En una resolución sobre Colombia, la Eurocámara señaló que el discurso oficial y de la oposición ha intensificado la confrontación política.
El Parlamento Europeo fijó su posición frente a la situación de Colombia tras la ola de atentados que ha atravesado el país durante este año.
En una resolución, la Eurocámara condenó el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, así como los ataques terroristas ocurridos en Cali, Antioquia y la masacre de al menos 80 personas en el Catatumbo a comienzos de este año.
El pronunciamiento advierte que estos hechos no son aislados, sino que forman parte de un clima creciente de intimidación política y violencia generalizada que golpea a civiles, líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas.
El texto subraya además la preocupante expansión de nuevas modalidades de ataque, como el uso de drones explosivos por parte de grupos armados ilegales. Entre los señalados están el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, organizaciones que —según el Parlamento— mantienen estrechos vínculos con el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.
La resolución también apunta a la complicidad de actores estatales venezolanos en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, lo que incrementa la presión sobre la seguridad regional.
Finalmente, la Eurocámara manifestó su inquietud por la polarización política y los discursos inflamatorios provenientes de la Presidencia y otros sectores, que —en su criterio— han profundizado la división social en el país.
Disidencias y carteles bajo la lupa
La resolución señala directamente al ELN, las disidencias de las FARC (Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central) y al Clan del Golfo, además de estructuras transnacionales como el Cártel de los Soles en Venezuela, acusados de financiarse con narcotráfico, minería ilegal, extorsión y contrabando. El Parlamento pidió al Consejo de la Unión Europea actualizar la lista de organizaciones terroristas para incluir a estas facciones.
También expresó “grave preocupación” por la complicidad de actores estatales venezolanos en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, lo que —según el texto— compromete la estabilidad regional y la soberanía colombiana.
Preocupación por elecciones y derechos humanos
La Eurocámara advirtió que el aumento de la violencia política en 2025 puede socavar la confianza en las instituciones y afectar las garantías de cara a las elecciones de 2026. También rechazó la persistencia de la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos y pidió fortalecer la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Colombia.
Finalmente, el Parlamento criticó la polarización alimentada por discursos inflamatorios desde la Presidencia y otros actores políticos, y alertó que un eventual recorte presupuestal a la Defensoría del Pueblo agravaría la vulnerabilidad de líderes sociales en el país.
Con este pronunciamiento, la Unión Europea reiteró su apoyo político y financiero al proceso de paz de 2016, pero advirtió que la escalada de violencia amenaza los avances alcanzados en casi una década.