
Condenar la corrupción es sencillo, incluso para los corruptos, incluso para el actual gobierno colombiano y su presidente que ya acumula más de 15 escándalos de corrupción. De ahà que el año pasado Colombia haya caÃdo en el más reciente Ãndice de Percepción de la Corrupción de Transparentica Internacional. El paÃs se ubicó en el puesto 92 entre 180 paÃses, con una puntuación de 39 sobre 100, indicando una alta percepción de corrupción en el sector público.
Abundan los que la desaprueban y, al mismo tiempo, la cometen. También son muy frecuentes las propuestas de promulgar nuevas leyes, expedir regulaciones más estrictas, ajustar la constitución, crear más entidades de control y aumentar las penas para castigar a los corruptos y prevenir la corrupción. Nos van a llenar de ese tipo de discursos en la campaña polÃtica que ya está empezado. En Libertank estamos cansados de tanta palabrerÃa y de tanta hipocresÃa al respecto. El robo, el soborno y el fraude siempre han sido delitos graves, sancionados y perseguidos por las autoridades nacionales e internacionales, pero con muy pobres resultados, porque no se acierta en identificar y atacar las causas principales del problema.
La causa última de la corrupción es su éxito. No es la falta de leyes, controles, prohibiciones o entidades de vigilancia. Cada vez que se descubre un escándalo de corrupción y se crea la opinión de que los corruptos se han salido con la suya, o sea que han sido exitosos, se alimenta más la ambición de ellos y de otros que aspiran a imitarlos. Uno de los casos más graves es el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que se desviaron más de 4.000 millones de pesos destinados a la compra de carrotanques para La Guajira . Este dinero habrÃa sido utilizado para asegurar apoyos polÃticos en el Congreso para los proyectos de ley del gobierno, como el ya aprobado y terrible cambio del sistema pensional.
La corrupción surge de una crisis ética y moral, se refuerza con la impunidad y se reproduce exponencialmente con el incremento del costo de la legalidad y de la autoridad discrecional de los funcionarios del Estado.
A partir de ahÃ, desde Libertank hemos propuesto tres armas muy potentes, que se deben utilizar de forma simultánea, para combatir eficazmente la corrupción. La primera, que es también la más importante y fundamental, cuyos resultados se empezarÃan a percibir en el largo plazo, es la de promover virtudes y valores éticos, morales y cÃvicos de comportamiento prudente, responsable, honorable y honrado, en el entorno de la familia, los amigos, los negocios, el trabajo, los deportes, las empresas, los centros educativos y de las relaciones con las autoridades. Esto se concreta en las actitudes que las personas y las comunidades adoptan respecto a tres factores básicos, de los que se derivan hábitos y costumbres.
La primera es la actitud hacia la libertad, dejando de entenderla como la ausencia de restricciones y obstáculos a los impulsos, caprichos y ambiciones personales, para asumirla como el único camino a nuestra mejor versión. La segunda es la actitud hacia las autoridades y el Estado, dejando de verlos como una fuente ilimitada de recursos y de soluciones óptimas a los problemas de la sociedad, para pasar a mirarlos como nuestros empleados, con respeto, pero con recelo y exigiéndoles resultados. La tercera es la actitud ante el éxito, admirando y no envidiando a los triunfadores cuando sus logros son honestos, dejando de ver al dinero y la riqueza como la única o la principal medida del éxito en la vida, pasando a considerarlos como medios importantes, aunque insuficientes, para vivir mejor y ser nuestra mejor versión, sólo cuando se obtienen de forma honrada, al tiempo que se extiende la sana costumbre de rechazar e incluso de excluir socialmente a quienes actúan de forma deshonesta.
La segunda arma contra la corrupción, con resultados a mediano plazo, consiste en convertir la lucha contra la impunidad en una prioridad nacional. Algo que no han hecho los gobiernos recientes y mucho menos el actual. Según estimaciones de Transparencia por Colombia y de la FiscalÃa, de cada cien delitos que se cometen en Colombia, 94 quedan impunes. Esto significa que, en Colombia, un corrupto tiene, en promedio, un 94% de probabilidades de que no le pase nada. Aún más grave es que, de los seis casos que sà se sancionan, la mayorÃa de los condenados pueden conseguir beneficios judiciales, como la casa por cárcel o significativas reducciones de penas. En consecuencia, si el costo estimado de la corrupción en posibles sanciones resulta menor al beneficio que produce en dinero y poder, crecerán los incentivos para que los corruptos se reproduzcan por doquier y para que la corrupción aumente sin parar. La clave para impedirlo no está en aumentar las penas o en multiplicar las leyes y regulaciones, sino en hacer más costosa la corrupción. Para lograr eso se necesita una rama judicial renovada, despolitizada y fortalecida en su eficacia y prestigio, respaldada por medidas policiales y por una fiscalÃa bien dotada con los mejores recursos humanos y tecnológicos, con buena inteligencia, acciones encubiertas y cooperación ciudadana e internacional para que ser corrupto no sólo resulte más difÃcil, sino que se empiece a percibir que en Colombia el que la hace la paga, sin distinción alguna.
La tercera y última arma contra la corrupción, con resultados de corto plazo, implica reducir la autoridad discrecional de los funcionarios del Estado y el costo de la legalidad. La idea es volver a presumir la buena fe de las personas cuando actúen de forma pacÃfica y dentro de los lÃmites del respeto a los derechos de los demás. Esto significa que para abrir una tienda o cambiar el techo de la casa no se exijan permisos, ni tramites, ni estudios previos. AsÃ, cuando los funcionarios del Estado son los estrictamente necesarios, con presupuestos limitados y están restringidos a hacer cumplir unas pocas reglas, claras y simples, se reducen los incentivos y las oportunidades para corromper, al tiempo que se facilita la vigilancia y el control. Donde abundan las regulaciones a los asuntos privados y aumenta el poder discrecional de los burócratas, se multiplican las oportunidades para corromper, en cambio donde los funcionarios están restringidos y las normas son claras y sencillas, no hace falta corromper a nadie y las oportunidades de corrupción serán mÃnimas.
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