Cada loro debería pararse en su estaca, pero eso se está borrando por cuenta del activismo judicial.
Un juez en Cúcuta le ordena a la Policía Nacional que deje de usar las pistolas taser en Norte de Santander. Una magistrada en Bogotá obliga al Presidente y a la alcaldesa a que elaboren unos protocolos para controlar manifestaciones, que, en todo caso, cuando queden listos, estarán sujetos al visto bueno de la funcionaria judicial. Otro togado, de menor rango, suspende el uso de gases lacrimógenos para contrarrestar desórdenes en las movilizaciones y lo hace un par de semanas antes de que un colega suyo, desafiando todos los conceptos científicos y epidemiológicos, ordenara el restablecimiento de las pruebas PCR para aquellos viajeros que lleguen al país.
Casi en simultánea, otra magistrada les imparte órdenes a la CAR y a los concejos locales del centro del país, impidiéndoles avanzar en la construcción de viviendas legales. Con su determinación –que para muchos está por fuera de sus competencias–, la honorable magistrada afecta la construcción de más de 120.000 viviendas, la generación de más de 140 empleos y paraliza inversiones por más de 7 billones de pesos en medio de semejante crisis económica como la que estamos viviendo.
Y no es que todo valga y que nuestros jueces tengan que quedarse cruzados de brazos ante injusticias manifiestas o procedimientos antijurídicos, sino que desde que se habló por primera vez de la teoría de la separación de poderes hasta nuestros días, cada loro debería pararse en su estaca, pero eso en Colombia se está borrando peligrosamente.
Es preocupante que haya operadores judiciales que se sientan alcaldes o presidentes, como la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se convirtió de facto en alcaldesa de 41 municipios.
Igual de grave que existan jueces que estén ‘legislando’, metiéndose en discusiones necesarias como la reforma de la Policía pero que deberían tener como escenario natural el Congreso de la República y no los despachos judiciales.
Estos usurpadores, que se creen a la vez jueces, gobernantes y parlamentarios, han venido abusando de unas funciones que están claramente establecidas en la Constitución Política ante el silencio pasivo de observadores y ciudadanos que tendríamos que exigirles que se concentren en lo suyo.
No faltarán quienes digan que el sistema está tan bien diseñado que aun en casos de extralimitación o suplantación de competencias existen las segundas instancias o los mecanismos de revisión para corregir estas distorsiones. Sin embargo, frente a herramientas como la tutela, que en fallos de primera instancia debe ser acogida y cumplida de manera inmediata, el desborde de poder es incontrolable y los efectos negativos se vuelven inmediatos. El problema, digámoslo de una vez, no es de la tutela en sí misma, sino de quienes la desnaturalizan malinterpretando sus alcances y parapetándose en ella para imponer sus propios sesgos ideológicos.
En el marco de la autonomía que tiene la Rama Judicial, en uno de tantos encuentros que organizan las jurisdicciones cada año, harían bien nuestros altos magistrados en sentarse a analizar lo que está ocurriendo, reflexionar hacia adentro y proponer soluciones sensatas frente a un fenómeno que ha cogido vuelo. Es necesario un precedente judicial que lo sea de verdad; que todos los jueces, sobre todo aquellos de menor rango, se sientan obligados a cumplir para que no pase lo que ahora ocurre: unos funcionarios con iniciativa que no saben de límites y que, por el contrario, se sienten todopoderosos escribiendo sentencias en el papel, que todo lo aguanta.
José Manuel Acevedo @JoseMAcevedo, https://www.eltiempo.com/, 14/12/2020.
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