EL OFICIALISMO NECESITARÍA SUMAR MÁS DE 20 VOTOS QUE NO SE SABE DE DÓNDE SALDRÍAN

MUY COMPLICADO, por no decir casi imposible, está el panorama para que el Senado dé visto bueno a la eventual propuesta de consulta popular nacional que el gobierno Petro anunció intempestivamente esta semana, con el fin de que sea la ciudadanía la que se manifieste sobre los alcances de las reformas laboral y de salud, que podrían ser archivadas, al punto que sobre la primera de esas iniciativas se radicó en días pasados ponencia negativa mayoritaria. El oficialismo no tiene los votos para dar vía libre a este llamado a las urnas; y la oposición y los independientes rechazan estos proyectos.

Aunque la Casa de Nariño indicó que aspira a oficializar la propuesta de consulta popular el martes (18 de marzo, cuando marcharán los sindicatos y bases petristas e incluso el Gobierno decretó como “día cívico”), con las preguntas respectivas, en las cuales no se descarta que se incluyan otros temas más allá de las reformas mencionadas, es claro que, a partir de la radicación respectiva, que debe contar con las firmas de todos los ministros, el Senado tendrá un solo mes para aprobar o improbar la solicitud presidencial.

Esto significaría que en la tercera semana de abril el Senado tendría que decidir si viabiliza o niega la convocatoria a consulta popular. Si le da el visto bueno, el presidente en menos de ocho días debe emitir el decreto respectivo para definir la fecha de la cita en las urnas, que debe darse dentro de los tres meses siguientes. Así las cosas, habría votación, como máximo a finales de julio. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que el Gobierno aspiraba a que la fecha fuera el 26 de octubre, cuando el Consejo Nacional Electoral fijó la realización de consultas internas partidistas e interpartidistas.

Sin embargo, para llegar a esa instancia el Ejecutivo tendría que superar el filtro de la aprobación de la plenaria del Senado, en donde es claro que su bancada es hoy por hoy minoría frente a la mayoritaria compuesta por los partidos independientes y de oposición, todos los cuales han advertido que no apoyarán las reformas laboral ni de salud por considerarlas inconvenientes, disfuncionales y regresivas.

¿Cómo están las cuentas en el oficialismo?

La coalición oficialista tiene como fuerza base el Pacto Histórico, que está compuesto por 20 senadores; a los que se suman cinco del Partido Comunes (ex Farc). Aunque en las toldas gobiernistas se da por seguro que contarían con el apoyo también de los dos senadores indígenas (Aida Quilcué, del MAIS, y Richard Fuelantala, de AICO), algunos observadores recuerdan que este último ha tenido roces con algunos ministros respecto a trámites parlamentarios.

Se supone que el resto de la bancada de la centroizquierda la complementan los senadores de la coalición Centro Esperanza-Alianza Verde con 10 escaños, de los cuales hay seis senadores que apoyarían al Gobierno y cuatro que se comportan como independientes: Jonathan Pulido Hernández, Angélica Lozano Correa, Berenice Bedoya Pérez e Iván Leónidas Name Vásquez.

Por ejemplo, Angélica Lozano no solo cruzó duros trinos con el presidente Petro esta semana por dicha consulta y la anticorrupción que ella y su pareja, la exalcaldesa Claudia López, impulsaron en agosto de 2018, sino que indicó que es imposible reducir 148 artículos (65 de la reforma a salud y 83 de la laboral) a preguntas directas de Sí o No.

No se sabe qué pasará con Ariel Ávila, quien figura entre los seis senadores de esta coalición que apoyan al Gobierno, pero que esta semana indicó que la convocatoria de la consulta popular es complicada.

Así las cosas, la Casa de Nariño tendría 33 votos en el papel a favor de que el Senado se pronuncie positivamente sobre la convocatoria a consulta popular nacional, distante de los 53 votos que se requieren en este momento para lograr las mayorías.

El Gobierno comenzó el mandato con una coalición mayoritaria en donde dominaba en el Senado con 78 curules, pero a finales de abril de 2023 este bloque se rompió por la salida de los partidos Conservador, Liberal y la U por rechazar el proyecto de reforma de la salud, que consideran inconveniente para el sistema y el servicio.

Votarían en contra

Los partidos declarados independientes y de oposición, por lo general, han votado unidos en la segunda y tercera legislatura en contra de varios proyectos del Gobierno, como ocurrió al no aprobar el Presupuesto General de la Nación de 2025.

Y es probable que también se unan contra la iniciativa de consulta popular, no solo porque sin excepción las bancadas de oposición e independientes, especialmente en Senado, se han mostrado en contra de las reformas de salud y trabajo, y que varios de sus parlamentarios dicen que el presidente pretende desconocer con este mecanismo las decisiones autónomas del Congreso, sino por el ambiente caldeado después de los señalamientos del mandatario a los integrantes de la Comisión Séptima que presentaron la ponencia de archivo del segundo de estos proyectos.

Al punto que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, le “exigió” al mandatario “que respete al Congreso y deje de amenazarnos cuando hay decisiones democráticas que no están subordinadas al querer de su Gobierno”.

Las bancadas independientes suman 45 votos: 15 del Partido Conservador, 13 del Partido Liberal, 10 del Partido de La U, 4 de MIRA y 3 de En Marcha.

Aquí hay que sumar cuatro votos de parlamentarios de Centro Esperanza-Alianza Verde que operan como independientes, con lo cual llegarían a 49 votos. Sin embargo, podría darse el caso de que los tres de En Marcha apoyen el llamado a la consulta popular, dado que esta fuerza política es orientada por el exministro del Interior en este gobierno, Luis Cristo.

No se descarta que el Gobierno logre deslizar algunos pocos votos a favor del llamado a consulta popular, del Partido Liberal y la U, especialmente este último que en el reciente remezón ministerial recibió participación en el Ministerio TIC.

En tanto que los votos de la oposición son 24, cifrados en 13 del Centro Democrático y 11 de Cambio Radical, aunque en este último hay que esperar qué decisión tomará sobre la consulta el senador Temístocles Ortega, quien recientemente llegó a la Corporación para reemplazar a David Luna, que renunció.

Ortega es cercano al Gobierno porque fue nombrado embajador en Chile, sin embargo, no se pudo dar su posesión. Al asumir la curul en febrero anterior, advirtió que “si hay posiciones muy complejas, muy difíciles, hay un mecanismo que está en la Constitución que es la objeción de conciencia y yo haré uso de todos los mecanismos para presentar mi punto de vista en el Congreso y en el país”.

No obstante, es claro que cuando los partidos adopten una posición sobre la consulta popular en los próximos días, en caso de que el Gobierno oficialice su convocatoria, los parlamentarios tendrán que adoptar la línea que se tome, como lo establece la Ley de Bancadas. De lo contrario, se someterían a investigaciones disciplinarias por parte de los comités de ética de sus respectivas colectividades y sanciones, como la suspensión del voto por varias sesiones.