Anatomía de un presunto fraude electoral en la Registraduría
Diario Criterio tuvo acceso a documentos que sustentarían la denuncia penal contra el registrador Alexánder Vega por presunto fraude electoral. Audios, chats y contratos serían parte de la evidencia que fue entregada a la Fiscalía General.
En Colombia hizo carrera un viejo adagio que viene sacudiendo las entrañas del sistema electoral: “Quien escruta, es quien elige”.
La frase, que hace parte de esa sabiduría popular de los colombianos, es una clara referencia a la desconfianza que por años viene minando la credibilidad hacia las instituciones encargadas por velar y garantizar la transparencia en las elecciones.
Y esa desconfianza no podía estar en un punto más alto, luego de las pasadas votaciones al Congreso de la República y consultas presidenciales que estuvieron marcadas por problemas logísticos, denuncias de irregularidades en la selección de jurados, mal diseño de los formularios E-14, la caída de plataformas informáticas y una diferencia del 21 por ciento (más de un millón de votos) entre el preconteo y el escrutinio.
El tema es tan delicado que, un mes después de esas elecciones, el país sigue pendiente del escrutinio nacional para saber a ciencia cierta cómo quedará conformado el Congreso.
Mientras tanto, desde varios sectores políticos piden la renuncia del registrador Alexánder Vega Rocha. Incluso, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, se atrevió a pedir que el registrador fuera “separado” de su cargo y se nombre a un funcionario ad hoc.
Para rematar, el país está a la expectativa de la decisión que tomaría en los próximos días la procuradora general, Margarita Cabello, tras la investigación disciplinaria que le abrió a Vega Rocha por las fallas presentadas durante la jornada electoral del 13 de marzo.
Todo eso sucede mientras los colombianos se alistan para ir nuevamente a las urnas el próximo 29 de mayo para elegir al nuevo presidente con su fórmula vicepresidencial.
Diario Criterio conoció detalles y parte de los elementos de prueba que contienen una denuncia contra el registrador Alexánder Vega, por presunto fraude electoral.
Esa denuncia, ya en poder de la Fiscalía General, contiene documentos, fotos, chats y audios de fuentes que habrían relatado la forma como se habría realizado un supuesto fraude electoral en aparente connivencia con funcionarios de la Registraduría en las elecciones del pasado 13 de marzo.
Para proteger la identidad de las fuentes y no entorpecer el normal desarrollo del proceso judicial, este medio se abstiene de revelar detalles concretos de la investigación.
Diario Criterio pudo establecer la existencia de nexos y puertas giratorias entre funcionarios de la Registraduría y el secretario privado de un expresidente de Colombia, con las empresas contratistas que tienen a cargo la operatividad de los sistemas informáticos electorales.
Anatomía del presunto fraude electoral
La denuncia pide a las autoridades investigar a la Registraduría por los supuestos delitos que van desde fraude a resolución judicial, concierto para delinquir y amenazas. De ahí se podría investigar otros presuntos crímenes como celebración indebida de contratos, peculados, concierto para delinquir, alteración de resultados electorales, fraude informático y hasta hostigamientos y persecuciones, entre otros.
Todo ese rosario de delitos es lo que pretende demostrar el abogado Sergio Alzate, director de Colombia Transparente, una veeduría ciudadana para asuntos electorales que nació jurídicamente en noviembre de 2021.
El abogado Alzate es el gestor de una denuncia con tintes cinematográficos, ya que para recaudar pruebas de una coartada que venía indagando desde hace varios meses, se presentó como candidato al Senado por la coalición de los partidos cristianos, Mira y Colombia Justa Libres.
Obviamente no ganó, pero con el fuero de candidato logró acceder al sistema electoral para comprender la mecánica del proceso y los vacíos que permitirían los fraudes.
Fue de esa manera que hizo amigos dentro y fuera de las instituciones electorales, para acumular un caudal de pruebas que, según él, demostrarían cómo se roban las elecciones en Colombia.
