El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, junto a los hermanos Mauricio y Germán Tarazona en la obra del hospital de Málaga, Santander.
Al estilo Robin Hood, la promesa en salud del gobierno Petro es quitarles plata a las EPS “corruptas” para dárselas a hospitales públicos de las regiones. Pero, en la práctica, como revela esta investigación de La Silla Vacía, 1 de cada 5 pesos que el ministro Guillermo Jaramillo destinó en 2023 para cumplir esa promesa de Petro ha terminado en contratos con visos claros de corrupción y favorecimiento político a congresistas del petrismo y sus aliados en partidos tradicionales.
234 mil millones, de un total de 1,2 billones de pesos comprometidos ese año en infraestructura hospitalaria, quedaron en manos de un grupo de contratistas con trayectorias modestas y cuestionadas. Desde la victoria de Gustavo Petro, estos empresarios están viviendo la mejor racha de su vida profesional, tras ganar en procesos con serias irregularidades.
Los contratos fueron otorgados directamente por los hospitales públicos de manera separada en cuatro departamentos, pero tienen varias cosas en común.
Primero, que dos de los empresarios que aparecen o ejecutan obras en todos los contratos hicieron campaña para el Pacto Histórico en 2022, cuando el hoy ministro era gerente de la campaña de ese partido al Senado.
Segundo, las obras se adjudicaron en licitaciones con indicios de corrupción, y las interventorías, que son las encargadas de vigilar que la plata se invierta bien, tienen vínculos directos con los contratistas. Una concentración que revela indicios de un carrusel de contratación.
Y tercero, que el ministro Jaramillo les ha otorgado réditos políticos por esas obras a congresistas. Eso pese a que el Ministerio de Salud ha dicho que todas las inversiones obedecen a criterios técnicos.
Una de las principales advertencias que hicieron al gobierno Petro sobre volcar el modelo de salud a la atención a través de hospitales públicos, sin los controles necesarios, era el riesgo de que la plata fuera capturada por políticos y contratistas.
El riesgo ya se concretó.
De la campaña por el Pacto, a los contratos con plata del MinSalud
En 2022 un carro escarabajo Volkswagen de color amarillo se convirtió en uno de los símbolos de la campaña del Pacto Histórico en Santander.
El carro con la propaganda de la campaña del ahora presidente Gustavo Petro y de su coalición de partidos era usado como atracción en eventos políticos. Aparecía junto a las comitivas y acompañaba a los candidatos en sus correrías.
El carro es de Germán Tarazona Torres, hermano gemelo del arquitecto Mauricio Tarazona Torres. Además del carro, los Tarazona promovían eventos para la lista al Congreso del Pacto, de la que fue gerente el hoy ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.
La congresista a la que dieron su apoyo los gemelos fue Gloria Flórez, senadora del Pacto Histórico y hoy presidenta de la Colombia Humana, partido del presidente Petro.
Hasta antes de la victoria del Pacto Histórico, los gemelos Tarazona Torres eran conocidos como contratistas de hospitales con contratos relativamente pequeños a través de una fundación llamada Corporación Sersocial. Según sus registros empresariales más recientes publicados en Cámara de Comercio, de 50 contratos registrados, 34 eran de menos de 500 millones.
Aun así, ya habían mojado prensa por ejecución deficiente de recursos públicos. En 2017, tuvieron que devolver plata por hacer mal estudios y diseños de centros para salud en Bucaramanga, y en 2016 cedieron un contrato para hacer los estudios y diseños de un hospital en San Gil (Santander). En ambos casos, de acuerdo a reportes de prensa, el Ministerio de Salud no aprobó lo que hicieron.
Pero en 2023 la suerte les cambió.
Mientras Germán Tarazona apoyaba activamente la campaña del Pacto Histórico en Bucaramanga para las elecciones regionales de ese año, los hermanos empezaron a ganar megacontratos para remodelar hospitales.
Entre agosto de 2023 y marzo de 2024 se quedaron con 6 megacontratos que suman 234 mil millones de pesos, junto a otros dos socios: Carlos Gutiérrez y Carlos Olarte Martínez.
Mauricio Tarazona le dijo a La Silla que el único que está metido en política es su hermano gemelo Germán porque “a mí no me queda tiempo” y solo reconoció que sí asistió a “un desayuno de empresarios” invitado por su hermano.
