Promovido por Alianza Reconstrucción Colombia y respaldado por los abajo firmantes

Ver estudio complementario

¡Excúsanos por este texto tan largo!
Es que las acciones legales
deben ser firmadas sobre texto completo

Dado el monumental descalabro electoral que amenaza nuestro Estado de Derecho,
interponemos Derecho de Petición ante las autoridades de la Nación

EXIGIMOS FIRMEZA PARA CONTROLAR EL ORDEN PÚBLICO,
RECONTAR VOTOS EN LAS MESAS CUESTIONADAS,
POSTERGAR PRESIDENCIALES
Y JUDICIALIZAR A LOS RESPONSABLES

Muy distinguidos Señores:

Presidente de la República de Colombia
Presidente de la Corte Constitucional
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Presidente del Consejo de Estado
Procuradora General de la Nación
Fiscal General de la Nación
Contralor General de la República

Con el mayor respeto nos dirigimos a Ustedes para elevar nuestro derecho de petición, dentro de las funciones y responsabilidades que a cada cargo competen, con el fin supremo de superar el monstruoso caos presentado en las pasadas elecciones del Congreso y de la Consulta interpartidista, subsanar las protuberantes anomalías presentadas y evitar el fraude en las próximas elecciones presidenciales.

Lo hacemos ciñéndonos a los derechos que consagran el artículo 23 de la C.P. y las leyes 2080 de 2021, 1755 de 2015, 1712 de 2014, 1437 de 2011 y demás normas concordantes.

Los abajo firmantes basamos nuestra comedida, pero indignada y urgente petición, en los siguientes…

I. HECHOS

Primero.- Por medio de tutela, el movimiento ‘Colombia Humana’, que dirige el candidato presidencial Gustavo Petro, obtuvo de la Corte Constitucional el reconocimiento de su personería jurídica, a pesar de no reunir los requisitos constitucionales y legales vigentes.

Para las pasadas elecciones al Congreso, ‘Colombia Humana’ conformó una coalición denominada “Pacto Histórico”, en abierta violación del art. 262 de Constitución, que solo permite este tipo de coaliciones para agrupados que no superen el 15% de la última votación, siendo que ella sola, ‘Colombia Humana’, refrendada en el mencionado fallo de la Corte Constitucional, había excedido el tope del 15% en las elecciones del 2018.

Tamaña violación a la Constitución Nacional acaba de provocar la acción de saneamiento de nulidad, interpuesta ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, por los abogados José Manuel Abuchaibe y Holman Ibáñez. Respaldamos su tonificante agudeza y su valor civil.

Segundo.- Tres demandas de nulidad del nombramiento del señor Alexander Vega como Registrador Nacional fueron presentadas en el 2019 por falta de los requisitos de transparencia, publicidad y participación ciudadana en el proceso de su designación que se llevó a cabo en audiencia secreta, sin presencia de las veedurías ciudadanas ni de la Procuraduría. Ninguna ha sido fallada.

Asimismo, sigue sin resolverse la denuncia por corrupción presentada por el Dr. Andrés Guerra contra el citado Alexander Vega, por haberle solicitado, cuando pertenecía al Consejo Nacional Electoral, $1.200 millones para que fuera senador.

No se entiende, hoy, que cuando surgen miles de quejas y denuncias por las gravísimas irregularidades en los pasados comicios al Congreso, el Registrador sólo atina a descargar la responsabilidad en sus subalternos, seleccionados e instruidos por él mismo.

Tercero.- La turbia contratación entre la Registraduría Nacional del Estado Civil e Indra Colombia SAS, por un valor de $27.161.619.750 para Prestar el servicio para el desarrollo de una solución informática, incluyendo disposición de hardware tendiente a la consolidación (base de datos) de la información pertinente utilizada para el Escrutinio General que desarrolla el Consejo Nacional Electoral, garantizando el funcionamiento con la implementación de un sistema de seguridad, centro de datos, canales de comunicación y soporte técnico, en las elecciones de Congreso de la República y Fórmula Presidencial a realizarse en el año”.

Las lagunas e irregularidades legales en este proceso contractual son muy delicadas:

a) Indra SAS fue el único proponente...

b) El contrato fue perfeccionado a hurtadillas, en plenas fiestas de fin de año, 29/12/2021, justo cuando las auditorías públicas y privadas están en receso.

c) La contratación por $27.161.619.750 se efectuó bajo un controvertido proceso de ‘selección abreviada’ que, conforme a la ley 80 solo aplica para contratos de menor cuantía (hasta $908.526.000).

