El silencio se volvió una estrategia. El presidente Gustavo Petro, su gobierno, y su entorno de medios públicos e influenciadores han optado por ignorar un cúmulo creciente de denuncias de corrupción en su círculo.
Este silencio contrasta con la indignación frente a la corrupción que canalizaron el Pacto Histórico y el presidente Petro antes de llegar a la presidencia, especialmente durante el paro nacional. O la que ejerce aún Petro con rápidas acusaciones contra sus opositores políticos por temas como Pegasus.
Pero la acumulación de escándalos en un par de meses, posteriores al gran escándalo de corrupción en la Ungrd y las irregularidades en la financiación de la campaña, revela ahora un patrón. Se está creando una cámara de eco que ignora casi por completo todos los señalamientos, y donde están ausentes la responsabilidad política y la crítica. Tanto en la izquierda y como en un círculo de apoyo que se preciaba de ser independiente e irreverente.
Estos son los cinco casos de denuncias de corrupción que van acumulando “ruidosos silencios”:
El cónsul denunciado por estafa
La expresión la utilizó inicialmente El País, el diario español que ha publicado tres artículos con denuncias a Andrés Hernández, el cónsul nombrado por la Cancillería en México. Su nombramiento está en vilo por una decisión judicial de ayer, que suspendió el segundo intento del presidente de mantenerlo en el cargo.
La Cancillería mantuvo el nombramiento a pesar de las denuncias de tres mujeres de que Hernández las estafó. Hernández fue secretario privado de Petro varios años, y es un militante de la Colombia Humana, el partido de Petro.
Según las denuncias, una empleada del consulado dice que le entregó a Hernández sus ahorros acumulados en México, unos 100 millones de pesos, con la promesa de que él se los pagaría en Colombia, y nunca lo hizo. Su inquilina en México DF reclamó deudas no pagadas. Lo mismo que otra allegada a él en Colombia, con quien dejó una deuda vieja. Luego se sumaron otras denuncias por acoso laboral y malos manejos de dinero público.
La Cancillería le respondió escuetamente a El País que abrió una investigación. Pero el gobierno, a través del canciller Luis Gilberto Murillo, insistió con el nombramiento de Hernández, incluso luego de que el Consejo de Estado tumbó su designación inicial en marzo, por irregularidades en sus credenciales previas a las denuncias.
El presidente Petro no ha tocado el tema de su cercano colaborador. En los medios públicos de Rtvc la noticia no existe. Influencers cercanos a Hernández, activos en casos de abusos pasados dentro de otros gobiernos como Wally, Margarita Rosa o Gustavo Bolívar, tampoco lo han mencionado. Y congresistas del Pacto, como David Racero, quien en el pasado denunció la corrupción en el servicio exterior, tienen sus propios líos.
Las denuncias contra Racero
El líder petrista de la Cámara de Representantes está señalado de pedirles plata a los asesores de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, y de poner a su chofer del Congreso a hacerle mandados para el negocio de frutas y verduras que tenía de forma paralela. Así lo contó inicialmente Daniel Coronell y lo complementó luego El Tiempo, soportando las denuncias en chats y audios de WhatsApp y en documentos de consignaciones bancarias.
Además, como reveló La Silla, mientras Racero fue presidente de la Cámara entre 2022 y 2023, usó el poder de la contratación de la entidad para favorecer a familiares y amigos que terminaron impulsando la campaña política de un tío en el Cesar. Un carrusel de favores de los que él criticaba siendo activista.
El petrismo, desde el presidente hasta la bancada en el Congreso, ha guardado silencio frente a las acusaciones contra Racero, uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del 2026, incluso pese a que han desencadenado en aperturas de investigaciones en la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia.
