Crecimiento y realidad rural

En 2024, el sector agropecuario colombiano se consolidó como uno de los principales motores de la economía nacional, registrando un crecimiento del 8,1% y aportando 0,8 puntos porcentuales al PIB, que tuvo una variación total de 1,7%. Este desempeño fue impulsado por aumentos significativos en cultivos como el café, que creció un 22,5%, y la ganadería, con un incremento del 5,6%. Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido en mejoras sustanciales en las condiciones de vida de la población rural.

La pobreza multidimensional en las zonas rurales se situó en 24,3% en 2024, duplicando la media nacional del 11,5%. Además, la inseguridad alimentaria afectó 25,5% de los hogares colombianos, siendo más pronunciada en las áreas rurales debido a factores como carencia de factores de producción y comercialización, el cambio climático y el conflicto armado.
La violencia se intensificado en el campo colombiano. En 2024, se registraron 181 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, muchos de ellos en zonas rurales. Además, el uso creciente de drones con explosivos por parte de grupos armados ha transformado la dinámica del conflicto, especialmente en regiones como Catatumbo y Cauca. Es una profundización de la violencia, ahora como expresión de distintos grupos armados, donde el Estado ha demostrado tener, baja capacidad para someterlos, para asegurar la gobernabilidad de los territorios y poca fortaleza para lograr su propósito de paz total.
La falta de oportunidades ha llevado a una migración significativa de jóvenes rurales hacia las ciudades. Según el Dane, más de 12,7 millones de personas en Colombia son jóvenes entre 14 y 28 años, de los cuales el 23,5% residen en zonas rurales. Muchos de ellos enfrentan empleos informales y carecen de seguridad social, educación y oportunidades de desarrollo, lo que los impulsa a buscar mejores condiciones en áreas urbanas.
Aunque el gobierno ha impulsado la Reforma Agraria, cuyo mayor avance ha sido la formalización y compra de tierras, estos resultados no son suficientes porque se carece de asistencia técnica, acompañamiento productivo, infraestructura y crédito para producir en condiciones adecuadas; la tierra per se, no contribuye a mejorar la calidad de vida. La implementación de una política de desarrollo rural integral sigue siendo una tarea pendiente. Se esperaba que el Gobierno del Cambio fuera el punto de quiebre de esta crítica situación.
Es esencial que el crecimiento del sector se refleje en bienestar de la población rural. La deuda del Estado hacia el campo sigue estando pendiente; y lo más grave es que se carece de señales de que exista la voluntad política para emprender esa loable tarea. Esto requiere inversiones en infraestructura, educación, salud y seguridad, así como políticas que promuevan la equidad y la inclusión.

JESÚS ANTONIO VARGAS OROZCO
​Consultor empresarial
Jesusvargas.orozco@gmail.com