La tributaria de la izquierda radical

La crisis económica que vive el país por cuenta del Covid-19 19 y las estrategias a implementar para poder solventarla, no le interesan a la izquierda radical de nuestro país.

Muestra y reiteración de lo anterior es la radicación en el Congreso del proyecto de ley 70 de 2020 impulsado por Iván Cepeda, Aida Avella, Angélica Lozano, Gustavo Bolívar, Iván Marulanda y Pablo Catatumbo, entre otros, el cual realmente es un intento de reforma tributaria extremista  por parte de este grupo que reiteradamente ha expresado el interés desmedido y evidente por sembrar caos y llevarnos al abismo para presentarse como los grandes salvadores, por medio de un macabro plan con fecha de ejecución final mayo del 2022.

Insisto en que los radicalismos le hacen mucho daño al país ya que representan a iniciativas disolventes y populistas, facultadas en el odio, que buscan implementar alternativas de desarrollo basadas en modelos fracasados que detienen el progreso de las naciones y sus gentes.

En Colombia, por culpa de la pandemia casi 5 millones de personas han perdido sus puestos de trabajo, el desempleo según el Dane se ubicó en el 19,8%, con una caída histórica del PIB de 15,7%. Adicionalmente la Cepal, en su más reciente informe, nos contó que en el país cerrarían más de 140 mil empresas y ya de por sí, en materia de impuestos entre los 37 miembros de la Ocde somos el segundo que más grava a las empresas y el sexto a nivel mundial.

En ese contexto a la izquierda radical se le ocurrió radicar este proyecto de ley con la intención de hacer una reforma para que empresarios y personas naturales tengan elevadas cargas tributarias en vez de estímulos de apoyo económico para alivianar los estragos en el sector que más le costará recuperarse en la pospandemia. ¡Absurdo!

Pretenden que el impuesto a la renta para las personas naturales pase de un 39% hasta un 55%, así como el impuesto a los dividendos se suba del 10% hasta el 20%. Por otra parte que el impuesto al patrimonio en las empresas aumente del 1% hasta el 6%, mientras que en personas naturales crezca del 1% hasta el 4%, todo en medio de la peor crisis económica que vive el país.

De aprobarse lo anterior conllevaría a estimular la evasión y la informalidad, afectará la inversión nacional y extranjera, afectará la generación de empleo, bajará el consumo de los hogares, se pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal, destruyendo la generación de riqueza, por lo que hacerle un llamado a los congresistas para no dar paso a semejante propuesta, es lo más sensato.

Camilo George Díaz, El Nuevo Siglo, 24/08/2020

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