UN FRENTE UNIDO PARA RECONSTRUIR A COLOMBIA

 

“Hay un momento en la historia de cada país donde el carácter de sus líderes se une al destino de esa nación. Ese momento ha llegado”.UN FRENTE UNIDO PARA RECONSTRUIR A COLOMBIA.

 

La frase es de Mauricio Gaona y fue pronunciada al final de su intervención dentro del debate que protagonizó con el Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en la W, en el cual Gaona demolió y aplastó jurídicamente a Montealegre. Gaona, además, invitó a los actuales magistrados a honrar el juramento que hicieron de defender la Constitución y la Ley, como lo hicieron en el pasado aquellos magistrados que resultaron inmolados por defender la Constitución del 86 y la extradición de los delincuentes.

 

Esa invitación que hizo Gaona hay que hacerla extensiva a toda Colombia y en especial a los ciudadanos de bien.

 

Colombia lamentablemente no ha sabido trazar la línea ética y moral entre lo que está bien y lo que no, lo que es recto, justo y severo y lo que no, lo que está fundamentado en valores y principios y lo que no, lo que es aceptable y lo que no, ni ha aprendido a distinguir entre la sanción social y la sanción penal, para aplicar al menos la primera, con independencia de la sanción penal, que rara vez se aplica.

 

Esa línea ética y moral se ha desplazado en los últimos años en grado sumo y tornado cada vez más elástica y desdibujada, lo que ha permitido.

 

(i) Que se cambie el significado de las palabras o de los delitos, o se les desnaturalice, por ejemplo, para llamar retención a lo que es un secuestro, o para llamar “personas en rehabilitación” a quienes están condenados y presos por comisión de delitos.

(ii) Que se sienten en el Congreso personas acusadas de cometer delitos de lesa humanidad, gozando de total impunidad, y se le birle al pueblo colombiano el resultado del plebiscito.

(iii) Que funcionarios que han cometido los delitos más graves posibles contra el erario público, o comprado conciencias y votos para la aprobación de reformas legislativas, se desplacen muy orondos por todos los rincones patrios sabedores de que la justicia seguramente no les llegará, o les llegará demasiado tarde o pírricamente;

(iv) Que un importante gremio rinda tributo, sin vergüenza alguna, a una persona que no lo merece, al brindarle micrófono y plataforma para que se muestre como probo hombre de gobierno cuando su gestión claramente demostró otra cosa;

(v) Que el gobierno presione y mida el aceite al Congreso, para que este apruebe una reforma laboral nociva para el empleo, ofreciendo a cambio derogar el decreto de convocatoria a una consulta popular, no obstante que este no tenía ninguna viabilidad jurídica y que ya había sido suspendido;

(vi) Que altos cargos los desempeñen personas de dudosa u oscura reputación y sin preparación alguna para el cargo; y

 

(vii) Se destruya sin resistencia alguna el aparato militar del Estado mientras se fortalecen los grupos armados por fuera de la ley, que toman control territorial de importantes regiones.

 

Sin embargo, hoy ya no es cuestión de constatar adónde se corrió o desplazó la línea ética y moral, sino de tomar conciencia de que esa línea en el alto gobierno no existe, que desapareció y que fue el propio presidente quien la hizo desaparecer, entre otras razones -para citar solo la última-, al subirse a tarima en un acto público, acompañado de personas condenadas por delitos de alta peligrosidad, sacadas de la cárcel para hacer presencia en ese evento, con la finalidad de que pregonaran a los cuatro vientos cuanto tuvieran que decir y de enviar un perverso mensaje a quienes piensan distinto a él. El famoso político inglés Benjamín Disraeli decía que la política era el arte de lograr transacciones entre los principios y las circunstancias. La política ejercida por Petro se quedó solo con las circunstancias, es decir, sin principios.