La tesis del abogado Alzate es simple: para alterar los resultados electorales se requiere una planeación previa de meses de anticipación. Y el instrumento para lograrlo es el software para seleccionar jurados de votación y el que se usa para adelantar el preconteo y el conteo de votos durante el escrutinio.
Coincidencialmente esos elementos son los que están en el ojo de huracán por las inconsistencias surgidas en las elecciones al Congreso.
Organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE), las fundaciones Paz y Reconciliación (Pares) y Karisma, ya habían advertido sobre la necesidad de una auditoría a los códigos fuente del software que usa la Registraduría para seleccionar jurados y escrutar los votos, al igual que los problemas de funcionamiento de las plataformas antes y durante las elecciones.
Sin embargo, esas solicitudes son un saludo a la bandera porque la Registraduría siempre las negó, tras argumentar que, por tratarse de un sistema electoral basado en software de empresas privadas, no era posible revisar los códigos fuente, por temas de propiedad intelectual.
La revisión de los códigos fuente de esos programas informáticos es clave, porque en una auditoría se podría advertir si existen órdenes ocultas o dormidas para desviar información o permitir accesos no autorizados.
El tema es tan complejo y trascendental para la democracia colombiana que, entre las medidas anunciadas esta semana por la Comisión Nacional de Garantías Electorales, se acogió el permitir una auditoria al software de selección de jurados y preconteo.
Los contratos para contar votos
La denuncia penal contra el registrador Alexánder Vega se basa en las irregularidades y presuntos delitos que se cometieron con los contratos para garantizar el sistema informático electoral y que suman más de un billón de pesos,
Hay que recordar que, desde febrero de 2018, el Consejo de Estado le ordenó a la Registraduría adquirir “el software requerido de escrutinios desde y para el Estado”, y que permita “una completa trazabilidad del escrutinio de mesa hasta la declaratoria de la elección”, además de realizar los trámites para “designar al personal idóneo para la prestación del servicio de soporte técnico especializado”.
Dicho en palabras más simples, ese máximo tribunal les ordenó a las autoridades electorales contar con un sistema informático propio, seguro y manejado por funcionarios de la Registraduría. Osea, pidió no continuar con la privatización del sistema electoral.
Esa orden surgió en medio del fallo tras la demanda del partido Mira que en las elecciones de 2018 había perdido tres curules al Congreso; pero tras el proceso jurídico las recuperó y se advirtieron las fallas en el sistema de preconteo y escrutinio de votos.
No obstante, para el abogado Sergio Alzate, de Colombia Transparente, lo que hizo la Registraduría para cumplir con ese fallo del Consejo de Estado es una burla que habría configurado varios delitos, entre ellos el de fraude a resolución judicial celebración indebida de contratos y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.,
En resumen, el abogado asegura que, para maquillar esa orden judicial, la Registraduría fraccionó el sistema electoral en cinco contratos cuyo objeto pareciera ser el mismo, porque en varios de ellos se habla del mismo objeto: sistemas informáticos para preconteo y escrutinio de elecciones.
Denunció que el único software que compró la Registraduría aún no se usa: costó 27.000 millones de pesos y se contrató con la firma Indra. Lo llamativo es que ese software no se usó en estas elecciones y operarlo requiere de soporte privado. Es decir, sigue el nexo y la dependencia con las mismas empresas privadas.
Ese software para el escrutinio, la Registraduría lo alquiló a un consorcio llamado Disproel (del que hacen parte Indra y Thomas Greg) por un valor de 148.000 millones de pesos. Es decir, alquilar ese mismo software habría costado cinco veces más que comprarlo.
La puerta giratoria
De comprobarse el fraude en las votaciones al Congreso, todo apuntaría a los polémicos contratos para comprar o alquilar el software que maneja cada uno de los pasos del proceso electoral en Colombia: selección de jurados de votación, preconteo y escrutinio.
