Sin resolver los problemas

La presentación de las 12 preguntas que el Gobierno incluirá en la consulta popular, que promueve para avanzar la reforma laboral, agitó el debate sobre la iniciativa en los frentes político y jurídico. En el primero, como era de esperarse, la administración Petro busca usar este mecanismo de participación ciudadana para aprobar medidas con el mismo espíritu y dirección que el proyecto de ley que archivó el Senado.

La estrategia gubernamental, además, es abiertamente electoral en cuanto a convocar esta consulta popular para energizar sus bases con miras a las elecciones parlamentarias y parlamentarias del próximo año. El ministro del Interior, Armando Benedetti, lo expresó en Casanare, cuando afirmó que la “mini-reelección del presidente es el primero de mayo en la marcha que se va a hacer y en la consulta popular”.

Si bien las cuentas dentro de los senadores a cargo de aprobar este instrumento participativo están apretadas, el gobierno Petro ya empezó campaña al instalar los comités del Sí, sin que la consulta esté debidamente aprobada y revisada por la Corte Constitucional. Es decir, las discusiones jurídicas rodean la propuesta por todos los lados: el contenido de las preguntas, la redacción confusa y antitécnica de algunas, y los tiempos y gastos de la campaña gubernamental.

No sobra detenerse un momento ante este vértigo de anuncios y de movimiento electoral para reiterar lo que significa que la Casa de Nariño busque aprobar por consulta lo mismo que impulsó por el Legislativo. En primer lugar, es una oportunidad perdida de consenso con las fuerzas opositoras y con los sectores empresariales. Muy pocos niegan que el marco laboral colombiano requiere cambios y actualizaciones; no obstante, la propuesta del gobierno Petro se enfocó en elevar los costos en vez de introducir medidas para crear más empleo y reducir la informalidad. Segundo, las preguntas de la consulta replican las falencias y las ausencias del articulado hundido: un énfasis en mejorar las condiciones de las minorías que hoy tienen trabajo formal. En vez de incentivar que los empleadores contraten formalmente a más colombianos, la reforma laboral petrista, según Fedesarrollo, aumentaría en 10% el costo de nómina para un microestablecimiento comercial. Más aún, avanzar en estos cambios podría traducirse de inmediato en una pérdida de alrededor de 450.000 empleos y un aumento de dos puntos porcentuales en la informalidad.

Estas son las consecuencias que los colombianos no deberían perder de vista y que ratifican la inconveniencia de la propuesta del Gobierno. La política laboral del Estado colombiano debe concentrarse en sus problemáticas estructurales más graves: una tasa de desempleo de largo plazo que persiste en ubicarse por encima de 10% y una altísima tasa de informalidad laboral en el 57%.

Asimismo, las normas laborales necesitan ajustarse a las transformaciones sociales y económicas del aparato productivo y a las necesidades en formación y preparación para las mujeres, los jóvenes y otras poblaciones. La seguridad social en Colombia está en mora de reformas en sintonía con sus falencias estructurales y con el objetivo de fortalecer la protección a la mayoría de ciudadanos.

Desafortunadamente, generar más empleo formal y bajar los informales no es la dirección que el gobierno Petro busca en su iniciativa.

Ahora que el afán electoral y los ‘fuegos pirotécnicos’ de la campaña comienzan a tomar fuerza para dividir, los colombianos no deben dejarse distraer de la inconveniencia de impulsar cambios laborales que no se traduzcan en más puestos de trabajo, más estables y más formales.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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@pachomiranda