Colombia no puede esperar eternamente a que los violentos decidan dejar de serlo por voluntad propia.

Cumplidos tres años del gobierno Petro, su política de “Paz Total” naufraga en medio del caos, la improvisación y la violencia que se extiende por casi todo el territorio nacional. Lo que prometía ser un giro histórico hacia una Colombia reconciliada -muchos creímos en su capacidad de pacificar el país- se ha convertido en una de las mayores fuentes de inseguridad e incertidumbre para millones de colombianos.
La Paz Total se presentó con temas que a muchos sonaron innovadores: negociaciones simultáneas con todos los actores armados, desde guerrillas hasta bandas criminales. Sin embargo, en la práctica ha sido una política sin norte claro, sin estrategia coherente y, lo más grave, sin resultados concretos. No se pueden tratar por igual a guerrillas y a grupos de criminalidad común. Desde el comienzo, su diseño fue equivocado.
Los llamados “ceses al fuego bilaterales” han sido repetidamente incumplidos. El Eln, con el que el gobierno firmó acuerdos parciales, ha seguido ejerciendo la violencia criminal en todas sus formas. En promedio este año, se han presentado tres ataques mensuales a oleoductos. Las disidencias de las FARC, lejos de desmovilizarse, han aprovechado los espacios de diálogo para fortalecerse militar y territorialmente. Y los grupos de narcotráfico actúan con amplia impunidad, calculando quizás que tienen en la mesa de negociación un escudo ante la acción de la fuerza pública.
En lugar de desescalar el conflicto, la “Paz Total” ha fragmentado el control territorial y ha debilitado la respuesta institucional. Las Fuerzas Militares, atadas por órdenes de contención y falta de claridad operativa, han perdido capacidad de reacción.
Los indicadores de seguridad no mienten: los homicidios se mantienen altos en departamentos como Cauca, Nariño y Norte de Santander. Los desplazamientos forzados han aumentado y las masacres son noticia frecuente. Mientras tanto, el gobierno insiste en su retórica de paz, como si las palabras pudieran reemplazar los hechos. El resultado: una ciudadanía desprotegida, desesperanzada y cada vez más escéptica. Recomiendo leer los informes de la Fundación Ideas para la Paz.
Bajo el discurso de la “Paz Total”, se ha abierto una zona gris donde el Estado parece ceder legitimidad ante actores armados que no muestran voluntad real de dejar las armas. No hay verificación, no hay incentivos para la desmovilización y no hay consecuencias para quienes incumplen los compromisos. Todo se convierte en impunidad. Nadie entiende qué es lo que busca el gobierno.
Creo que país necesita una política de paz, pero que parta de la realidad. Una que combine diálogo con presencia efectiva del Estado, que ofrezca garantías a las comunidades y que no confunda paz con impunidad. La “Paz Total” como está planteada es, en los hechos, una gran derrota de la seguridad y del Estado de derecho. Colombia no puede esperar eternamente a que los violentos decidan dejar de serlo por voluntad propia. Porque mientras el gobierno habla de paz, los colombianos viven la intensificación del conflicto. Esa es la realidad.
RICARDO SANTAMARÍA
Analista.
https://www.portafolio.co/opinion/analisis/paz-total-sin-norte-opinion-631797