Pocas veces, como en la actualidad, la situación política se ha visto signada por el odio y la verborrea irresponsable del Gobierno y sus áulicos, que se insultan a diario entre ellos y envenenan la atmósfera, al punto que algunos opositores se contagian y compiten en vulgaridad ofensiva.
La grosería oficial se ensaña contra la directora del Partido Conservador, Nadia Biel Scaff, y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, entre otros dirigentes maltratados por el oficialismo, lo que muestra que el Ejecutivo busca camorra con la finalidad de desviar la atención de la opinión pública sobre su incompetencia.
Esa degradación de la política se da cuando el país se ensangrienta por su fracasado ensayo de conseguir la paz total, como al salir el gobernante a insultar a dirigentes respetables de la oposición, en tanto bandas organizadas oficiales amenazan en Cartagena la vivienda y la familia de la dirigente política conservadora. El Congreso es el poder representativo popular que debe vigilar la acción oficial, para mantener precisamente el equilibrio de poderes. Cuando el gobernante irrespeta a sus miembros, está desconociendo groseramente la institución más representativa de la democracia y la que en un momento dado tiene la facultad para investigarlo y sancionarlo cuando hace uso indigno de su alta investidura.
Al mismo tiempo se entera la opinión pública que el magistrado Vladimir Fernández, al que el Gobierno apoyó para formar parte de la Corte Constitucional, resultó elegido con el estímulo de gruesas sumas de dinero oficial movilizado en maletas por la señora Sandra Ortiz y sus agentes, la que confiesa bajo la gravedad del juramento que ese dinero del erario se utilizó para comprar el anterior presidente del Senado y otros funcionarios, lo que facilita en esa misma gestión el nombramiento de flamante magistrado Vladimir. Ese asalto a la Corte Constitucional, que es baluarte fundamental de la democracia, el cual registra la revista Semana en su portada, viene a comprobar que este Gobierno no tiene límites para copar las instituciones y conseguir sus nefandos objetivos. La señora Ortiz dice que su vida peligra y ha decidido hablar para que el país conozca la gravedad de la situación que estamos sufriendo. Si el Gobierno no hubiese comprado a varios representantes de la Comisión de Acusaciones de la Cámara con jugosos contratos otra sería la situación política, en tanto se le habría puesto freno a esa feria de entuertos y de corrupción.
Por fenómenos similares y en múltiples casos de corrupción conocidos, otras instancias judiciales no han conseguido sancionar a los implicados en negociados oficiales de suma gravedad, que comprenden incluso hasta casos de fraude en la elección presidencial. Este ominoso escándalo que afecta a la Corte Constitucional debe servir para que la misma y las otras cortes tomen las medidas pertinentes para mantener su independencia y vigilar que todos los magistrados actúen a derecho.
Persiste la alarma justificada en los gremios y empresas de diverso tamaño por la pretensión oficial de aumentar los impuestos, como el gasto público destinado a movilizar la poblada y comprar conciencias. Así, como por el tantas veces antipolítico intento de atentar desde el poder contra Ecopetrol y espantar a las empresas extranjeras como Shell, que anuncia su retiro del país. Esto cuando al bajar los precios internacionales del crudo los ingresos por exportaciones del preciado mineral caen, mientras la compañía debe pagar una onerosa plaga de burócratas incompetentes contratados con fines políticos. En tanto, el sistema de salud colapsa y el ministro Jaramillo sigue los dictados del gobernante de injuriar al personal oficial y no rendir cuentas de sus entuertos, divulgados por los medios de comunicación.
Estos y muchos otros casos de flagrante corrupción de sus agentes y funcionarios de la mayor confianza, más las continuas amenazas del Gobierno contra los dirigentes de la oposición, determinan que el Jefe del Estado, de continuo, lance toda suerte de improperios contra sus críticos, para tender una cortina de humo sobre el fracaso estruendoso de su gestión. Por lo mismo, ensaya insultar y desmentir al excanciller Álvaro Leyva, cuyas denuncias tardías cobran especial importancia y credibilidad por tratarse de su antiguo aliado y personaje de confianza. Las que, de ser ciertas, como en efecto lo corroboran distintas pruebas y versiones de su círculo íntimo, deberían producir, de manera inmediata y voluntaria, la renuncia del gobernante.
Lunes, 28 de Abril de 2025