No contento con el revuelo armado alrededor de Hidroituango, el alcalde Daniel Quintero quiso incluso involucrar a la propia Jurisdicción Especial para la Paz en el pleito
Durante la última semana el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, ha recurrido a una serie de mentiras o verdades a medias para justificar su decisión de forzar a Empresas Públicas de Medellín (EPM) a proceder con la demanda sobre el consorcio de Hidroituango. La más reciente mentira de Quintero fue adjudicarse un éxito que no le corresponde: el último desembolso de la aseguradora Mapfre, cuando este desembolso habría sido acordado por la antigua gerencia de EPM.
Aunque Quintero quiere presentar el desembolso de Mapfre como un triunfo de su administración y no de la gerencia de Jorge Londoño de la Cuesta, la realidad es que en los propios Estados Financieros de EPM se contaba con ese desembolso, como se informó en el PanAm Post. De hecho, EPM debería tener otro desembolso este año por 25 millones dólares, según los propios Estados Financieros de EPM —página 56—.
La mentira sobre la antigua junta directiva
Con este desembolso, que habla más de la seriedad de Mapfre que de la administración de Quintero, el alcalde quiere hacer ver los riesgos expuestos de proceder con la demanda al consorcio como infundados, a pesar de que muchos de estos fueron confirmados por la propia dirección de riesgos de EPM.
A pesar de que Mapfre accedió a continuar con el pago, el alcalde Quintero todavía no ha explicado cómo reemplazará a los contratistas del proyecto en caso de no llegar a un acuerdo con el consorcio, pues lo más probable es que las obras sean detenidas si procede la demanda. En caso de que los contratistas se retiren del proyecto, es posible que el proyecto no esté listo en 2022, el país entre en riesgo de racionamiento para el 2024 y EPM afronte múltiples multas y demandas por cientos e incluso miles de millones de dólares.
La otra gran mentira que ha intentado propagar el alcalde Quintero es que el informe de Causa-Raiz de Hidrituango, que la auditora KPMG entregó a Mapfre, sobre las fallas cometidas en la construcción del proyecto Hidroituango del que supuestamente la antigua junta de EPM, durante la alcaldía de Federico Gutiérrez, tendría conocimiento y ocultó para beneficiar los intereses del Grupo Empresarial Antioqueño.
A pesar de que toda la antigua junta declaró nunca haber visto ese informe, y que el propio gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, lo desmintió cuando afirmó que solo tuvo conocimiento de este en agosto de este año, Quintero insistió en llevar este documento a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.
La mentira del Seguro de Suramericana
Al no poder sostener su mentira inicial, aprovechó el hecho de que Seguros Sura —una de las principales empresas del mal llamado GEA (Grupo Empresarial Antioqueño)— era la reaseguradora de Mapfre para acusarla de ocultar este informe, afirmando que: «Es público conocimiento por ejemplo que Andrés Bernal era vicepresidente de Seguros de Suramericana y Sura hacía parte de los reaseguradores que construyeron el documento. Que además está involucrado en su proceso de demanda, porque ellos reaseguran cerca del 13 por ciento eso es cerca de $1 billón de pesos, lo que significa para Sura de forma particular. Yo no me extiendo en eso, pero son conocidos en Medellín que hay unos vínculos de cercanía muy fuerte entre los miembros de junta y muchos de los demandados».
La presidente de Seguros Sura, Juana Francisca Llano Cadavid, explicó que el informe Causa-Raíz de KPMG solo le compete a Mapfre como cliente de Suramericana, y en ningún momento era competencia de Suramericana presentar este documento a EPM; y esto es por una razón muy sencilla y para nada misteriosa en el mundo de los negocios, clausulas de confidencialidad. Al Suramericana simplemente enviar un informe a la junta de EPM que fue confiado por Mapfre, la aseguradora podría haber sido sujeto de una demanda por divulgar un documento que no era propiedad de ellos sin autorización.
SURA, por lo demás no tiene mayor interés financiero en este proyecto, ya que no tiene ninguna participación en el consorcio de Hidroituango, y el monto que tiene para pagarle el desembolso a Mapfre ya fue reservado desde 2018, como lo aclara SURA en un comunicado a la prensa: «Así mismo, y como se informó desde 2018, Seguros SURA Colombia reitera que no es aseguradora del proyecto Hidroituango y no tienen ninguna relación contractual directa con EPM en este caso. SURA es reaseguradora de la póliza de Mapfre en una proporción del 13 % y, a su vez, este porcentaje está reasegurado en 98,7 %, con lo cual Seguros SURA Colombia queda con una exposición final de 1,3 %. De esta forma, nuestra Compañía de Seguros Generales asumiría un máximo de $2.5 millones de dólares (cerca de 9,200 millones de pesos a la tasa actual), valor que ya está debidamente reservado desde 2018».
Con respecto a la participación de Andrés Bernal como antiguo miembro de la junta directiva de EPM, Seguros Sura aclaró en ese mismo comunicado que «Andrés Bernal C. nunca ha trabajado en las compañías de seguros de Suramericana. Hasta el año 2017 fue vicepresidente Financiero de una filial de Grupo SURA que no tiene relación con nuestra actividad aseguradora. Como es de público conocimiento, en el año 2012, el señor Bernal aceptó participar a título exclusivamente personal en la junta directiva de EPM. En ningún caso su participación allí implicó una representación institucional y prueba de ello es que, tras su retiro de este Grupo Empresarial en 2017 y como actual presidente de otra compañía, continuó como miembro de la mencionada junta».
La mentira de la JEP
No contento con el revuelo armado alrededor de Hidroituango, el alcalde Quintero quiso incluso involucrar a la propia Jurisdicción Especial para la Paz (Jep), afirmando puntualmente que: «EPM tiene demandas que le valdrían billones de pesos porque a nosotros sí nos demanda todo el mundo. Por ejemplo, la JEP nos inició un proceso cuyo resultado puede suponer perder toda la represa y habría que desmantelarla. Nosotros decimos que de ninguna manera y a Hidroituango lo tenemos que sacar adelante porque ¿cuánto vale parar toda la represa? Los abogados no son precisamente cualquier cosa, es el abogado de Uribe. Se contrata gente porque sabe de eso y no porque haya una estrategia de favorecer a unos o a otros. En EPM se toman decisiones técnicas».
La propia JEP tuvo que salir a desmentirlo apenas se enteró y aclaró que solo se ha ordenado una inspección judicial aérea, terrestre y fluvial en el área de influencia de Hidroituango y no tiene al proyecto demandado ni considerado un desembalse de la represa, a lo que anota que cualquier afirmación de lo contrario es falsa.
Daniel Quintero está en una estrategia para proceder a como de lugar en su cruzada contra el GEA, haciendo uso de los recursos públicos en el proceso e infundado teorías de conspiración que está llevando a instancias jurídicas en un juego político para ganar popularidad a costa del Grupo EPM.