La Registraduría lo trata de justificar clasificando este proceso contractual, claramente de mayor cuantía, en las excepciones consagradas para la mínima cuantía: todo lo que tenga que ver con “la defensa y la seguridad nacional”. Bajo este argumento pura y simplemente se podrán burlar, a discreción, las salvaguardas para contratos de mayor cuantía una vez que a la mayoría de los contratos públicos se les podrá encontrar alguna elástica relación indirecta con “la defensa y la seguridad nacional”.

d) La contratista, Indra Colombia, viola las inhabilidades absolutas por corrupción claramente establecidas en la ley colombiana.

Indra Colombia es filial colombiana de una multinacional española Indra SA, ESA285990033, registrada como empresa controlante en el RUP (registro único de proponentes) colombiano. Ésta última fue condenada por la Comision Nacional de Mercados y Competencias de España (dependencia de la Superintendencia de Industria y Comercio) el 12 de mayo de 2021 con multa de €27.000 por corrupción en contratación pública. Específicamente por cartelización durante 10 años, con otras 21 firmas, para manipular las licitaciones públicas.

Tal sanción sigue vigente, aunque en proceso de ‘Complience’ que le permite continuar celebrando contratos estatales, sin preferencias ni subsidios, allá en España. En cambio, conforme al Estatuto Anticorrupción de Colombia, art 2 de ley 2014 del 2019, la inhabilidad de la empresa controlante se extiende hacia «sucursales de sociedades extranjeras» y perdura por 20 años.

e) Indra Colombia incurre, al parecer, en la comisión del delito de falsificación en documento privado, contenida en el ‘Certificado de experiencia e idoneidad legal’ requerido por ley. En éste se debe declarar, ante notario, que el proponente está exento (tanto la empresa colombiana contratista, controlada, como la empresa matriz española, controlante) de condenas por la comisión de delitos contra Hacienda y la moralidad pública.

f) La Registraduría e Indra parecen incurrir en repetición parcial de contrato, una vez que la primera ya había suscrito con la empresa Tomas Gregg un amplio contrato que en los apartados ‘Preconteo’ y ‘Escrutinio’, entre otros, consagran las mismas obligaciones contenidas en el contrato Indra SA 015 de 2021-RNEC posteriormente suscrito.

Cuarto.-  La ilegal y sorprendente masacre laboral ejecutada por el Registrador Vega, tres meses antes de las elecciones al Congreso.

El 3/01/2022 exigió la renuncia de “todos los registradores departamentales, auxiliares y especiales”, lo que le permitiría nombrar a dedo a los encargados de dirigir los comicios del 2022. Como es obvio, en tan poco tiempo el Registrador Vega no alcanzó a cumplir las obligaciones de ley, esto es valorar a los candidatos, y menos  prepararlos para atender las elecciones del 2022;  los empleados injustamente vulnerados interpusieron más de 170 demandas que, como siempre, tendrán que ser indemnizadas con cargo al fisco.

Quinto.- Según confesó la propia Registraduría, los jurados de votación  obraron de forma contraria al correcto desempeño de sus funciones y, de allí que surgiera la monumental cifra de irregularidades en 22.255 mesas de votación, lo que convierte en espuria sus correspondientes votaciones.

De antemano se había denunciado la grave inconveniencia de designar jurados provenientes del sindicato comunista de FECODE, abiertamente sesgado en favor de los candidatos del ‘Pacto Histórico’ y de miles de inexpertos jóvenes propuestos, en gran número, por dicho movimiento. El resultado habla por sí solo.

Sexto.- De manera inexplicable, e insólita en los anales de nuestro sistema democrático, en los días subsiguiente a las elecciones al Congreso aparecieron, como por arte de magia, cerca de  500.000 votos que favorecen a la coalición del ‘Pacto Histórico’, la misma que tantos privilegios  viene recibiendo del Estado.

La explicación del señor Vega no puede ser más pueril. Ahora admite que la cifra no es de 500.000 sino de 1.000.000 de votos de diferencia entre el preconteo y los escrutinios, pero, que no todos favorecen al ‘Pacto Histórico’. 

Séptimo.- Hasta la fecha se conoce que la Procuraduría abrió investigación disciplinaria ante 1.600 quejas recibidas contra el proceso electoral; el MOE reporta 1.088 casos. Se desconocen las denuncias interpuestas directamente ante la Fiscalía, las Personerías, los partidos políticos y diversas entidades observadoras del proceso.

