Una investigación reveló cómo el Gobierno Nacional benefició a cabecillas del ELN y las Farc, mientras líderes sociales siguen reclamando protección sin respuesta.
En medio de las críticas por la falta de garantías de seguridad para líderes sociales y mandatarios locales, frente al aumento de la violencia en varias regiones del país, se conoció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro habría entregado beneficios de seguridad a miembros del ELN y de las disidencias de las Farc.
La revelación fue entregada por SEMANA, la cual publicó una investigación basada en documentos oficiales de la Presidencia de la República y de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según el informe, integrantes de los grupos armados recibieron camionetas de alta gama, esquemas de escoltas y bonos mensuales de gasolina.
De acuerdo con los registros, en 2024, mientras transcurrieron las conversaciones con el ELN, seis de sus representantes, recibieron siete camionetas de alta gama, cuyo arrendamiento costó más de $106 millones mensuales. Además de esto, se les asignaron esquemas de seguridad con escoltas y combustible.
Entre los beneficiados están alias Antonio, señalado de controlar el Catatumbo, a quien le aprobaron dos carros arrendados por $16.238.113 cada uno, una cuota de combustible por 1.150.000 pesos, y dos vigilantes. También se encuentra alias Violeta, acusada de participar en el atentado al centro comercial Andino en Bogotá, a quien se le entregó combustible por $1.050.000 y un guardaespaldas.
Según el informe, este mismo esquema se aplicó con representantes de las disidencias de las Farc, a quienes se les entregaron diez camionetas, más de 25 escoltas, y bonos de gasolina. Beneficios que suman más de $200 millones.
Dentro de los favorecidos aparecen alias Andrey, acusado de múltiples crímenes en Norte de Santander, y alias Calarcá, señalado por extorsiones en Caquetá.
Los documentos advierten que los recursos para cubrir estos esquemas provienen en gran parte del Fondo de Programas Especiales para la Paz, administrado directamente por la Presidencia de la República. Y solo en 2024, más de $6000 millones de este fondo habrían sido destinados a financiar la protección de jefes guerrilleros, además de aportes adicionales de la propia UNP.
Frente a las revelaciones entregadas, las críticas no se han hecho esperar, pues, dirigentes sociales y sindicales cuestionaron que mientras miles de líderes comunitarios y mandatarios locales piden protección sin ser escuchados, a los miembros de estructuras ilegales sí se les asignan recursos estatales.
Para Yesid Barragán, presidente de la Asociación Sindical de Empleados de la Protección, no es viable que la UNP se preste para estos cuidados, “Líderes sociales y alcaldes piden protección para ellos, y se les dice que no hay para ellos. No es justificable que el Gobierno sí esté protegiendo a los criminales en medio de la paz total”.
A estas denuncias se sumaron informes de inteligencia citados por SEMANA, los cuales advierten que parte de las camionetas entregadas a los cabecillas estarían siendo usadas para transportar armas y droga.
Por su parte, el Palacio de Nariño se defiende la medida bajo el argumento de que hace parte de los compromisos asumidos en la política de “paz total”.
Según los lineamientos oficiales, es la Oficina del Alto Comisionado para la Paz la encargada de definir qué representantes de las organizaciones en negociación reciben los esquemas de seguridad. No obstante, hasta el momento los diálogos con el ELN y las disidencias no han mostrado avances sustanciales ni resultados verificables.
19/08/2025 | El País | Redacción El País