Por su parte, la senadora Flórez aseguró: “Mi relación en todos estos años ha sido con Germán Tarazona, quien me ha presentado a sus hermanos empresarios, pero con quienes no he tenido ningún tipo de relación”.
Pero la invitación al evento político aparece firmada por “los hermanos Tarazona Torres” y fue publicada por Germán Tarazona en sus propias redes sociales.
Además, Carlos Gutiérrez, el otro socio en los contratos, dice que Mauricio Tarazona es un “petrista acérrimo”: “Mauricio Tarazona es petrista, por eso tenemos mucha diferencia en cuanto a temas políticos (…) Yo lo molesto mucho por eso: le digo, hermano usted es petrista acérrimo y ni siquiera un vaso de agua, ni siquiera lo tratan cuando van a las obras”.
Contrario a lo que afirma Gutiérrez, los gemelos Tarazona no solo llevan una racha de contratos, sino que han posado junto al ministro Jaramillo en visitas de obras.
Carlos Gutiérrez es socio de los gemelos Germán y Mauricio Tarazona desde hace “más o menos 20 años”, según dijo a La Silla Vacía. Inició trabajando con ellos en una empresa llamada Corporación Sersocial, pero su sociedad solo apareció en papeles desde 2020.
Ese año, Gutiérrez y los Tarazona crearon una empresa llamada TGA Asociados, a la que le transfirieron toda la experiencia de Sersocial. Se trata de una movida legal en el mundo de los contratistas en la que se traslada el recorrido en contratación de una empresa a la otra para que compita en licitaciones. Los gemelos, a través de Sersocial y a nombre de Mauricio, tienen el 50,5% de la participación, mientras Gutiérrez tiene el 49,5% restante.
Carlos Gutiérrez, el socio de los Tarazona, pasó del anonimato al desprestigio en un escándalo de corrupción en 2017. Hizo parte del entramado para entregar el millonario negocio de las basuras en Bucaramanga, que fue conocido como el caso “Vitalogic” por el que Rodolfo Hernández fue condenado antes de morir. (Vea aquí el detalle de su participación).
El papel de Gutiérrez fue sonoro porque su nombre apareció en el contrato donde se pactaba una coima para el hijo de Hernández en caso de que se ganaran el negocio de las basuras. Pero, Gutiérrez aseguró a La Silla Vacía que solo fue citado por la Fiscalía como testigo y no fue vinculado a un proceso penal por ese caso.
Fue a través de Gutiérrez que los Tarazona conocieron a Carlos Manuel Olarte Martínez, el contratista que se asoció con TGA Asociados para lo que terminó siendo este carrusel de contratación en hospitales.
Olarte, según registros públicos de contratación, es un contratista que se movía principalmente en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Tuvo su primer auge entre 2005 y 2015, contratando tanto a nombre propio como a través de dos fundaciones: Manos Amigas por Colombia e Inprolat. Ambas organizaciones terminaron metidas en denuncias en 2011 y 2015 por incumplimiento o deficiencias de contratos, al mismo estilo de sus socios.
Luego, Olarte bajó su perfil, pero a finales de 2022 volvió a contratar obras de entre 500 y 3 mil millones de pesos en la regional Pacífico de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
En septiembre de 2022 Olarte se quedó con el contrato de remodelación del hospital de Yumbo, en Valle, por 37 mil millones financiado con recursos del municipio. Aunque, en ese consorcio no figura TGA Asociados, Carlos Gutiérrez le dijo a La Silla Vacía que lo ejecuta junto con Olarte. “Estoy haciendo algunas actividades en ese proyecto”.
Para 2023 Carlos Olarte y TGA Asociados empezaron a armar consorcios para presentarse a licitaciones de hospitales. Ahí les llegó la bonanza.
Los seis contratos para mejoramiento de hospitales
Los recursos del Ministerio de Salud para la financiación de infraestructura hospitalaria empezaron a fluir a mediados de 2023 cuando Jaramillo le pidió al Ministerio de Hacienda que reasignara 1,2 billones de pesos que inicialmente estaban destinados a pagar “aseguramiento”. Esa es la plata que gira el Estado para pagar la UPC, atención a pacientes con enfermedades raras, accidentes de tránsito, entre otros.
El Ministerio de Salud dice que no tiene que ver con la contratación de las obras porque le da la plata a cada hospital para que escoja a los contratistas.
