la Policía Nacional,  para que declarara en contra del empresario, un hecho que está ya en conocimiento de la Fiscalía y del Departamento del Tesoro”.

Redacción Unidad de Justicia

https://www.elhomenoticias.com/,19/07/2020

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