Precisamente la contratación de esos sistemas informáticos ha sido objeto de escándalos y cuestionamientos contra el registrador Alexánder Vega, no solo por los multimillonarios costos y la manera como habría fraccionado esos contratos, sino por los supuestos nexos que se han descubierto entre funcionarios de la Registraduría y las firmas contratistas.
El más visible por ahora es Alejandro Alberto Campo Valero, un ingeniero en sistemas y especialista en redes de computadores que desde febrero de 2020 ingresó a trabajar en la Registraduría como gerente de Informática.
Resulta que el mismo Campo Valero, tres años atrás, era el gerente de Indra y también se desempeñó como gerente general de Thomas, en 2014, las mismas empresas que le vendieron, alquilaron y actualmente operan los sistemas informáticos electorales en la Registraduría. De hecho, Diario Criterio obtuvo varios documentos que demostrarían que el propio Campo Valero, como funcionario de la Registraduría, atendía las cotizaciones de sus antiguos empleadores.
Del ingeniero Campo Valero se sabe que es oriundo de Santa Marta (Magdalena) y fue accionista de una firma de ingeniería informática en Barranquilla, llamada Alemsys SA de cuya sociedad también hicieron parte dos de los hermanos Auque Cuello (Rafael y Emilio).
La familia Auque Cuello es recordada en La Arenosa porque un tercer hermano, un reconocido contador, se vio envuelto en un escándalo judicial por lavado de activos y evasión de impuestos por una suma cercana a los 150.000 millones de pesos, entre 2006 y 2014.
El secretario privado de Santos
Diario Criterio halló otro caso de puerta giratoria con una de las firmas contratistas del sistema informático de la Registraduría.
Se trata de Indra, una de las multinacionales de tecnología e información más grandes del mundo, con presencia en cerca de 140 países.
Indra ofrece servicios en sectores de transporte, tráfico aéreo, defensa y seguridad informática. Fue fundada en 1993 y actualmente tiene inversionistas como el Ministerio de Hacienda de España, la familia March, el Banco Santander, entre otros.
Hace poco este portal reveló que en Colombia Indra ha funcionado con varias razones sociales: Indra Colombia Ltda, Indra Colombia SAS e Indra Sistemas Sucursal Colombia. Y ha participado en diferentes consorcios y uniones temporales con las que logró hacerse a 126 contratos por más de medio billón de pesos.
Entre las entidades públicas que solicitan sus servicios en soluciones informáticas, aparece la Registraduría con 12 contratos, entre ellos el de compra y alquiler del software para el escrutinio y la transmisión de datos electorales.
En noviembre de 2020 la junta directiva de Indra Colombia SAS nombró a Enrique Carlos Riveira Bornacelli, como representante legal del Grupo 2 de esa sociedad.
Lo llamativo de ese movimiento muy común en las juntas directivas de las empresas, es que el nuevo representante legal fue el secretario privado de la presidencia de Juan Manuel Santos.
Riveira Bornacelli fue nombrado en ese cargo público a través del decreto presidencial 1658 de septiembre de 2014 y el mismo fue firmado por el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Néstor Humberto Martínez Neira.
Otra pildorita para la memoria y que revive el colorido pasado político del registrador Alexánder Vega, es que hizo parte de una delegación de garantías electorales de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), para las presidenciales de 2017 en Ecuador. No se puede olvidar que en Unasur también estuvo como secretario general (2014-2017) el expresidente Ernesto Samper.
Hay que aclarar que la denuncia penal que el abogado Sergio Alzate interpuso contra el registrador Alexánder Vega por presunto fraude electoral aún se encuentra en etapa de indagación. En tal sentido, serán las autoridades las que determinarán si hay mérito para abrirle formalmente una investigación y llamarlo a dar explicaciones sobre sus actuaciones.
