Varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia vienen estudiando una serie de oficios que han llegado a ese tribunal en las últimas semanas. Todos están relacionados con los procesos en contra del presidente electo, Gustavo Petro, que se siguen en ese alto tribunal.
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En las cartas se recuerda que su llegada a la Presidencia de la República implica un cambio inmediato de su juez natural.
Por eso, se solicita que los expedientes que se le siguen en la Corte se remitan ya, y no hasta el 7 de agosto (el día de su posesión), a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
EL TIEMPO estableció que en algunos despachos se está estudiando si la Corte puede seguir avanzando en los procesos –sin importar en qué etapa estén–, hasta que Petro tenga la banda presidencial puesta.
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De manera paralela, algunos representantes (que se posesionan el próximo 20 de julio), buscan uno de los 16 escaños de esa Comisión que, además, heredará los expedientes que se siguen contra otros altos funcionarios y contra expresidentes.
¿Hasta el 7 de agosto?
El magistrado Héctor Javier Alarcón, de la sala Especial de Instrucción, ya dejó una primera constancia sobre los procesos donde Petro aparece. En un oficio del 29 de junio accedió a hacer una ruptura procesal y a mandar a la Comisión de Acusación una de las indagaciones.
Según fuentes de la Corte, las remisiones de ese y de otros casos las pidió el exmagistrado Julio César Ortiz, quien ha liderado la defensa de Petro y que, en su momento, calificó como una guerra jurídica el cúmulo de procesos contra su cliente.
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Entre otros argumentos, Alarcón señala que la investidura se adquiere a partir del reconocimiento como Presidente y esto ya lo hizo el Consejo Nacional Electoral, el 23 de junio. Pero otros despachos se han tomado su tiempo para decidir.
El caso remitido por Alarcón es el del empresario cubano Alfred Santamaría que denunció a Petro luego de que lo asoció con Tony Intriago, quien contrató a los mercenarios que terminaron involucrados en el crimen del presidente de Haití.
Los otros casos
Pero hay más casos pendientes. De los 55 procesos que Petro alcanzó a acumular en la Corte, están vivos al menos ocho más. Tres de ellos, tienen que ver con actuaciones cuando se desempeñó como alcalde de Bogotá (2012-2015).
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Uno es el de los decretos que autorizaron la rebaja de las tarifas de TransMilenio. Aunque, en 19 de mayo pasado el Tribunal Superior de Bogotá dejó sin efecto una sanción a Petro por ese caso, aún hay un remanente en la Corte por resolver.
También, el expediente por el contrato de motos eléctricas para la Policía, y el de la Línea 123.
Y otros por presunta injuria y calumnia. Además, en el despacho de la magistrada Cristina Lombana avanza una indagación que el propio Petro solicitó, por las declaraciones del general (r.) chavista Hugo ‘el Pollo’ Carvajal. Este dijo que con dineros del régimen venezolano se patrocinaron figuras de la izquierda, incluido Petro, afirmaciones que él negó.
Investidura y campaña
Y Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández, interpuso una denuncia por presunta violación de topes y fraude, vinculados a los ‘Petrovideos’.
También pasa a la Cámara la multa impuesta por la Superindustria, por “la violación a la libre competencia económica por el diseño e implementación del sistema de aseo de Bogotá durante su alcaldía”. Con intereses, ya sobrepasan los 600 millones de pesos.
En el Consejo de Estado hay un proceso de pérdida de investidura, por supuesta ausencia injustificada al Congreso.
Quiénes estarán en esa célula de la Cámara
Solamente después del 13 de julio, cuando se reúnen los compromisarios de los diferentes partidos para definir cómo quedan las mesas directivas en el Congreso, podrá saberse quiénes son los representantes que harán parte de la Comisión de Acusación.
Esa célula está conformada por 16 miembros, que son quienes se encargan de conocer sobre las denuncias penales o quejas disciplinarias en contra del Presidente de la República, el Fiscal General y los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Judicatura.
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El asunto es que está por iniciarse un nuevo Congreso, y cuando eso sucede se baraja de nuevo y se hace una distribución en las siete comisiones constitucionales y las siete legales, así como de las respectivas mesas directivas.
En otras palabras, cada partido, por fórmula matemática, tendrá derecho a estar en cada comisión dependiendo del número de representantes que tenga.
Por ahora, lo que está claro es que el Pacto Histórico tendrá la primera presidencia del Senado, en cabeza de Roy Barreras, y repetirá en el tercer año.
También habrá una para los ‘verdes’, y la otra será para el Partido Liberal, según establecen los acuerdos preliminares.
Por los lados de la Cámara, la idea es que la primera presidencia sea para el Pacto, en cabeza de David Racero. También se estima que habrá una para los ‘verdes’, donde suena la representante Katherine Miranda.
El Tiempo, Unidad investigativa