 

Es tiempo de revertir esta situación y de exigir, todos a una como en Fuenteovejuna, que no haya más dilaciones en la Comisión de Acusaciones y que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia haga su tarea sancionando a los miembros de dicha Comisión por no hacer la que les corresponde, e imponiendo penas, igualmente, a todos aquellos pertenecientes a las altas esferas gubernamentales que incurrieron en conductas reprobables. Ya no valen más las excusas. Justicia tardía no es justicia y la demora, estando de por medio la preservación de la democracia, deja toda clase de suspicacias. El país no soporta más “investigaciones exhaustivas” ni de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ni de la Fiscalía General de la Nación. Esta última muestra especial diligencia cuando el presidente pide una investigación, pero una demora muy difícil de justificar cuando se trata de investigar al círculo presidencial.

 

Por otro lado, es indudable que el juicio de constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso no puede dejar de lado, de ninguna manera, el hecho de la existencia de pruebas de soborno a congresistas y de presiones indebidas. Ninguna ley o reforma legislativa o constitucional aprobada de esa manera puede ser considerada como legítima. En el pasado la Corte Suprema de Justicia envió a la cárcel a algunos ministros por considerar, con razón o sin razón, que la reelección presidencial en ese entonces impulsada fue obtenida mediante dádivas gubernamentales. Hoy se espera de las Cortes que estén, todas, a la altura de los retos que enfrentan y más aún cuando las informaciones divulgadas dan cuenta de procederes oscuros para obtener en el Congreso determinados resultados.

UN FRENTE UNIDO PARA RECONSTRUIR A COLOMBIA

El presidente Petro debe ser juzgado no solo por violación de los topes electorales durante la campaña que lo llevó a la presidencia, sino por indignidad en el cargo y por sus intentos de violar la Constitución y de romper con la separación de poderes y en últimas con la democracia. No es necesario hacer un recuento de las conductas constitutivas de esa indignidad. El país las conoce. Es, además, la única manera de detener el proceso de degradación en que el país se encuentra, de que este no quede en manos del narcotráfico y de los grupos armados por fuera de la ley y de que Colombia se mueva por el sendero de la democracia.

 

Es un esfuerzo que ha de comprometer a partidos políticos, gremios económicos, empresarios, ciudadanos, medios de comunicación, estudiantes, etc.. Es hora de demostrar de qué estamos hechos los colombianos. Son demasiados y graves los asuntos que suceden, para dejarlos pasar, y el país no puede estar meramente de espectador, a la manera de Nerón presenciando el incendio de Roma. Debe actuar con respeto a la Constitución y a las leyes, buscando que estas prevalezcan y se cumplan.

 

Por otra parte, el estado de postración en que el gobierno ha colocado a Colombia, en todos los sectores, requiere que exista un frente común de los precandidatos presidenciales, con una plataforma de gobierno en lo posible unificada, que llene de esperanza a los colombianos. La tarea de reconstrucción del país que recibirá el próximo presidente le debe corresponder a un frente unido porque será una tarea titánica. No será tarea de un solo hombre. Se requiere un equipo formidable y el concurso de los partidos políticos opuestos al Pacto Histórico.

 

Este frente unido es indispensable para evitar el riesgo de que en el 2030 vuelva el mencionado pacto, pues son tantos y tan variados los problemas que Petro dejará, que un cuatrienio no alcanzará para resolverlos y el cinismo que caracteriza a dicho Pacto le servirá para instruir a sus bodegueros para atizar la hoguera, avivando la idea de regresar a culminar la tarea de destrucción que han iniciado e impulsado, llevándose de contera la democracia y enarbolando las banderas de una dictadura a la manera de Venezuela.

 

No es hora de individualismos ni de mesías. Se requiere un líder con carácter que, consciente de esta situación, se atreva a tomar la iniciativa y convoque a los de esta orilla para construir una plataforma unificada y establecer pronto, de común acuerdo, un mecanismo para escoger quién será el candidato presidencial. No hacerlo expone a Colombia a toda clase de riesgos, incluida la caída de la democracia y la consolidación de la dictadura.

 

 

por El Expediente

junio 27, 2025

Por: José Fernando Torres Fernández de Castro

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