Aunque esa práctica se ha repetido en varios gobiernos, mantener la contratación de los recursos en los hospitales permite que las obras se adjudiquen en procesos menos abiertos.
Los hospitales tienen manuales de contratación con normas que pueden acomodar según su necesidad. Por ejemplo, cuando necesitan comprar medicamentos hacen procesos exprés por la urgencia de la compra. Usando esas reglas preferenciales se hicieron las licitaciones de las obras de infraestructura hospitalaria.
Solo en 2023, en 6 procesos TGA Asociados y Olarte participaron en consorcios que se quedaron con la construcción y remodelación de hospitales en Vaupés, Santander, Huila y Cesar por 234 mil millones de pesos. Ese monto es 1 de cada 5 pesos que desembolsó el Ministerio de Salud a las regiones para infraestructura ese año.
La racha de TGA Asociados y Olarte empezó en medio de denuncias en Santander.
En agosto de 2023 Vanguardia Liberal denunció que la licitación con la que el Hospital de Málaga (Santander) adjudicó 64 mil millones, solo les daba a los interesados dos días para armar una oferta. El resultado fue que solo llegó un oferente: un consorcio integrado por TGA Asociados y Carlos Olarte.
Con el ruido mediático, el mismo Ministerio de Salud denunció ante la Procuraduría la licitación exprés, señalando que había requisitos que “condujeron” a que solo hubiese una oferta. Sin embargo, fue el mismo Ministerio el que abrió la posibilidad de que las obras se adjudicaran de esa manera, delegando la contratación directamente a los hospitales.
La misma historia de Málaga (Santander) se repitió en el resto de las regiones donde participaron TGA Asociados y Carlos Olarte.
En los otros 5 hospitales ganaron en convocatorias exprés y en 4 de ellos también fueron los únicos oferentes. En todos los procesos se dieron entre 1 y 3 días hábiles para presentar ofertas a los interesados en competir por la obra, pese al nivel de detalle que se exigía.
Solo dos de los seis gerentes que entregaron esos contratos (José Luis Medina en la ESE García Rovira (Santander) y Dayra Mejía en la ESE Álvaro Ramírez (Cesar)) le respondieron a La Silla Vacía. Ambos justificaron los apretados tiempos en que sus manuales de contratación lo permitían.
A pesar de los tiempos exprés de las licitaciones, TGA Asociados y Olarte tenían varias centenas de páginas listas para participar, con presupuestos detallados de cantidades de materiales de construcción para cada obra.
“Ofende a la lógica, el pretender que alguien pueda elaborar una oferta, conseguir pólizas, los profesionales y demás, en 48 horas, para una obra que tiene tiempos de ejecución de 18, 24 meses”, dice Rodrigo Fernández, experto en contratación pública.
Sobre la capacidad de los consorcios para armar detalladas ofertas en tiempo récord, Carlos Gutiérrez explicó: “Yo le pongo a trabajar 10 a 20 ingenieros a un solo proyecto. Yo tengo todo bien organizado“.
Además de los tiempos, La Silla Vacía encontró que en todos los procesos hubo quejas porque se pedían requisitos desproporcionados o demasiado ajustados para la magnitud de lo que estaban contratando.
- En el hospital de San Andrés (Santander) se quejaron porque incluyeron dentro de los criterios de evaluación una visita para inspeccionar el sector donde se construirá la obra. Cumplir con la visita y formular la propuesta en solo 3 días hábiles era demasiado ajustado. De hecho, en esa licitación denunciaron directamente que el proceso estaba diseñado para favorecer a TGA y Carlos Olarte.
- En el hospital de Rivera (Huila) pidieron que el contratista tuviera experiencia en obras tres veces más grandes que la que estaba licitando y en el suministro de equipos médicos, aunque el contrato era de infraestructura.
- En el hospital de San Agustín (Huila) pidieron experiencia de 15 años para el maestro de obra.
- En el hospital de San Martín (Cesar) pidieron acreditar la experiencia con 5 contratos que ya estuvieran ejecutados y liquidados.
Sobre esa cascada de denuncias, el ministro Jaramillo respondió que, además del hospital de Málaga (Santander), ha hecho solicitudes de “control preventivo” a entes de control sobre los hospitales de San Martín (Cesar), Rivera (Huila), Mitú (Vaupés).
