¡Es la seguridad!

No parece detenerse el deterioro de la seguridad en el territorio nacional en medio del creciente fracaso de la estrategia de ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro. Situaciones que se presentaron en años pasados del conflicto- como el despliegue de un ‘plan pistola’ contra miembros de la Fuerza Pública- regresan con fiereza ante el desconcierto de las autoridades y la desesperanza de la ciudadanía.

Trece policías y cinco militares, asesinados en esos ataques sicariales, sumados a siete soldados víctimas de una emboscada, constituyen la más reciente muestra tanto de la urgente necesidad de un giro drástico en la política de seguridad de Petro, como de la falta de una ruta clara del Gobierno Nacional en esa dirección. Ni la llegada de un ex general a la cabeza del ministerio de Defensa se tradujo en un cambio sustantivo en el abordaje generoso del presidente Petro frente a estos grupos criminales organizados.

Las propias estadísticas oficiales del Ministerio de Defensa, con corte al primer trimestre de este 2025, reflejan la pérdida de rumbo de la seguridad nacional. Si bien los hurtos, la lucha contra el narcotráfico y la extorsión registran mejorías, los indicadores muestran, en comparación con el mismo período del año pasado, aumentos en los homicidios (2 por ciento), secuestros extorsivos (74 por ciento), víctimas de masacres (9 por ciento), actos terroristas (30%), voladuras de oleoductos (333 por ciento) y voladuras de vías (33 por ciento).

Sin contar los uniformados caídos en el ‘plan pistola’, los miembros de la Fuerza Pública muertos y heridos en actos de servicio habían aumentado un 128 y un 84 por ciento, respectivamente. En paralelo con estas bajas de los militares y policías, las distintas organizaciones al margen de la ley, en teoría en diálogos de paz con el gobierno Petro, no hacen más que fortalecer sus respectivas presencias regionales y continuar impactando a la Fuerza Pública, que luce incapaz de articular una respuesta contundente.

Embebido en la consulta popular de la reforma laboral y enfocado en la anticipación de la campaña electoral del 2026, el presidente Petro y su gobierno no le da la prioridad ni urgencia requeridas a la situación de seguridad. El retroceso en este frente ha sido inocultable con múltiples impactos en la vida, la integridad y la tranquilidad para hacer negocios en varias regiones del país.

Si en la seguridad territorial llueve, en la urbana no escampa. De acuerdo a la más reciente encuesta Invamer de abril pasado, la inseguridad es el principal problema tanto de los colombianos en general como de las seis grandes ciudades. Mientras un 83,4 por ciento de los bogotanos, un 81,9 por ciento de los barranquilleros y un 82,1 por ciento de los cartageneros se sienten ‘inseguros’ y ‘muy inseguros’, el 74 por ciento de los caleños y los bumangueses afirma lo mismo.

No sorprende entonces que en esa misma medición, dos tercios de los colombianos crean que la ‘paz total’ va por mal camino. Más aún, en lo corrido del gobierno Petro, el apoyo ciudadano a la premisa de enfrentar los grupos ilegales mediante “no dialogar y tratar de derrotarlos militarmente” se ha duplicado de 21 a 44 por ciento.

Si la confianza de los colombianos en la capacidad del presidente Petro de avanzar hacia la paz está mayoritariamente perdida, la paciencia de dialogar por dialogar continúa agotándose. La narrativa presidencial del bloqueo institucional y la ‘victimización’ está siendo un éxito y Petro viene subiendo en las encuestas. Sin embargo, frente a la ‘paz total’, la Casa de Nariño carece de excusas frente a una política que está costando vidas y debilitando a la Fuerza Pública.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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