En el pasado, Petro ha sido vehemente en denunciar el uso irregular de las UTL en el Congreso. Por ejemplo, siendo senador en 2011, señaló que Julio el “Ñoño” Elías, tenía entre sus asesores a un familiar del cuestionado empresario Emilio Tapia. En enero de 2022, mientras estaba en campaña a la Presidencia, Petro trinó que un funcionario público del gobierno de Iván Duque que salió señalado del cargo señalado de corrupción había sido anteriormente UTL del senador cristiano Jhon Milton Rodríguez. “Lo que le pasa a Duque por entregar mermelada a los congresistas”, dijo.
Tampoco se ha referido a las denuncias contra Racero el partido político que lo avaló, el Movimiento Alternativo Indígena Social, Mais, cuya presidenta es la senadora Martha Isabel Peralta. No hay, por lo menos, una indagación interna del comité de ética.
En Rtvc, la plataforma informativa del gobierno, la última mención a Racero fue de una declaración que hizo para invitar a una marcha a favor de la reforma pensional el 17 de septiembre pasado. Antes, el noticiero del canal había hecho un despliegue informativo sobre el proceso de elección de Racero como presidente de la Cámara o había recogido las preocupaciones de Racero sobre la posible elección de Katerine Miranda para la presidencia en el periodo 2024-25.
En contraste, RTVC sí trató como noticia las demandas de pérdida de investidura contra tres congresistas opositores, Jairo Cristo, Carolina Arbeláez y Carlos Abraham Jiménez, por un presunto conflicto de intereses por intervenir en un proyecto de ley que impactaba a sus financiadores de campaña.
El abogado del Estado vinculado a un barco con marihuana
Petro nombró como director de la Agencia de Defensa del Estado, Andej, a César Palomino, un abogado del Chocó vinculado a un barco que movió drogas.
Como reveló La Silla, Palomino era el dueño de una empresa propietaria de un barco llamado el Santo Steven detenido por la fuerza pública tres veces con contrabando: dos con marihuana y una con madera ilegal.
A pesar de las incautaciones, con cargamentos que suman más de media tonelada de marihuana, el Santo Steven logró evadir la extinción de dominio. Lo hizo mientras Palomino era magistrado del Consejo de Estado, puesto del que saltó, nombrado por el presidente Gustavo Petro, a la Agencia que maneja los grandes pleitos del Estado. El barco, además, sigue navegando desde Buenaventura a los puertos del Chocó, como Bahía Solano y Cupica, donde nació Palomino.
El presidente no se ha referido al tema. De hecho, Palomino sigue en el cargo. La bancada en el Congreso tampoco se ha referido al caso y de la denuncia no hay registro en RTVC. Una postura diferente a cuando los vínculos entre funcionarios y escándalos de drogas son de otros gobiernos.
En 2020, cuando la Policía descubrió un laboratorio de coca en una finca familiar del entonces embajador en Uruguay, Fernando Sanclemente, el petrismo hizo resonar la noticia. Influenciadores como Gener Úsuga o Lalis movieron en Twitter los contenidos informativos del suceso.
Físico Impuro señaló a la Revista Semana de ocultar información al respecto.
En general, desde esas cuentas petristas y medios afines como Cuarto de Hora hicieron eco del episodio insistiendo en que se trataba de un funcionario nombrado por el gobierno de Iván Duque.
El superintendente despedido luego de investigar corrupción
A Luis Carlos Leal, el superintendente de Salud que lideró las mayores intervenciones de EPS en la historia, le pidieron la renuncia luego de que ordenó una investigación interna por sospechas de corrupción. El pedido de renuncia fue sorpresivo. Llegó hace ocho días, y se filtró a la prensa sin un pronunciamiento oficial. “Hicimos las cosas como teníamos que hacerlas”, les dijo Leal a sus funcionarios en un video donde se despide de sus empleados, mientras algunos derraman lágrimas.
Leal había gozado de la confianza del presidente para ordenar las intervenciones de la Nueva EPS y Sanitas, en medio de la cruzada del gobierno para reformar la salud. Encabezaba una entidad que estaba activa en los propósitos del gobierno de sacudir el sistema. Ni el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ni el presidente explicaron su salida, ni su nuevo nombramiento en el Instituto Nacional de Salud. Él tampoco.
