El rumbo de la iguana

Los escándalos en torno al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y su junta directiva no cesan y se han convertido en un espejo que refleja la falta de rumbo y excesiva politización que hoy caracteriza la política energética del gobierno Petro. Hace poco más de una semana, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló el otrosí de un contrato por US$5,8 millones a la firma Covington and Burling, para evaluar el impacto en Estados Unidos de los casos contra Roa.

Estas revelaciones desataron una nueva crisis dentro de la petrolera estatal que ya ha generado varias reuniones con el presidente Petro en Palacio, la renuncia de Mónica de Greiff a la junta directiva, anuncio de investigaciones de la Procuraduría y la Contraloría, y un comunicado del máximo cuerpo colegiado que niega haber aprobado el multimillonario contrato. El principal grupo empresarial del país está envuelto en estas graves acusaciones contra sus líderes ante la inacción del Gobierno Nacional, su mayor accionista.
La lista de señalamientos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sigue creciendo, en paralelo con la publicación de mediocres resultados de su gestión administrativa y la defensa desde la Casa de Nariño. Como gerente de la campaña presidencial del primer mandatario, Roa enfrenta una investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) por financiamiento ilegal, violación de topes y ocultamiento de gastos, ante la cual la Procuraduría ya solicitó sanción.
A lo anterior se suman cuestionamientos sobre la adquisición en términos muy generosos de un lujoso apartamento a un empresario con intereses en el sector petrolero, así como la indebida injerencia de la pareja de Roa en nombramientos y contrataciones en Ecopetrol y otras compañías del grupo. Hasta el Ministerio de Hacienda denunció públicamente a ambos por contratos en la hidroeléctrica Urrá.
En resumen, serias acusaciones de corrupción y conflictos de intereses rodean a Roa y condujeron al contrato con los abogados estadounidenses, que terminó siendo manipulado y por el que hoy se tiran la pelota la junta directiva y el gerente de cumplimiento, Alberto Vergara. Por el bien de la empresa y de su reputación ante los mercados, se deben responder pronto y con total claridad las dudas que aún persisten tanto de la firma del abultado otrosí como de los verdaderos alcances de ese contrato, incluida la retención de documentación de decenas de altos funcionarios.
No sobra recordar que el conglomerado es el más importante del país y patrimonio de todos los colombianos. Su contribución a la economía nacional se acerca al 2% del PIB y transfirió al Estado, entre dividendos, impuestos y regalías, alrededor de $40 billones.
El Grupo Ecopetrol no sólo es un pilar de la política de seguridad y soberanía energética del país, sino también pieza crucial en las finanzas públicas y el desarrollo de las regiones productoras. Por ende, la selección de sus líderes como de su junta directiva debería responder más a elevados estándares gerenciales y técnicos y menos a favores personales e inclinaciones ideológicas.
El rumbo de la ‘iguana’ y los cambios necesarios para redireccionarla están en manos del presidente de la República, Gustavo Petro, quien, por varios años, ha manifestado su desprecio por la actividad petrolera y por los hidrocarburos. El deterioro de Ecopetrol en su liderazgo administrativo y en su gobierno corporativo es inocultable y continúa minando las perspectivas futuras de la empresa. La Casa de Nariño no puede olvidar su deber de proteger este valioso patrimonio de todos los colombianos.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
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