Faltan seis meses para que entre en vigencia la ley y apenas se han emitido dos decretos relacionados con el tema.
Con el tiempo corriendo y el plazo para su entrada en vigencia cada vez más cerca, la reforma pensional sigue atrayendo la atención de los entes de control en el país, quienes preocupados por la falta de avances, han empezado a requerir a las entidades responsables del proceso para conocer cómo avanza todo.
Este es el caso de la Procuraduría General de la Nación, que esta semana solicitó a Colpensiones y a la Superintendencia Financiera, un informe sobre el estado en que se encuentran las diferentes áreas de atención a afiliados, pensionados y de quienes adelanten trámites para la obtención de su pensión.
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“A menos de ocho meses de que entre en vigencia la reforma pensional aprobada por el Congreso, (Ley 2381 de 2024), por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común y se dictan otras disposiciones, la Procuraduría sigue advirtiendo sobre la imposibilidad de Colpensiones para asumir los retos tecnológicos y operativos de esta implementación”, indicaron.
Los llamados del Ministerio Público llegan en momentos en los que al interior de este gremio hay varias alertas por las trabas que están encontrando algunos afiliados para acogerse al régimen de transición, debido a lagunas jurídicas en que quedaron en el texto aprobado por el Legislativo, que hasta ahora empezaron a subsanarse..
Ante esto, advirtieron que es necesario “garantizar que el proceso de doble asesoría se realice de manera ágil y oportuna para los afiliados”, teniendo en cuenta que los represamientos derivan en procesos judiciales que terminan desgastando, no solo al sistema pensional, sino también al judicial.
“Como se ha manifestado en múltiples requerimientos, el término para la entrada en vigencia de la ley hace absolutamente imposible su implementación, debido a que, Colpensiones no tiene las capacidades para asumir las nuevas funciones y el volumen de afiliados que recibirá”, agregaron.
Entre las peticiones puntuales del organismo de control, está conocer en detalle el estado actual de los trámites administrativos y el manejo de los diversos recursos, en el marco del seguimiento preventivo que realiza a la entidad desde 2012 por orden de la Corte Constitucional.
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“Entre los requerimientos realizados se encuentran: número de Peticiones, Quejas y Reclamos- PQR; correcciones de historias laborales solicitadas entre enero y noviembre de este año, especificando cuantas se han respondido y cuántas están pendientes de respuesta dentro del término legal”, explicaron.
La Procuraduría también solicitó informar sobre las razones por las que Colpensiones ha limitado o bloqueado la recepción de solicitudes relacionadas con historias laborales remitidas por las remitidas por las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, y cuáles son los argumentos jurídicos que sustentan esta decisión cuando se trata de solicitudes de afiliados al sistema.
“Este organismo de control requirió información sobre la implementación de las estrategias digitales, automatización de datos y modernización tecnológica de los sistemas actuales, dentro del marco de la ejecución del plan de acción operativa y tecnológica”, dice el comunicado de la entidad.
Cabe destacar que las peticiones no fueron únicamente para la administradora del sistema público de pensiones, ya que también se requirió a la Superintendencia Financiera un reporte sobre el seguimiento realizado a Colpensiones y las instrucciones impartidas con relación a estos temas.
La reforma pensional entrará a regir desde el 1 de julio del 2025, no obstante, ya hay unos plazos que se están cumpliendo, especialmente para aquellos que elegirán el fondo privado que administrará sus ahorros pensionales por medios de las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai), además de la expedición de dos decretos para reglamentar el tema.