De todo el territorio nacional y del exterior (La Florida, España, por ejemplo) han llegado reclamaciones porque los jurados se negaban a entregar tarjetones para la consulta interna diferentes a los del ‘Pacto Histórico’; miles de ciudadanos se han quejado por las redes sociales y los medios de comunicación porque su voto no aparece registrado; Colombia Trasparente ha denunciado la doble votación de muchos jurados y estima que pueden acercarse a 300.000.

Reconoce la Registraduría que hubo anomalías en 22.255 mesas. Conforme a las estimaciones más conservadoras, el escandaloso descuadre superará el 7% de la votación, cuando ningún proceso electoral anterior superó el 1%. ¿Cómo entender que al Registrador no le parezca digno recontar los votos, ni revisar la totalidad de los formularios en todas las mesas cuestionadas?

A pesar de este dantesco y gravísimo cuadro de violaciones al derecho electoral las autoridades nacionales no reaccionaron con determinación. En cualquier otro país del mundo darían pie para repetir los comicios, sustituir al Registrador y juzgar penal y/o disciplinariamente a los responsables. Nuestras autoridades, inexplicablemente, se han conformado con tibias declaraciones y con promesas de aplicar medidas adjetivas e insustanciales.

Es inaplazable el reconteo de los votos, así como el examen público de los formularios, uno por uno, en todas las mesas cuestionadas. Solo así podremos recuperar la confianza en nuestro sistema electoral y en la legitimidad de los elegidos al Congreso.

Octavo.- La gigantesca y desconcertante disparidad entre los votos del ‘Pacto Histórico’ al Congreso y por la Consulta Interna.

Están muy, pero muy distantes de ser iguales o al menos similares:

Consulta interna:         5.573.894 votos
Senado:                      2.800.730 votos
Cámara:                      2.710.485 votos

¿Será que, en el día de las elecciones, a los disciplinados votantes de Petro se les olvidó votar los otros tarjetones que tanto les interesaban?

Lo grave es que estaríamos en presencia de una flagrante violación del artículo 164 del Código Electoral, que reza:

«Las comisiones escrutadoras, a petición de los candidatos, de sus representantes o de los testigos electorales debidamente acreditados, podrán verificar el recuento de los votos emitidos en una determinada mesa. La solicitud de recuento de votos deberá presentarse en forma razonada y de la decisión de la comisión se dejará constancia en el acta.» 

«Las comisiones escrutadoras no podrán negar la solicitud de recuento cuando en las actas de los jurados de votación aparezca una diferencia del diez por ciento (10%) o más entre los votos por las listas de candidatos para las distintas corporaciones públicas que pertenezcan al mismo partido, agrupación o sector político. Tampoco podrá negar la solicitud cuando en las actas de los jurados aparezcan tachaduras o enmendaduras en los nombres de los candidatos o en los resultados de la votación, o haya duda a juicio de la comisión, sobre la exactitud de los cómputos hechos por los jurados de votación.»

Tanto la Comisión Nacional de Garantías Electorales como el Sr. Presidente de la República consideraron que tan  solo se trataba de “errores protuberantes”.   

Sin facultades legales, ni respeto al debido proceso, al inicio, descartaron de tajo el clamor público en favor de un reconteo de votos.

¿Cómo entender esto?

Noveno.- A los derechos de petición elevados por el Foro Atenas, el ex presidente Andrés Pastrana, el analista Eduardo Mackenzie, las organizaciones de militares en retiro, el MOE, Colombia Trasparente y otras entidades, el actual Registrador no se ha dignado a contestar.

Tampoco quiso asistir a la citación que le formuló oficialmente el Señor Presidente del Senado, lo que indica su desdén por el cumplimiento de la ley y por los derechos de los ciudadanos.

Con fundamento en los elementos jurídicos y fácticos anteriormente enunciados, muy comedidamente nos permitimos formular las siguientes…

II.  PETICIONES

1. Al Señor Presidente de la República

Como Jefe de Estado y responsable del orden público adopte desde ahora las medidas necesarias para evitar un conflicto de consecuencias imprevisibles, originado en la profunda desconfianza de la ciudadanía en las autoridades electorales, en la legitimidad de los elegidos y en la continuidad del Estado de Derecho.

En consecuencia, lidere y coordine Usted, Señor Presidente, todas las medidas que deben adoptarse para:

♦ Solicitar y supervigilar una investigación completa, y pública, de los hechos antes mencionados con el fin de determinar el origen, los responsables y sus consecuencias jurídicas y políticas.

