Canibalismo político petrista

El canibalismo político es un acto o una práctica que se alimenta de correligionarios de su propia especie, corriente o partido político. El término proviene de la palabra ‘caribe’ o ‘canibe’ en la lengua indígena taíno, de la familia arawak, originaria de la costa norte de nuestro país. En Colombia, las raíces del canibalismo político se remontan a los escandalosos incidentes que ahora son habituales en el seno del Pacto Histórico, el partido de Gobierno.

El presidente Gustavo Petro pasó de promover un acuerdo político nacional a prohijar acusaciones caníbales entre sus más cercanos colaboradores. La miríada de imputaciones cruzadas de fuego amigo entre funcionarios y exfuncionarios de este Gobierno antisemita, que su vicepresidenta, Francia Márquez, tacha de ‘racista’, no tiene antecedentes en la historia política nacional.
El excanciller Álvaro Leyva reveló que Petro, “preso del vicio”, tiene un “problema de drogadicción”. El presidente informó que denunciará al excanciller Leyva ante la Fiscalía por participar en un supuesto complot internacional para sacarlo del poder.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó una demanda ante la Fiscalía General contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa y Nicolás Alcocer, hijo de la primera dama, Verónica Alcocer, e hijo adoptivo del presidente Petro, por presunta injerencia en decisiones relacionadas con la hidroeléctrica de Urrá.
Nicolás Petro delató a su padre ante la Fiscalía por presuntamente haber recibido dinero ilegal durante su campaña presidencial al revelar las fuentes de financiación, entre ellas, el Clan Torres.
La canciller Laura Sarabia presentó ante la Fiscalía material probatorio sobre violencia de género, enriquecimiento ilícito y agresiones en el exterior contra el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Augusto Rodríguez, ex director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), inculpó al ministro Benedetti por supuestos delitos de injuria y calumnia. El ministro Benedetti, a su vez, ripostó con la misma moneda contra Rodríguez.
Ángela María Buitrago, exministra de Justicia, señaló al ministro Benedetti y a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, como figuras públicas que exigían determinados nombramientos dentro de su cartera. El ministro Benedetti anunció una demanda por injuria y calumnia contra la exministra Buitrago. La directora Rodríguez decidió emprender acciones judiciales por difamación, por las mismas razones, contra la exministra Buitrago.
Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio empapeló al embajador de Colombia en Gran Bretaña, Roy Barreras, por presuntas solicitudes de nombramientos en la Dian de Buenaventura y Cali. El exministro Reyes afirmó que el embajador Barreras lo amenazó y le entregó hojas de vida para estos cargos. El embajador Barreras anunció que acusará al exministro Reyes por falso testimonio y denuncias infundadas en su contra.
Esta es la punta del iceberg del canibalismo político petrista, que en su lucha fratricida por el botín estatal, está desgarrando a Colombia.
ANDRÉS ESPINOSA FENWARTH
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
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