Días después, Caracol Radio reveló que Leal había ordenado una auditoría interna que había encontrado un posible caso de corrupción en el manejo de dineros de tres EPS intervenidas. Supuestamente, giros a esas EPS habían terminado en paraísos fiscales. Leal puso la denuncia ante la Fiscalía, y poco después fue despedido.
Rtvc, que había publicado todas las denuncias que hizo Leal desde la Superintendencia a EPS y proveedores de medicamentos, no registró la noticia. Ni siquiera su renuncia y nuevo nombramiento, que está aún por concretarse. El presidente Petro hizo una alusión a la auditoria, pero sacó a Leal, el funcionario que había empezado a denunciar el caso de posible corrupción desde la Super.
En cambio, Petro usó la denuncia para atacar al sistema actual: “Eso es lo que llaman el mejor sistema de salud”, dijo en su trino, sin explicar la salida de su funcionario.
El billón de pesos para hospitales que no aparecen
El Ministerio de Salud asignó más de un billón de pesos para la construcción o mejoramiento de más de 40 hospitales en el país. Pero, según un documento que reveló La W, la mayoría de esos hospitales ni siquiera se ha empezado a construir.
La plata no está en las cuentas del Ministerio porque fue girada a los departamentos y municipios vía resoluciones administrativas firmadas en su gran mayoría por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. El gobierno no tiene el control de ese billón de pesos porque cada entidad a la que le han mandado la plata maneja la contratación a su antojo.
Hay tres ejemplos sobre cómo esa contratación está saliendo mal. Uno fue un caso denunciado por La Silla Vacía, sobre la construcción de un hospital en Pitalito, Huila, por 35 mil millones de pesos. En diciembre de 2024, la ESE Manuel Castro Tovar le entregó ese contrato a una empresa que estaba inhabilitada por incumplimientos previos y presentó unas pólizas ilegales. Detrás del negocio sale mencionado el exsecretario jurídico del presidente Petro y hoy magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, quien hizo parte de un carrusel de favores y contratación con sus cuñados.
El contratista de Pitalito pidió hace unos días ceder la obra. El avance, a 10 meses del inicio de la obra, era mínimo de acuerdo a lo proyectado. Un proceso de cesión va a retrasar aún más las obras, que tiene como plazo abril de 2025.
En Florencia, Caquetá, el MinSalud asignó 90 mil millones para construir un hospital de primer nivel. El proceso de contratación ha estado inmerso en ruidos de presunto favorecimiento y una puja política entre los representantes a la Cámara del departamento. El caso agarró vuelo cuando el Superintendente de Salud, Luis Carlos leal, decidió intervenir el hospital María Inmaculada y meter mano en el proceso de contratación.
Aunque la contratación se frenó unos días, recientemente el interventor delegado por Leal destrabó el proceso y la obra fue adjudicada al contratista que se daba por descontado desde el principio.
El último ejemplo es el del hospital de El Molino en La Guajira. Allá el MinSalud asignó 7 mil millones de pesos, pero las obras tienen un retraso del 90 por ciento. El contratista, contó La W, dejó tirada la obra después de haber recibido un anticipo de mil millones de pesos.
Frente a las denuncias de los tres casos, y del cero avance de los demás hospitales, el ministro Jaramillo no se ha referido. La Silla supo que hubo una compulsa de copias interna a la Fiscalía y la Procuraduría frente al caso de Pitalito, pero no ha habido avances.
En Huila y La Guajira el petrismo tiene a la representante a la Cámara, Leyla Rincón, y a la senadora Martha Isabel Peralta, respectivamente, pero ninguna ha hecho algún pronunciamiento del tema.
https://lalinternaazul2.wordpress.com/2024/11/07/los-silencios-del-petrismo-frente-a-cinco-denuncias-de-corrupcion-interna/