Más allá de lo apretado de los tiempos y de las advertencias de direccionamiento, La Silla Vacía encontró que las sociedades TGA Asociados y Carlos Olarte presentaron 8 perfiles de equipo de trabajo repetidos en los hospitales que ganaron.
Ese personal es clave porque con base en esas hojas de vida las ofertas cumplieron los requisitos para ganarse los contratos. Y de hecho, en varias licitaciones se exigió la carta de compromiso de esas personas para trabajar en la obra.
Por ejemplo, Alexis Rondón, residente de obra, quedó comprometido en cuatro licitaciones distintas para trabajar 8 horas diarias. Después de la racha ganadora, Rondón, en papel, trabaja 32 horas al día, en Santander, Huila (en dos obras) y Cesar. No es el único caso de omnipresencia contractual.
Sobre la racha de contratos en procesos de único oferente, Gutiérrez aseguró que “me he presentado como a unos 30 proyectos hospitalarios. Así como he ganado, he perdido muchas licitaciones también compitiendo”.
Y sobre los perfiles que tienen que trabajar más horas de las que tiene un día en diferentes regiones sostuvo: “Uno presenta las hojas de vida y en el momento de la contratación les hace uno un ofrecimiento a ellos, y si les sirve, bien, y si no les sirve, pues uno dice ‘bueno listo’. De esos profesionales tengo muchos trabajando y en otros me ha tocado reemplazarlos con otras hojas de vida mejores o iguales”.
Gutiérrez, además, aseguró que en el caso de Hospital de Mitú (Vaupés) “le compraron la experiencia” y que no lo está ejecutando su empresa TGA, sino Acuitec, la firma que tiene el 60 por ciento del consorcio que armaron para ejecutar ese contrato de 87 mil millones de pesos. “Eso es normal en los negocios”, dijo el contratista.
El lío de esa práctica es que si la empresa que tiene la experiencia para hacer ese tipo de proyectos no participa en la ejecución, aumentan los riesgos de que la obra quede mal hecha y que le terminen adicionando recursos.
Sobre los contratos, el gemelo Tarazona dijo que “lo público es muy tenaz, uno se presenta, califica, y viene toda la cantidad de conjeturas, toda la cantidad de mentiras, toda la cantidad de cosas negativas contra los contratistas”.
El carrusel entre contratistas, interventorías y supervisores
Como los contratos de obra, los contratos para las interventorías fueron adjudicados en procesos de selección de único oferente. Las interventorías son claves. Al mismo tiempo que se licita una obra, se abre un proceso para contratar a las empresas encargadas de vigilar que los constructores hagan bien los proyectos.
Sin el visto bueno de las interventorías no se pueden desembolsar pagos ni aprobar adiciones de plata o de tiempo a la obra. Por eso, es común que en contratos que terminan cuestionados por corrupción, las interventorías sean aliadas de los contratistas.
En el caso de este carrusel de los hospitales, hay señales de alerta claras. Las 6 uniones temporales que ganaron los contratos para vigilar los consorcios de TGA Asociados y Carlos Olarte, están concentradas en 4 empresas, 3 de las cuales tienen relaciones directas con los contratistas.
La Fundación Edificando Colombianos, Edicol, está en cuatro de las uniones temporales que hacen interventoría y tiene relaciones directas con Carlos Olarte.
- Aixa Clarena Olarte, hermana de Olarte, fue secretaria de Edicol.
- Andrés Zapata Paredes, el representante legal suplente de Edicol fue socio de Olarte en la Fundación Manos Amigas.
- Luis Murillo, el revisor fiscal de Edicol, fue revisor fiscal de Fundación Manos Amigas.
En agosto de 2024 al Hospital de Mitú llegó una queja en la que se denunciaba que Edicol había mostrado certificaciones falsas de un supuesto contrato en Antioquia. El hospital comprobó que la denuncia era cierta y revocó el contrato de interventoría por la falsedad. La obra de Mitú está parada mientras contratan una nueva interventoría.
La Silla Vacía encontró que Edicol utilizó la misma certificación para ganarse los contratos de interventoría de las obras del hospital de San Agustín (Huila) y en el de San Martín (Cesar). Incluso, esa experiencia fue presentada en otro hospital en Guapi (Cauca) que vale 35 mil millones y que también construye Carlos Olarte.
