El presupuesto del absurdo

 

Tal vez no se tiene noticia de país alguno en el mundo en el cual por el hecho de que el Congreso o el Parlamento no apruebe una ley, el gobierno en pleno, desde el Presidente de la República hasta ministro por ministro, salen a quejarse por lo que supuestamente no van a poder hacer.

Un verdadero teatro del absurdo: en dos años y medio, el gobierno de Gustavo Petro ha contado con los mayores presupuestos de la historia del país, casi un 50% más de lo que tuvo el anterior presidente Iván Duque, y a pesar de ello no hay mucho de lo que el pueblo identifique como logros. Por el contrario, el balance es, según las encuestas y los porcentajes de ejecución, más que deficiente.

Es lamentable constatar cómo, tras el fracaso de la tributaria, los ministros se dedicaron a gastar su tiempo y el de sus asesores y en general de todos los colombianos, profiriendo todo tipo de quejas, con cierto sabor a chantaje, que no le sirven al país. Tal vez le sean útiles al Gobierno para crear malestar contra el Congreso y tener una excusa a la mano para no dar resultados.

Pero aquí estamos para decir que no pueden engañar al país. Para recordar y subrayar que la tributaria sólo recogía 9,8 billones de pesos, y según las cuentas del exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, solo serían 3 billones de pesos en plata efectiva, porque el resto era por la flexibilización de la regla fiscal.

Y el Gobierno tiene casi 520 billones de pesos en el presupuesto del 2025. Lo que Petro y sus ministros no van a reconocer es que están gastando a manos llenas, que la burocracia se disparó, que la nómina creció en más de 200.000 contratistas en dos años, que hay entidades, como el Ministerio de la Igualdad, que no tienen razón de ser porque duplica las funciones de otras entidades, como el Departamento de Prosperidad Social. Ahí es donde está el problema, no en la caída de la tributaria, que ni quita ni pone en este desbarajuste fiscal.

Si le ponemos la lupa a cada uno de los frentes nos encontramos con detalles interesantes. Por ejemplo, está el caso de las tarifas de energía. Los gremios del sector eléctrico le han pedido desde hace mucho rato al gobierno aclarar los temas de la opción tarifaria y los subsidios a la energía y gas. Pero el Gobierno, en una maniobra cuestionable, lo que hizo fue prometer que pagaría la opción tarifaria, sin tener los recursos. Esa especie de cobro diferido de la energía que hicieron las empresas durante la pandemia a los usuarios y que hoy suma 3,4 billones de pesos, un pago que debía hacerse en mayo, el Ministerio de Hacienda lo amarró a la reforma tributaria que radicó en septiembre.

Es decir, Petro se quiso mostrar magnánimo, pero sin tener con qué. O acaso, si era genuino el interés de ayudarles a los usuarios ¿por qué el Gobierno no sacó esos recursos de la abultada y extravagante nómina que han ido construyendo?

Otra desilusión más para el pueblo Caribe que está desesperado por las altas tarifas de energía eléctrica y que, a pesar de todas las promesas que día a día le hace Petro, no verán disminuir el costo del servicio porque la plata que no ha pagado el gobierno la tendrán que pagar los usuarios.

A ello se suman los 2,4 billones de pesos de subsidios que les deben a las comercializadoras de energía y los 628.000 millones que no les ha pagado a las empresas de gas natural. La situación está llegando a un punto tan crítico que el sector advirtió que está en riesgo la prestación del servicio y que, por primera vez en la historia del país, el gobierno incumplirá con los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 de la población, los de menores ingresos, los que tanto dice Petro defender. ¡Qué contradicción tan grande!

Como en un coro bien organizado, todos los ministros salieron a presagiar la debacle. El ministro de Educación, Daniel Rojas, dijo que, con la caída de la tributaria, quedaron en riesgo los giros de recursos del Icetex; el ministro de Minas, Andrés Camacho, anunció que no habría plata para la transición energética; el de Cultura, Juan David Correa, dijo que esta era “una estocada mortal contra las culturas” y según el director de Planeación Nacional, Alexander López, se afectará la inversión de 26 sectores, entre ellos los subsidios de vivienda de interés social, la construcción de acueductos y el deporte quedará en los rines porque le quitarán 400.000 millones.

Y la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, en el Páramo de Chingaza, dijo: “tenemos un campesinado en la Amazonia, unos pueblos indígenas, unos sectores urbanos listos a movilizarse por la paz con la naturaleza y a pesar del recorte presupuestal no nos podemos detener”. Es decir, ¿el gobierno necesitaba esa plata para traer los indígenas a las ciudades? ¿O estamos entendiendo mal?

Si fuera un gobierno serio, lo primero que debía hacer es echar tijera a la burocracia y gastos improductivos. Que falta de sentido de país, todos los gobiernos anteriores han hecho mucho más con menos plata y no han salido a quejarse ni a echarles la culpa a todos los colombianos de su incapacidad e ineficiencia.