Cumplir la ley no es un golpe de Estado

En los últimos meses, el país ha sido testigo de una serie de afirmaciones, absurdas e inconcebibles, incluso para quienes no son abogados. He aquí algunas de las expresiones que, de buena o mala fe, pretenden desconocer evidentes y reconocidos principios del derecho, para utilizarse como argumento de defensa por parte de altos servidores públicos empeñados en obtener impunidad, después de incurrir en conductas violatorias de la Constitución y la ley.

Es común escuchar expresiones como las siguientes:1. Cuando se inicia una investigación disciplinaria para sancionar al servidor público que actúa por fuera de los límites legales de su competencia, se suele afirmar por los acusados, que la Procuraduría no tiene competencia, y que su inocencia la avala el favor popular de la elección. 2. Cuando una investigación la inicia y quiere llevar a feliz término la Fiscalía, el servidor público acusado, y más aun si es de alto nivel, se limita a declarar que se trata de un montaje político y que la fiscalía está actuando con propósitos partidistas o electorales.

En términos generales, este tipo de investigaciones con respecto a servidores públicos de alto rango, iniciando por el Presidente, se responden por los inculpados, afirmando los inculpados que se trata de un montaje para llevar a cabo un procedimiento de persecución política, de manera que el instructor o investigador queda descalificado, desprestigiado y el acto en que supuestamente incurrió el empleado de alto rango, termina por disiparse, quedar en el olvido o convertido en una anécdota.

Esta es una estrategia de defensa de gobiernos y funcionarios corruptos, con el único propósito de evitar que se adelante la respectiva investigación de manera seria y contundente. Si bien se trata, de una forma común de defensa de nuestros gobernantes o aspirantes a gobernantes, el asunto es más complejo y difícil de dilucidar cuando se trata de violaciones a la Constitución política, y especialmente cuando se trata de gobiernos expertos en difundir mensajes encaminados a crear confusión y contradicción entre los ciudadanos.

Se trata de una maniobra en la que el gobierno actual del presidente Petro ha demostrado ser un experto. Entre los varios casos que se han presentado, presentamos a consideración de nuestros lectores, el último y quizás el más escandaloso.

El artículo 109 de la Carta dispone que el Estado concurrirá a la financiación política y electoral de partidos y movimientos, y agrega que las campañas electorales serán financiadas parcialmente con recursos estatales. Anota, para las elecciones futuras, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas políticas, debidamente comprobada, será sancionada con la perdida de investidura o del cargo.

Es un absurdo, como lo pretende el Presidente, considerar que la investigación del Consejo Nacional Electoral para determinar con certeza la violación de los topes de su campaña, constituye un golpe de Estado.

Para el Mandatario lo correcto es violar la Constitución y la ley, y lo incorrecto, sancionar a quienes lo hayan hecho.

Por Luis Fernando Álvarez Jaramillo – lfalvarezj@gmail.com