Edicol ha sido salpicada directamente en escándalos de corrupción. El senador Temístocles Ortega, un aliado del gobierno Petro en Cambio Radical, está en juicio en la Corte por entregarle a esa fundación un contrato basado en información falsa, cuando fue gobernador del Cauca. Ortega fue anunciado como embajador de Petro en Chile en 2023, pero su nombramiento no se concretó.
La socia de Edicol en la interventoría de Vaupés, se llama Procinco SAS y tiene un antecedente similar. Esa empresa está vinculada al escándalo de corrupción que tiene en juicio ante la Corte Suprema al exsenador Richard Aguilar y al exrepresentante Edwin Ballesteros por pedir coimas en millonarios contratos en Santander.
TGA Asociados, la socia de Olarte en los contratos de obra para los hospitales, también tiene relaciones con las interventorías.
Carlos Gutiérrez Pinto, figura con nombre completo, cédula y correo electrónico, radicando papeles de Cámara de Comercio de Construcciones Verdes, la interventora de los hospitales de San Martín (Cesar), San Andrés (Santander) y San Agustín y Rivera (Huila).
“No sé por qué aparezco ahí. Yo ni voy a la Cámara de Comercio”, respondió Gutiérrez.
Sitelsa, empresa que le hace interventoría a las obras de San Martín (Cesar) y San Andrés (Santander), tiene vínculos con dos de las empresas que están haciendo las obras de esos hospitales: TGA Asociados y Discep (dueña del 30% del consorcio en el contrato del Cesar).
- Héctor González Gómez, accionista de Discep, figura en expedientes de Cámara de Comercio de Sitelsa.
- Juan Carlos Mantilla es revisor fiscal de Discep y fue miembro de la junta directiva de Sitelsa.
- TGA Asociados y Sitelsa hicieron juntos estudios y diseños para la remodelación del hospital de Málaga, Santander. Luego TGA se quedó con el contrato de obra en Málaga y un accionista de Sitelsa, Cristian Rangel Meneses, se convirtió en representante legal de la interventoría de Málaga.
Los vínculos entre los contratistas e interventores llegan hasta los supervisores, que son trabajadores de cada hospital encargados de también deben dar el visto bueno de lo que ejecuta el contratista y lo que aprueba la interventoría.
Julián Andrés Niño Ortega figura en los procesos de contratación del hospital de San Martín (Cesar) y San Andrés (Santander) como apoyo técnico a la supervisión. Antes de trabajar en los hospitales fue empleado de la interventora Sitelsa entre 2021 y 2023.
Niño respondió a La Silla Vacía que no declaró conflicto de interés para supervisar esas obras porque ya no tiene vinculación laboral con Sitelsa, y dijo que actualmente solo supervisa el hospital de Santander, porque en Cesar se le acabó el contrato.
Así se ve la red de vínculos entre contratistas, interventores y supervisores:
En los seis contratos que las interventorías deben revisar, los hospitales les habilitaron plata a los contratistas sin que hubieran puesto el primer ladrillo: En cinco —San Andrés y Málaga (Santander), San Agustín (Huila), San Martín (Cesar) y Mitú (Vaupés)— el anticipo fue del 40%. En Rivera (Huila) el anticipo fue del 15%. Es decir, TGA y Olarte arrancaron obras con una caja sumada de 90 mil millones de pesos públicos.
La plata de los anticipos se maneja así: el hospital la guarda en una fiducia, y el contratista puede sacarla con autorización de la interventoría certificando que es para pagar gastos de la obra. Por eso la interventoría debe ser independiente del contratista.
De los seis hospitales, en uno ya es un hecho que se necesitará más plata. Según explicó a La Silla Vacía, César Becerra, gerente del hospital de García Rovira (Málaga, Santander), “porque los estudios previos al inicio del contrato hubo algunos imprevistos que no se tuvieron en cuenta”.
Esos fueron los estudios que hicieron en conjunto TGA Asociados, que ahora es la contratista de la obra, y Sitelsa, cuyo accionista, Cristian Rangel, es representante legal de la interventoría en ese contrato.
Pese a esas relaciones, Gutiérrez considera que todos los consorcios en los que participa no tienen conflictos de interés con las interventorías. Olarte no respondió las preguntas enviadas por La Silla Vacía.
La rentabilidad política
Según el Ministerio de Salud cada proyecto que recibe financiación es escogido tras pasar por una extensa revisión técnica. Pero, cuando el ministro Guillermo Jaramillo visita las obras, les da crédito a políticos por la gestión.
