Analizar la transición de un Estado fallido al Estado criminal permite comprender cómo el poder puede mantenerse incluso cuando el Estado deja de cumplir sus funciones esenciales
Qué se entiende por Estado
Para comprender que es un Estado fallido o un Estado criminal, primero debemos entender que significa un Estado. Se trata de una institución política y jurídica que organiza y regula la vida de una sociedad dentro de un territorio determinado. Mas allá del uso de la fuerza, el Estado se define por su capacidad para estructurar el orden social, garantizar derechos, proveer servicios esenciales, administrar justicia y coordinar la convivencia colectiva. Sus elementos fundamentales incluyen un territorio delimitado, una población sobre la cual ejerce autoridad, un gobierno que toma decisiones y aplica políticas, y la soberanía, entendida como la capacidad de actuar de manera autónoma y legítima, reconocida tanto interna como externamente. Como señala Francis Fukuyama, “el Estado es fuerte no solo cuando posee poder coercitivo, sino cuando puede entregar servicios públicos y garantizar la estabilidad institucional” (Fukuyama, State-Building, 2004).
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Qué significa un Estado fallido
Un Estado fallido no es simplemente un país con dificultades; se trata de un territorio donde el gobierno existe formalmente, pero ha perdido la capacidad efectiva de garantizar seguridad, justicia y servicios básicos. Según Robert Rotberg, estos Estados pierden el control territorial, erosionan su legitimidad y dejan de proveer bienes esenciales. Complementando esta visión, Helman y Ratner afirman que la fragilidad estatal se define por la incapacidad de cumplir funciones críticas y fundamentales para la sociedad.
Los síntomas de un Estado fallido suelen ser evidentes: grupos armados asumen funciones estatales, hospitales y escuelas colapsan, y millones emigran ante la falta de oportunidades y seguridad. La corrupción sistémica y la violación de derechos fundamentales difuminan la línea entre el crimen y las instituciones estatales.
Qué es un Estado criminal
El concepto de Estado criminal es más específico: el poder político no solo falla en proteger a la población, sino que participa activamente en actividades ilícitas. Las instituciones se ponen al servicio de intereses privados, del enriquecimiento ilícito o de la consolidación del poder, en lugar de velar por el bien común. Aunque conserva estructuras de gobierno y control coercitivo, el Estado es capturado para fines criminales.
Como señalan Philippe Le Billon y Jean-François Bayart, los recursos estatales, la economía y las fuerzas de seguridad pueden sostener redes de corrupción y crimen organizado, consolidando un
aparato que opera más como empresa criminal que como institución pública.
La relación entre ambos Estados
El Estado criminal suele ser una forma funcional del Estado fallido, ya que conserva poder y control, pero ha incumplido su función principal de proteger a la ciudadanía. Sin embargo, no todos los Estados fallidos se convierten en criminales; algunos colapsan debido a guerras, desastres naturales o incapacidades técnicas, sin que exista un uso deliberado del poder con fines ilícitos. Los Estados criminales representan un caso particular en el que el fallo estatal se combina con corrupción sistémica y la criminalización del poder.
Experiencias históricas
La historia reciente sirve como ejemplo claro de estas dinámicas. Somalia, durante largos períodos sin un gobierno central efectivo, se consolido como un Estado fallido más que criminalizado, colapsando principalmente por la guerra y la ausencia de autoridad. Afganistán, tras la retirada de fuerzas internacionales, experimento el retorno de los talibanes al poder, dejando graves déficits en seguridad y derechos fundamentales. Siria y Yemen muestran como los conflictos prolongados fragmentan territorios y erosionan instituciones, dejando a millones en situación de extrema vulnerabilidad. Haití ilustra que un Estado puede mantener estructuras formales y, sin embargo, ser incapaz de garantizar servicios básicos y protección, coexistiendo fragilidad y apariencia de normalidad.
En el continente americano, también se observan rasgos de Estados criminales funcionales. En países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, el poder se concentra en manos de e lites, eliminando la institucionalidad, servicios públicos y derechos ciudadanos. Estos regímenes muestran control centralizado, corrupción sistémica, economías ilícitas y represión selectiva, ilustrando cómo se mantiene el poder aun cuando el Estado falla en proteger a su ciudadanía.
Reflexión final
El estudio de los procesos que conducen a la formación de Estados fallidos y criminales demuestra que la concentración de poder no garantiza, por sí sola, el bienestar colectivo. Analizar cuidadosamente estas dina micas permite comprender dónde actúa el Estado, dónde falla y cómo puede reconstruirse. Esta comprensión es fundamental para diseñar estrategias efectivas que transformen un Estado en legítimo y funcional, capaz de proteger y servir a su ciudadanía, y para prevenir que la fragilidad estatal derive en criminalización del poder.
Uno de los problemas de las estrategias para responder a los regímenes autoritarios es el error de aplicar enfoques pensados para gobiernos democráticos, cuando la respuesta habitual de estos regímenes es la represión y el aumento del control. Por ello, al identificar Estados dominados por regí menes autoritarios, es posible conceptualizarlos correctamente como Estados fallidos o criminales, y a partir de allí diseñar estrategias reales que permitan enfrentar estas problemáticas y construir transiciones hacia democracias duraderas.
Miguel Angel Martin es doctor en Ciencias por la Universidad Central de Venezuela. Especialista en Derecho Público (UCAB) y en Políticas de Seguridad y Defensa (Centro William Perry, Washington D.C.). Actualmente en el exilio, analiza y denuncia el avance del autoritarismo en la región.