El anuncio realizado por el Presidente Petro y por su Ministro del Interior, Armando Benedetti sobre la dictación al final de esta semana de un Decreto que convoca a una Consulta Popular, la cual no cuenta con la aprobación del Congreso, ya que éste en votación cumplida y reconocida por el Consejo de Estado como un hecho o decisión definitiva, es el inicio del andar de los jefes del desgobierno por el tortuoso camino que conduce a la consumación de un grave delito. Ese anuncio reiterado y efectuado por el binomio Petro-Benedetti tiene el efecto insoslayable de avisar a los ciudadanos y jueces del país que los dos cuestionados avisadores se encuentran transitando voluntariamente el iter criminis, el camino del crimen y preparando, por tanto, el delito.
El mencionado binomio se encuentra actualmente recorriendo y efectuando varias de las fases de delito anunciado, es decir, se encuentran ocupados en la fase de redacción del Decreto, con la ayuda de conocidas raposas jurídicas, que convoca a la consulta popular. Los ciudadanos hemos escuchado las alocuciones, declaraciones, amenazas, insultos, calumnias e injurias contra el Presidente del Congreso y otros destacados compatriotas, los llamados irresponsables a la lucha de clases y a la movilización popular y hemos leído los múltiples trinos en igual sentido del jefe del desgobierno, todo lo cual constituye la primera fase del proceso psicológico de incubación del propósito delictivo.
El delito al cual nos referimos es el contemplado en el artículo 198 de la Constitución Política, el cual establece: “El Presidente de la República o quien haga sus veces, será responsable por sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes.” La responsabilidad del Presidente puede ser política o de orden penal, y como goza de fuero especial para ser juzgado, debe ser perseguido y acusado por la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya decidido la formación de causa. Cumplida esta etapa procesal corresponderá a la Corte Suprema de Justicia proseguir el juicio por responsabilidad penal y dictar sentencia. El juicio político se inicia con la acusación de la Cámara y la sentencia del Senado, como ocurrió, entre otros juicios históricos, con el proceso contra el general Gustavo Rojas Pinilla, el cual finalizó con la sentencia de “Indignidad” por mala conducta en el ejercicio de las funciones de su cargo dictada por el Senado el 2 de abril de 1959.
El artículo 115 en su inciso 4 se refiere a la responsabilidad política y penal de los ministros del Despacho y de los directores de los departamentos administrativos, quienes “son responsables junto con el Presidente de la República de los actos que refrenden con su firma, cuando con ellos se infrinjan la Constitución o las leyes.” Por eso, es muy importante que los actuales ministros tomen nota de esta norma constitucional y el riesgo que asumen al refrendar con sus firmas el ilícito del binomio Petro-Benedetti contenido en el anunciado decreto sobre la Consulta popular. La responsabilidad del Ministro Benedetti se agrava porque ha sido el autor de la teoría de ilegalidad de la decisión del Senado que negó la aprobación de la Consulta y no siendo un jurista, pero si un experto en chicanas procesales y trapisondas politiqueras, ha sido el defensor y portavoz de los anuncios sobre la Consulta.
Las anteriores consideraciones expuestas sucintamente en el marco de una columna, introducen el tema del juicio por la responsabilidad del binomio Petro-Benedetti y eventualmente de los ministros que refrenden el decreto de la Consulta. El anuncio del decreto de la Consulta es el conato más grave del binomio Petro-Benedetti contra el ordenamiento constitucional y la tridivisión e independencia de los poderes públicos. Y como tal, es el comienzo del iter criminis hacia el despotismo y totalitarismo con sus efectos y medidas contra los derechos políticos y humanos esenciales de la democracia. A los graves problemas fiscales, de inseguridad y descontrol territorial, los sociales y éticos por la galopante corrupción, se suma este propósito de quebrantar la Constitución, las leyes y causar severos daños a la convivencia y unidad nacionales. Nadie en sus cabales riega gasolina sobre los problemas inflamables de nuestra sufrida República cansada de injusticias, violencias y del saqueo de las arcas públicas.
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