Diario Criterio habló con Sergio Alzate sobre estas complejas denuncias:
“Hubo una organización criminal que hizo fraude en las elecciones”: Sergio Alzate
Diario Criterio: ¿Por qué denunció al registrador Alexánder Vega por lo ocurrido en las elecciones del pasado 13 de marzo?
Sergio Alzate: Los documentos y audios que entregué a la Fiscalía General para que se investigue lo ocurrido en las elecciones del pasado 13 de marzo permiten ver las forma como el registrador, o desde la Registraduría propiamente, se les quiso ayudar a unos pocos, de distintos partidos.
Diario Criterio: ¿Y cuál sería el propósito de ayudarles a varios partidos y no a uno solo?
S.A.: Pues, porque busca crear una coalición de poder para ayudar en las aspiraciones futuras de las mismas personas que están allí, en la Registraduría.
Diario Criterio: ¿Cómo puede respaldar esa tesis?
S.A.: En los audios queda claro que, desde la Registraduría, lo que estaban buscando era tener la próxima Fiscalía General de la Nación y que hicieron una manipulación de varias cosas para lograr ese propósito.
Diario Criterio: No está claro cuál es el nexo del presunto fraude electoral, con las aspiraciones futuras del registrador…
S.A.: Es algo que está pensado para construir una bancada paralela propia, que le ayudara a ser elegido fiscal general en una próxima oportunidad. Entonces, aquí ya eso va teniendo toda una hilación gravísima.
Diario Criterio: No será más grave hilar tan delgado con esa tesis, como lo está haciendo usted…
S.A.: No, es que eso está en los audios, en la investigación… en lo que yo grabé quedó registrado eso, que eso era parte de la planeación. No es una especulación, es lo que está en las pruebas que yo aporté a la Fiscalía, porque a mí jamás se me hubiera ocurrido que eso estuviera en las cuentas de ellos, ni a nadie en el país, si no es porque está allí grabado.
Diario Criterio: ¿Quiénes conocen de la existencia de esos audios?
S.A.: Hasta ahora solo los conoce la Fiscalía.
Diario Criterio: Concretamente, ¿quiénes hablan y sobre qué son esos audios?
S.A.: Lo siento, pero no puedo dar detalles porque esos audios hacen parte de la investigación que adelanta la Fiscalía a raíz de la denuncia que interpuse contra el registrador, por presunto fraude electoral.
Diario Criterio: Pero, ¿de qué temas se habla en esos audios?
S.A.: De cómo se planeó el fraude. El tema de los jurados, en qué ciudades, en qué departamentos, cuántos jurados, a qué candidatos se les apoyó, cuál era el propósito de apoyar esos candidatos tanto para la Cámara como al Senado y cuánto eran los costos; cuáles eran los planes, cuál era la estrategia, cómo se hacía para la selección, cómo se perfilaban los candidatos a ser jurados de votación, todo ese proceso turbio… También cómo se iban a habilitar previamente (los jurados) para votar dos veces, en el mismo puesto, pero en mesas distintas.
Diario Criterio: ¿Todo eso está en los audios que ya tiene la Fiscalía?
Sergio Alzate: Todo eso está ahí, en los audios y se muestra que todo esto se hizo con mucho tiempo de anticipación. Yo, que he estado en temas electorales toda mi vida, jamás me imaginé algo así. O sea, era realmente una organización criminal para hacer fraude en las elecciones.
Diario Criterio: Y en qué va esa investigación en la Fiscalía…
S.A.: Honestamente, los fiscales a uno no le reportan nada. Un fiscal cuando recibe la información, trabaja y precisamente por la reserva de la investigación, uno no recibe una retroalimentación al respecto. Duré un mes entregando información y pruebas.
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Nota de la redacción: Diario Criterio contactó por correo electrónico tanto al registrador Alexánder Vega como a su gerente de informática, Alejandro Campo Valero, para que respondieran algunas preguntas, pero hasta la publicación de este artículo no hemos recibido respuesta.
