Grave daño a la democracia

El pueblo escoge a los miembros de las corporaciones legislativas con la convicción de depositar una legítima confianza en personas dignas de ejercer los cargos de forma responsable y desprendida de intereses particulares.

Sin embargo, los factores distorsionantes de la transparencia de los procesos electorales, desde un principio resquebrajan los cimientos de la organización social y permiten anticipar que quienes los aprovechan para arribar a las altas posiciones, seguramente van a actuar de espaldas a sus electores, traicionándolos de una manera descarada.

La presencia en los comicios de ganancias provenientes de la corrupción pública y de otras actividades ilegales, permean la moralidad y permite la participación de individuos carentes de un compromiso con el bien común.

A través de la historia, el prestigio del parlamento ha resultado deteriorado por la reiterada incidencia en los resultados electorales favorables de algunos de sus miembros, de la compra de votos con recursos originados en dichas fuentes y en el abuso de la contratación oficial regional con la complicidad de grupos armados, así como con el fruto del constante desfalco al tesoro a través de contratos fraudulentos celebrados por directivos de entidades nacionales, gobernadores y alcaldes. A lo anterior se suma el estimulo de actos corruptos por el chantaje de varios congresistas, para recibir pagos de los gobiernos de turno por cuenta de la prostitución de su voto legislativo.

El panorama resulta aún más grave a pesar de la valerosa acción de la justicia al castigar a los beneficiarios de tales ilícitos, porque algunos de estos sancionados perpetúan su presencia en dicho organismo colegiado o en gobernaciones y alcaldías, en el cuerpo ajeno de sus esposas, hijos y parientes, patrocinándolos a los mismos cargos que desempeñaban, con el uso de la fortuna obtenida criminalmente por ellos.

Este círculo nefasto debe ser erradicado de raíz y para esto es urgente una verdadera reforma política. Solo así se evitarían caminos traumáticos de revocatorias de mandatos o alternativas más extremas. Además, se requiere en la sociedad una cultura de reproche, la reclusión de los investigados y condenados sin consideraciones especiales en centros carcelarios diferentes a sedes militares y la recuperación de los dineros sustraídos buscándolos en su patrimonio y en el de sus familias. Los hechos que llevaron a la captura de los expresidentes del Senado y de la Cámara, son otro golpe más a la imagen del Congreso y a la de todo el Estado. Lo preocupante es que, por los mismos hechos, terminarán siendo objeto de similar consecuencia otros congresistas y altos funcionarios, aumentando, sin lugar a dudas, la desconfianza en las instituciones. Todo parece ser la repetición, una vez más, de una película varias veces exhibida en el pasado.

GUSTAVO HUMBERTO COTE PEÑA
Exdirector de la Dian