Juicio político

Colombia atraviesa una de las más peligrosas encrucijadas institucionales de su historia reciente. En el corazón de esta crisis se encuentra, Gustavo Petro, jefe del Estado y cabeza de una de las tres ramas del poder público. Su conducta y la gravedad de los hechos que lo rodean han encendido señales de alarma entre ciudadanos y líderes democráticos, que claman por una salida urgente.
Por ello, resulta imperativo exigir a las fuerzas de oposición acciones decididas dentro del marco legal y democrático. No se trata de responder al caos con más caos, ni a la ilegalidad con desobediencia, sino de apelar a los mecanismos que la Constitución ofrece para enfrentar una amenaza de semejante magnitud. Y quienes escribimos desde estos espacios de opinión tenemos el deber de plantear caminos claros y viables para preservar la institucionalidad y evitar el naufragio del país.
El deterioro del entorno presidencial es inocultable. Las acusaciones sobre financiación irregular de su campaña, incluyendo el ingreso de dineros de procedencia dudosa del ministro del Interior Benedetti, sobre la recolección de 15 mil millones de pesos que nunca se reportaron, y la denuncia pública del excanciller Leyva respecto al grave problema de drogadicción del mandatario, no solo sacuden su legitimidad, sino que afectan la estabilidad misma del Estado.
A ello se suma el colapso de la gobernabilidad: pérdida del control territorial, crisis sanitaria sin precedentes, deterioro fiscal acelerado y escándalos de corrupción que minan la confianza pública. No basta con hundir reformas en el Congreso ni con promover debates en redes sociales y medios de comunicación o marchas multitudinarias. La solución de fondo exige adelantar un juicio político, en el Congreso de la República.
Algunos dirán que no existen las mayorías necesarias. Otros, que se trata de un esfuerzo condenado al fracaso, como lo fue el proceso contra Samper. Sin embargo, el contexto actual es mucho más grave. La misma incertidumbre existía sobre el Legislativo en países vecinos de la Región. Sin embargo, lo lograron. En Ecuador (1997) el Congreso destituyó por “incapacidad mental para gobernar” a Abdalá Bucarám; en Brasil, Dilma Roussef (2016) fue destituida por el Senado, por maquillar cuentas fiscales y firmar decretos económicos sin aprobación del Congreso; y Pedro Castillo en Perú (2022) fue destituido, después de anunciar la disolución del Congreso y la declaratoria de “gobierno de excepción”. ¿Por qué Colombia habría de resignarse al deterioro sin siquiera intentarlo?
El juicio político es una figura propia de los regímenes presidenciales, concebida para delimitar los abusos del Ejecutivo y, de ser necesario, declarar la indignidad de quien ocupa la primera magistratura. Iniciar ese proceso en Colombia sería un acto de responsabilidad histórica. Si el Senado da el primer paso con un debate riguroso y bien sustentado, para entregarle insumos y pruebas valiosas a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la cual debe asumir su rol con seriedad, el país podría recuperar la senda de la legalidad y el equilibrio institucional. Los ejemplos de Ecuador, Brasil y Perú, son aleccionadores.
Cuando la legitimidad del poder ejecutivo se desmorona y se pone en alto riesgo la estabilidad del Estado, como ocurre en Colombia, es deber del Congreso actuar con determinación. De lo contrario el juicio político será en las urnas contra los congresistas. Así mismo, si la institucionalidad y la democracia se encuentran en peligro, el silencio ciudadano no es una opción.
@ernestomaciast