Será la inseguridad

La última encuesta de Invamer tiene tres importantísimos resultados sobre seguridad ciudadana. El primero es la persistencia de la inseguridad como problema. Desde 2019 más del 80% de los encuestados afirman que la situación de inseguridad está empeorando.

No es un asunto de percepción. Con la excepción del período 2015-2018, después de la firma del Acuerdo de Paz que terminó el conflicto armado con las hoy extintas Farc, el deterioro de la seguridad ha sido prevalente, con casi cualquier métrica: no sólo la extorsión ha aumentado, sino que la reducción reciente en el homicidio -mal contado- y del hurto, son poco significativas. La incidencia de los crímenes violentos sigue siendo muy alta: si nos comparamos con Argentina, un país de similar tamaño e ingreso, Colombia tiene un exceso de 10 mil homicidios al año.

El órden público aparece como el principal problema que tiene Colombia para los encuestados, y esto en un período de mala situación económica como el que hemos vivido desde 2023 es raro: después de la firma del Acuerdo de Paz, el órden público había dejado de ser el principal problema, con la corrupción y los asuntos económicos -el desempleo- como la principal preocupación. Es probable que con la sostenida reducción de la inflación y el crecimiento del empleo y la actividad económica este año se acentúe la inseguridad como el principal problema. Tercero, en las ciudades la inseguridad es, de lejos, el principal problema para los encuestados: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín; aún en estas dos últimas, donde la seguridad ha mejorado significativamente en el último año, sigue siendo el principal problema.

Los alcaldes hacen lo que pueden: los problemas de seguridad de orden nacional -las disputas entre grupos criminales en expansión, el crecimiento del crimen organizado violento y de la extorsión continuada- no alcanzan a ser impactados por los programas de las alcaldías. Las políticas locales de seguridad pueden, además, generar un efecto globo: el crimen organizado se desplaza desde donde hay intolerancia de la sociedad civil contra el crimen organizado, una mejor gestión de la policía y de la fiscalía y programas efectivos de las secretarías de seguridad, hacia las ciudades que le dan prioridad a las políticas de “mano dura” o de aumento del pie de fuerza.

Lo peor: hoy en día 46% de los encuestados “están de acuerdo con perder algunas libertades para tratar de mejorar la seguridad”, un porcentaje que crece. Cada vez más gente está dispuesta a pagar ése enorme costo por obtener seguridad. Fue lo que sucedió en El Salvador, lo que terminó empoderando un régimen que ofrece seguridad, pero en contra de garantías ciudadanas y los derechos humanos. La opción política que logre sintonizarse con estas preferencias, que ofrezca alternativas creíbles para superar la gran falla en la política pública de seguridad ciudadana, va a ser la ganadora. En 2026 será la inseguridad…

Jorge Restrepo
Profesor de economía
Pontificia Universidad Javeriana.
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