Creemos, ante todo en Dios, principio y fin de todas las cosas. El ejercicio de la política no puede realizarse apartándose de la creencia en un Ser Supremo que todo lo ha creado. Por consiguiente proclamamos la vigencia de la doctrina de Cristo y la primacía de los valores espirituales sobre los materiales.

Defendemos las libertades y derechos individuales amenazados por las ideologías colectivistas. Los intereses del Estado no pueden vulnerar los derechos fundamentales del individuo.

Reivindicamos a la familia tradicional como eje de la existencia social, la cual debe ser protegida por el Estado en contra de ideologías que pretenden desconocerla o desvirtuarla.

Propugnamos por el mantenimiento de la Democracia, régimen basado en la soberanía del pueblo, la cual debe ser real y no meramente formal, con una participación real del ciudadano.

El Estado debe garantizar la libertad y soberanía de la Nación y el mantenimiento del orden social, como bases insustituibles de la vida en sociedad. Proscribimos la intervención extranjera en el manejo de los asuntos del Estado y la permisividad con la anarquía y la delincuencia.

Reivindicamos la herencia y los valores éticos recibidos de la civilización occidental, y del mensaje cristiano, tales como el honor, la justicia, el coraje, la generosidad, el sentido del deber, la franqueza, el desinterés, la templanza, los cuales deben ser inculcados a los ciudadanos.

Proclamamos el respeto a la propiedad privada, por encima de quienes promueven la propiedad colectiva o pública, sistemas proclives a la corrupción y a la generalización de la pobreza. El Estado debe favorecer la multiplicación de propietarios y empresarios independientes, como mecanismo eficaz para el desarrollo social.

Apoyamos la libre iniciativa, el libre mercado y la competencia como motores generadores de riqueza social. Condenamos tanto el excesivo intervencionismo de las entidades públicas en la actividad generadora de riqueza, como los abusos del capitalismo en perjuicio del bienestar de la población.

Base indispensable para una pacífica convivencia es un sistema que garantice una justicia proba y oportuna, independiente de toda influencia de carácter político o económico.

Entendemos como papel fundamental del Estado proveer a la protección y mejoramiento del nivel de vida de los menos favorecidos, mediante un sistema de asistencia pública justo y eficiente.

Defendemos nuestra identidad como Nación, con nuestras propias particularidades étnicas y regionales. Esas diferencias no constituyen una etapa transitoria hacia un nivel posterior de globalización, sino que son las características esenciales de nuestra nacionalidad, de las cuales debemos sentirnos orgullosos. Somos, al mismo tiempo, ciudadanos de nuestro barrio, nuestro municipio, nuestro país y de América Latina, de acuerdo al poder que delegamos en cada uno de estos entes territoriales, pero no ciudadanos del mundo, entidad amorfa sin una categoría política.

Condenamos toda forma de violencia como instrumento religioso, político o económico. Propugnamos por defender nuestras tesis con argumentos, no con las armas. Creemos en la Democracia, como sistema ideal para dirigir a la sociedad; en la tolerancia y  el respeto con todas las opiniones; y en la alianza con los individuos y grupos que compartan nuestro ideario y nuestro propósito de trabajar por la seguridad, la justicia, la dignidad y el bienestar para todos los colombianos.