♦ Propiciar la sustitución inmediata del cuestionado Registrador, conforme a la ley y mediante un procedimiento transparente, público y vigilado.

♦ Velar para que se judicialice a los responsables por los delitos electorales, por los actos de corrupción en la contratación y por el desmedro a los dineros públicos.

♦ Propiciar la suspensión de la elección presidencial hasta tanto no se garantice absoluta imparcialidad y eficiencia en la conducción del respectivo proceso electoral.

♦ Tomar las medidas necesarias para cauterizar, con sabiduría y mano firme, la creciente subversión del orden público y para sofocar la deriva ilegal y violenta que pueda emerger de la preanunciada reacción callejera del Pacto Histórico en caso de que los resultados no los favorezcan.

Colombia no quiere repetir las horrorosas experiencias vividas durante los paros, protestas y bloqueos vándalo-terroristas que destruyeron nuestra economía y asolaron nuestras ciudades el año pasado. Sobre todo, cuando diversos medios anuncian una muy extraña, inusual y poderosa concentración militar venezolana en nuestra mutua frontera: 10.000 hombres, radares rusos y chinos, tanques blindados, aviación y drones artillados iraníes.

2. A los Señores Presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y  Consejo de Estado

Que soliciten la renuncia al Señor Registrador o, en su defecto, se declare su insubsistencia y se proceda a designar su reemplazo conforme al proceso legal establecido.

Colombia espera que conforme ley, el nuevo Registrador se encargue de sanear las repugnantes anomalías que afectaron el proceso electoral para el Congreso y las Consultas Internas, y que, con sabiduría y mano firme gerencie los próximos comicios presidenciales.

3. A la Señora Procuradora General de la Nación

Que se sirva adelantar con prioridad las investigaciones disciplinarias relacionadas con el pasado certamen electoral hasta identificar y sancionar disciplinariamente a los responsables de irregularidades. Dicha investigación deberá ser pública. 

♦ Que ponga a disposición de la Fiscalía a quienes presuntamente hayan participado en actos dolosos.

♦ Que investigue la inoperancia de la auditoría para evitar el increíble descalabro electoral y los millares de anomalías denunciadas.

Que investigue la razón por la cual, a pesar de haberse contratado la firma Thomas Greg, por un valor $1,2 billones, y de haberse celebrado otro contrato adicional con la firma Indra, los resultados fueron tan contradictorios y dudosos.

♦ Que investigue las irregularidades cometidas en la contratación con la firma Indra.

♦ Que investigue la queja denunciada por la Iniciativa Colombia Trasparente sobre jurados de votación que votaron doblemente, como jurados y como ciudadanos.

Que investigue la designación de un antiguo directivo de Thomas Greg y de Indra, proveedores de la Registraduría, como directivo en el área de informática de la Registraduría.

4. Al Señor Fiscal General de la Nación

♦ Que designe un equipo de fiscales y técnicos para adelantar todas las investigaciones penales que se desprenden de los hechos aquí enumerados y de las numerosas quejas que ha presentado la ciudadanía.

♦ Que investigue, en detalle y a fondo, los delitos de corrupción que puedan relacionarse con la contratación de las firmas Indra y Tomas Greg.

♦ Que investigue el enorme incremento del presupuesto oficial de la Registraduría, en contraste con el pobrísimo resultado de eficiencia, control y transparencia evidenciados en los recientes comicios.

♦ Que concluya la investigación por corrupción formulada por el Dr. Andrés Guerra en contra del señor Alexander Vega.

5. Al Señor Contralor General de la República

♦ Que investigue el detrimento al erario originado en el monumental desgreño administrativo de la Registraduría bajo la dirección del señor Alexander Vega.

♦ Que investigue el daño patrimonial causado por la decisión del Registrador de exigir la renuncia a un grupo de funcionarios de carrera de la Registraduría, lo que originó, hasta febrero pasado, 170 demandas indemnizatorias.

Que investiguen las anomalías en la contratación con las firmas Thomas Greg e Indra y la vinculación a la directiva de la Registraduría de, al menos, un exempleado de dichos proveedores.

