¿Cómo desmontarse del tigre?

El Gobierno parece haber hecho bien las cuentas, llegando a una conclusión rotunda: aún si se aprueba la consulta popular por el Senado hay muy pocas posibilidades de que en las urnas recaude un tercio del censo electoral para ser aprobada.

A medida que pasan los días se va haciendo evidente la maniobra de repliegue estratégico gubernamental: empujar por un tiempo más la consulta popular, pero desmontarla en un momento dado antes de que sea demasiado tarde.

Todo indica que el Gobierno Petro se ha dado cuenta que la famosa consulta popular -de llevarse a cabo- muy probablemente sería un fracaso. Fue el fruto de un anuncio calenturiento que no puede terminar bien.

Y, por lo tanto, ha echado a rodar una estrategia de dos pistas que consiste en seguir empujando por un tiempo la idea de la consulta en el escenario mediático para que no se apague el fervor de la calle que desesperadamente busca Petro. Pero por otro lado se han empezado a dar las primeras puntadas para desmontar en un momento dado este incomodo tigre que él mismo sacó improvisadamente de su jaula.

Me indican que este trabajo está dividido entre los ministerios del Interior y el de Trabajo. El primero (Benedetti) fue el que le sopló a Petro la iniciativa de la consulta y está encargado de seguirla moviendo por un tiempo. Fue también el de la idea de reunir los voceros de las 60.000 juntas de acción comunal para que se transformen en juntas del “SI” por la consulta. Y es el responsable de preparar las ignotas preguntas que contendría la consulta que debe aprobar previamente el senado.

El ministro de Trabajo (Sanguino) parece que está encargado de ir trabajando desde la penumbra el aborto estratégico de la consulta.

Benedetti trabajará un tiempo más en lo suyo, hasta que en un momento oportuno Sanguino entrará a sustituirlo -no en el cargo- sino en el objetivo político de no llegar hasta la votación de la consulta.

Al retirarla de la agenda nacional, el Gobierno no pierde el decoro político ni el esfuerzo por la agitación callejera que en el fondo es lo que le interesa a Petro.

Se ha sabido que al interior del Gobierno se está abriendo paso la evidencia de que si la consulta popular llegara hasta las urnas sería prácticamente imposible que recaude una votación superior al tercio del censo electoral, que significaría casi 11,3 millones de votos positivos o negativos.  

Dejar llegar el proceso de la consulta hasta ese estadio de las urnas podría significar una vergonzosa derrota electoral para Petro y equivaldría a tener que salir del escenario político el año entrante con una apabullante derrota electoral a sus espaldas.

En el palacio de Nariño se ha recordado, además, que todos los procesos de consulta ciudadana o similares que se han ensayado en el pasado han fracasado. A Álvaro Uribe -en el cenit de su prestigio político durante su primer mandato- le falló estruendosamente el referendo que promovió del que solo una de las veinte preguntas que formuló a la ciudadanía salió airosa. Juan Manuel Santos tuvo un fracaso similar cuando no alcanzó el mínimo requerido en el plebiscito que convocó para que se ratificaran los acuerdos de paz firmados con las Farc. Y, por último, el plebiscito contra la corrupción (aunque estuvo cerca) no alcanzó tampoco a recaudar el mínimo de votos requerido.

Este tipo de participación ciudadana tienen el inmenso inconveniente que no movilizan el entusiasmo como sí lo hacen las elecciones presidenciales. Por eso el inmenso riesgo que entraña la improvisada fórmula de la consulta popular.

¿En qué consistirá un decoroso repliegue? En expedir unos cuantos decretos reglamentarios sobre temas laborales ahora y apoyar alguna fórmula de escape al embeleco de la consulta.

La fórmula consistiría en apoyar una nueva reforma laboral como la que viene impulsando el partido liberal o en revivir por la vía legislativa la reforma que resultó archivada.

Así deben interpretarse las negociaciones políticas que están teniendo lugar en el Congreso por estos días, en virtud de las cuales (partiendo de la figura de la figura de la “apelación” prevista en la ley 5 que reglamenta el proceso legislativo) se procura revivir el proyecto archivado y se podría aprobar una ley que contendría mínimos en materia de legislación laboral.

O, también, la consistente en que el Gobierno se ha manifestado dispuesto a dialogar con la propuesta de los liberales que parte de la idea de una ley laboral nueva.  

Los mínimos laborales que se lograrían por cualquiera de estas dos vías alternativas le permitirían al legislativo salvar la cara y ponerse al abrigo de las críticas de que es indiferente frente a las condiciones que rigen el trabajo en Colombia. Al Gobierno Petro le facilitaría, a su turno, desmontarse del incomodo tigre que él mismo sacó improvisadamente de la jaula. Y al fisco le ahorraría un gasto extravagante que la contraloría afora en $700.000 millones.

En ese momento, Benedetti saldría de palco escénico y el ministro Sanguino pasaría a ser actor de reparto.