Aumentan denuncias de corrupción en el Gobierno

En mala hora para el Gobierno se siguen destapando escándalos de corrupción en su contra. No suficiente con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ahora, en medio de la discusión de la consulta popular, reforma laboral y reforma a la salud, en solo una semana fueron relacionados con casos de este estilo por lo menos una decena de importantes figuras del Pacto Histórico, e incluso propiamente ministros.

Desde el Congreso de la República el primer señalado es David Racero. El representante a la Cámara volvió a quedar en el centro de la discusión tras la filtración de diversos audios en su contra –en dos diferentes tandas– en los que se pueden evidenciar presuntos manejos irregulares y la solicitud de cargos públicos, en este caso en el SENA, así como nueva evidencia sobre malas prácticas laborales en un Fruver en que tendría participación el parlamentario.

Los audios y pruebas han sido revelados por parte del periodista Daniel Coronell, quien en primera instancia denunció que Racero estaría solicitando cargos en la dirección del SENA, sacando además a funcionarios pertenecientes a otras colectividades para allí posicionar a personas cercanas al Gobierno a través de contratación por prestación de servicios. Además, en esa misma filtración se estarían pidiendo puestos para un familiar de Racero dentro de la dirección nacional de esta entidad.

Por otro lado, y siendo el caso más reciente, el mismo comunicador dio nuevas pruebas sobre las presuntas malas prácticas laborales en las que el congresista estaría coordinando la contratación de trabajadoras para un Fruver, pero con precarias condiciones. “El pago es de un millón mensual. No tiene prestaciones, no tiene nada. Un millón… y sí, toca decirle que es tiempo completo. Siete de la mañana a ocho de la noche, ellos saben, un día de descanso a la semana, ellos sí tienen un día de descanso. Nos toca después ver cómo lo cubrimos y ya”, afirmaba Racero en la publicación revelada.

“Ellos tienen que… todo, ellos son toderos. No solo caja, no, sino que también arreglan, hacen pulpa y hacen aseo, lavan baños, lavan los pisos, arreglan obviamente la comida, o sea estar dispuesta para todo, o sea cajera, pero de todo”, puntualizaba frente a las funciones que tendría que cumplir la persona que optase por el cargo. Racero, si bien no desmintió los hechos, señaló que los mismos datan de la época de pandemia. Sin embargo, la Procuraduría y el Ministerio del Trabajo emprendieron investigaciones para determinar el alcance e implicación de las acciones del representante a la Cámara.

Irregularidades en salud

No solo los aspectos laborales están poniendo en jaque al Gobierno. En cuanto al sector salud, nuevos señalamientos salpican al ministro de esta cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo. Además de los contratos en los que participaría su hijo en la Adres, denunciados por el representante Andrés Forero, ahora se suma un caso de presunto clientelismo dentro del mismo Minsalud.

El caso involucra a Jairo León Vargas, uno de los más cercanos asesores con los que contó Jaramillo en esta cartera. Las conversaciones reveladas por «Cambio» indican que León Vargas habría promovido puestos en el sector salud a cambio de recibir ayudas en favor del Pacto Histórico. Dentro de estos favores se solicitaría respaldo en debates del Congreso, ayudas en encuestas de la colectividad y hasta compromisos de veeduría en las elecciones de 2026.

Una vez León Vargas dejó el Ministerio e inició en un cargo en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), allí llevó hasta siete personas que habrían participado de estos compromisos y que quedaron registrados en conversaciones de WhatsApp.

Finalmente, de acuerdo con una denuncia del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, desde el Ministerio de Salud habrían ejercido presiones para establecer pliegos de una convocatoria en un contrato de hasta 89.000 millones de pesos. Allí se realizó una intervención forzosa por parte de la Superintendencia y horas después su gerente, Cindy Vargas, fue removida del cargo, el cual tomó, por un año, Beatriz Consuegra, esposa de Jaramillo.

Además, la Gobernación denuncia que habría hasta 52 irregularidades, un incremento en sobrecostos y deudas, mientras que Sandra Ramírez, del partido Comunes, habría recibido favores políticos en el hospital departamental de Caquetá. Funcionaros explicaron que la senadora y el representante Jhon Fredy Núñez llegaron incluso a aprobar contratos y/o renovaciones de funcionarios.