Muy respetados Señores, tenga la gentileza de enviar sus notificaciones a este correo electrónico:  [email protected]

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Con el mayor respeto,

ANTE DESCALABRO ELECTORAL exigimos firmeza para controlar el orden público, recontar votos, postergar presidenciales y judicializar a los responsables

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Peticionarios:

Luis Alfonso García Carmona, cc. 3.321.876,  [email protected]

Juan Carlos Ariza Gómez, cc. 16.632.681,  [email protected]

José de Jesus Alvear Sanín, cc. 3.343.998,  [email protected]

José Claver Franco Gómez, cc. 8.282.110,  [email protected]

Ferlin Serrano Moncada , cc. 21.978.262,  [email protected]

Sara María Saldarriaga Saldarriaga, cc. 43.056.492, [email protected]

Carlos Eduardo Giraldo Bernal, cc. 70.095.973,  [email protected]

Francisco Guillermo Monsalve Estrada, cc. 3.603.315, [email protected]

José Francisco García Medina, cc. 80.169.301,  [email protected]

María Elena Londoño Martínez, cc. 42.878.798,  [email protected]

Cr.(r) Carlos Enrique Martínez Caballero , cc. 85.451.695,  [email protected]

Cr.(r) Edgar Guerrero Lopez, cc. 79.351.016,  [email protected]

Cr.(r) Luis Felipe Valencia Hurtado, cc. 19.459.107,  [email protected]

Humberto Antonio Vélez Muñoz, cc. 8.260.054,  [email protected]

José Francisco Villamizar Matos, cc. 13.445.384,  [email protected]

Jorge Enrique Escobar Restrepo, cc. 70.080.575,  [email protected]

Orlando Cano Torres, cc. 70.036.050,  [email protected]

Luis Eduardo López Ortiz, cc. 70.553.298,  [email protected]

Olma Lucía Sierra García, cc. 21.978.553, [email protected]

Mérida Mendoza Martinez, cc. 51.705.068,  [email protected]

Robertulio Rojas Panesso, cc. 6.435.741,  [email protected]

Luz Stella Velez, cc. 42.987.134,  [email protected]

Alejandro García Carmona, cc. 8.222.920,  [email protected]

María Eugenia Alvarez Gaviria, cc. 32.419.677,  [email protected]

Luis Guillermo Valenzuela, cc. 8.307.907,  [email protected]

Amelia Inés Restrepo Carvajal, cc. 32.464.888,  [email protected]

Guillermo León Londoño Henao, cc. 10.062.186,  [email protected]

Saúl Hernández Bolívar, cc. 71.712.583,  [email protected]

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José Manuel Abuchaibe, cc. 8.667.142,  [email protected]

Sergio Alzate    cc. 8.103.812,  [email protected]com 

Luis Fernando Escobar, cc. 14.443.373,  [email protected]

Juan Carlos Villamizar Arévalo, cc. 88.196.175,  [email protected]

Diana María Roldán Zapata, cc. 43.802.669,  [email protected]

Sigifredo de Jesus Urrego Uribe, cc. 8.247.789,  [email protected]

Jorge Enrique Mejia Botero, cc. 79.271.020,  [email protected]

Jaime Bohorquez Lozano, cc. 79.242.786,  [email protected]

Benjamin Alonso Correa Uribe, cc. 8.282.430,  [email protected]

Mauricio Enrique Ortiz Gonzalez, cc. 19.371.854 , [email protected]

Rodrigo Giraldo Tafur, cc. 16.628731,  [email protected]

Edwin Botero Correa, cc. 70.558.597,  [email protected]

Jesús Camilo Perdomo Mercado, cc. 79.263.599,  [email protected]

Maria Elena Alvarez Arango, cc. 42.976.195,  [email protected]

Román Castaño Ochoa, cc. 3.315.596,  [email protected]

José Joaquín Wilches Prieto, cc. 4.097.161,  [email protected]

Daniel Morales Posada, cc. 1.037.660.183,  [email protected]

Hilda Luz Jara Vélez, cc. 42.789.970,  [email protected]

Alba Puche, cc. 22.274.903,  [email protected]

María Eugenia Cardenas Cataño, cc. 34.961.164,  [email protected]

Luis Alberto Santacoloma, cc. 10.072.433, [email protected]

Luisa Fernanda Cardenas, cc. 1.026.256.657,  [email protected]

Giulianna Giraldo, cc. 1.130.618.380,  [email protected]                      

Ángel Gabriel Conde Romero, cc. 73.072.806,  [email protected]

Carlos Raul Aranzazu Alvarez, cc. 5.912.266,  [email protected]

Rodrigo José Ospina, cc. 16.639.460,  [email protected]

SMC (r) Pedro Nel Beltrán Romero, CC. 14.236.191,  [email protected]