Solo en los que están ejecutando las sociedades entre Tarazona, Gutiérrez y Olarte ha atribuido las gestiones así:
- En San Agustín y Rivera, Huila, que, sumados cuestan 38 mil millones, le atribuyó los proyectos a la representante a la Cámara Leyla Rincón, que hace parte de la coalición del Pacto Histórico. Incluso, en un video publicado por la congresista, el ministro Jaramillo reclamó a los empleados del hospital de Rivera por no darle el crédito de la plata al Pacto Histórico: “es desagradable”, dijo.
- En el Hospital de Mitú, que recibió 87 mil millones del Ministerio de Salud, el crédito fue para el representante de La U de la comisión séptima, Camilo Ávila, a quien le reconoció “muy especialmente” el trabajo que viene haciendo Bogotá”. Esa comisión es la que tramita proyectos como el de la reforma a la salud.
- En Santander visitó las obras del hospital de Málaga junto a la senadora Gloria Flórez, la misma a la que los Tarazona le hicieron campaña. En esa visita también estuvo la senadora Sandra Jaimes, del Pacto Histórico, y el representante Juan Manuel Cortés, quien en el Congreso suele votar a favor de los proyectos que respalda el gobierno. Jaimes y Cortés aseguraron que fueron a la visita por invitación del Ministerio de Salud y de Presidencia. Flórez dijo que “he acompañado al presidente y al gobierno (…) para presentar los avances en los proyectos y las obras”.
“Si en alguna ocasión, se ha expresado agradecimientos a líderes representativos en sus regiones se debe al reconocimiento de estos, por poner de presente las necesidades en materia social de las regiones con mayores carencias del país. (…) Los congresistas tienen dentro de sus funciones, hacer seguimiento a los proyectos que tienen que ver con sus regiones o con la Nación”, respondió el ministro Jaramillo.
Sin embargo, en sus visitas, Jaramillo no solo posa en las fotos con políticos con curul, también usa los recursos del Ministerio de Salud para promover políticos locales.
Por ejemplo, Juan de Dios Tarazona, quien fue el coordinador de la Colombia Humana en Santander para las legislativas, mientras Jaramillo coordinaba nacionalmente la campaña al Congreso. En 2023 Jaramillo le dio el crédito por la inversión para hospitales en Santander. Para entonces, estaba arrancando su campaña como candidato a la Alcaldía de Floridablanca, Santander.
Tarazona, además, es amigo personal del presidente Gustavo Petro con quien militó en la guerrilla del M-19. Según dijo en una entrevista en septiembre de 2023, el presidente Petro “se quedada en mi casa cuando estaba por aquí”.
Su perfil también cambió con la llegada de Petro al poder. Aunque se quemó en su aspiración a la Alcaldía de Floridablanca, empezó a ser identificado como un político útil para atraer recursos. En Málaga, el mismo municipio al que le destinaron 60 mil millones para el hospital, lo contrataron para apoyar “la gestión de recursos de inversión”.
“Esa invitación fue ‘ábrame puertas en el gobierno nacional’. Me acercó al ministerio de salud y sirvió muchísimo porque de ahí salió una ambulancia que le llegó al municipio con gestión de Juan de Dios y del ministro”, dijo Óscar Joya, exalcalde Málaga.
Y en 2024, el ministro Jaramillo lo contrató como enlace de su cartera en Santander para hacer seguimiento a las inversiones. Sus reportes de actividades incluyen promover y organizar marchas del Pacto Histórico en ese departamento.
Así, mientras los políticos del Pacto Histórico reciben créditos del ministro Jaramillo por la plata pública para hospitales, los contratistas que le hicieron campaña al Pacto Histórico ejecutan las obras.
Nota del editor: Después de la publicación de esta historia, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, envió respuestas a las preguntas que La Silla Vacía le hizo con dos semanas de anticipación. Su versión fue incluida.
Para ver los gráficos interactivos: https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/el-carrusel-de-hospitales-publicos-con-234-mil-millones-del-gobierno-petro/
8/05/2025 | La Silla Vacía | Por Jineth Prieto y Ana León
. https://lalinternaazul2.wordpress.com/2025/05/09/el-carrusel-de-contratacion-de-hospitales-publicos-con-234-mil-millones-del-gobierno-petro/