En mala hora para el Gobierno se siguen destapando escándalos de corrupción en su contra. No suficiente con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ahora, en medio de la discusión de la consulta popular, reforma laboral y reforma a la salud, en solo una semana fueron relacionados con casos de este estilo por lo menos una decena de importantes figuras del Pacto Histórico, e incluso propiamente ministros.

Desde el Congreso de la República el primer señalado es David Racero. El representante a la Cámara volvió a quedar en el centro de la discusión tras la filtración de diversos audios en su contra –en dos diferentes tandas– en los que se pueden evidenciar presuntos manejos irregulares y la solicitud de cargos públicos, en este caso en el SENA, así como nueva evidencia sobre malas prácticas laborales en un Fruver en que tendría participación el parlamentario.

Los audios y pruebas han sido revelados por parte del periodista Daniel Coronell, quien en primera instancia denunció que Racero estaría solicitando cargos en la dirección del SENA, sacando además a funcionarios pertenecientes a otras colectividades para allí posicionar a personas cercanas al Gobierno a través de contratación por prestación de servicios. Además, en esa misma filtración se estarían pidiendo puestos para un familiar de Racero dentro de la dirección nacional de esta entidad.

Por otro lado, y siendo el caso más reciente, el mismo comunicador dio nuevas pruebas sobre las presuntas malas prácticas laborales en las que el congresista estaría coordinando la contratación de trabajadoras para un Fruver, pero con precarias condiciones. “El pago es de un millón mensual. No tiene prestaciones, no tiene nada. Un millón… y sí, toca decirle que es tiempo completo. Siete de la mañana a ocho de la noche, ellos saben, un día de descanso a la semana, ellos sí tienen un día de descanso. Nos toca después ver cómo lo cubrimos y ya”, afirmaba Racero en la publicación revelada.

“Ellos tienen que… todo, ellos son toderos. No solo caja, no, sino que también arreglan, hacen pulpa y hacen aseo, lavan baños, lavan los pisos, arreglan obviamente la comida, o sea estar dispuesta para todo, o sea cajera, pero de todo”, puntualizaba frente a las funciones que tendría que cumplir la persona que optase por el cargo. Racero, si bien no desmintió los hechos, señaló que los mismos datan de la época de pandemia. Sin embargo, la Procuraduría y el Ministerio del Trabajo emprendieron investigaciones para determinar el alcance e implicación de las acciones del representante a la Cámara.

Irregularidades en salud

No solo los aspectos laborales están poniendo en jaque al Gobierno. En cuanto al sector salud, nuevos señalamientos salpican al ministro de esta cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo. Además de los contratos en los que participaría su hijo en la Adres, denunciados por el representante Andrés Forero, ahora se suma un caso de presunto clientelismo dentro del mismo Minsalud.

El caso involucra a Jairo León Vargas, uno de los más cercanos asesores con los que contó Jaramillo en esta cartera. Las conversaciones reveladas por «Cambio» indican que León Vargas habría promovido puestos en el sector salud a cambio de recibir ayudas en favor del Pacto Histórico. Dentro de estos favores se solicitaría respaldo en debates del Congreso, ayudas en encuestas de la colectividad y hasta compromisos de veeduría en las elecciones de 2026.

Una vez León Vargas dejó el Ministerio e inició en un cargo en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), allí llevó hasta siete personas que habrían participado de estos compromisos y que quedaron registrados en conversaciones de WhatsApp.

Finalmente, de acuerdo con una denuncia del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, desde el Ministerio de Salud habrían ejercido presiones para establecer pliegos de una convocatoria en un contrato de hasta 89.000 millones de pesos. Allí se realizó una intervención forzosa por parte de la Superintendencia y horas después su gerente, Cindy Vargas, fue removida del cargo, el cual tomó, por un año, Beatriz Consuegra, esposa de Jaramillo.

Además, la Gobernación denuncia que habría hasta 52 irregularidades, un incremento en sobrecostos y deudas, mientras que Sandra Ramírez, del partido Comunes, habría recibido favores políticos en el hospital departamental de Caquetá. Funcionaros explicaron que la senadora y el representante Jhon Fredy Núñez llegaron incluso a aprobar contratos y/o renovaciones de funcionarios.