Washington instó a la Fiscalía y a otras instituciones colombianas a que investiguen y se tomen «las medidas pertinentes».
El Departamento de Estado de Estados Unidos se refirió este martes a las revelaciones de los vínculos de las disidencias de las Farc con altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro e instó a las autoridades colombianas a investigar «exhaustivamente» estas acusaciones y «tomar las medidas pertinentes».
«Estamos al tanto de informes que alegan vínculos entre altos funcionarios de la administración Petro y disidentes de las Farc, organización considerada como un grupo terrorista extranjero» señaló un portavoz del departamento de Estado a la prensa.
«Dada nuestra histórica y estrecha cooperación en materia de seguridad, instamos a la administración Petro a la Fiscalía y a otras instituciones colombianas a que investiguen exhaustivamente estas acusaciones y tomar las medidas pertinentes», sentenció el funcionario de la cartera liderada por Marco Rubio.
Estas declaraciones ocurren en medio de las recientes revelaciones que señalan un supuesto vínculo de las disidencias de alias Calarcá con el jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), así como altos funcionarios y militares cercanos a la administración de Gustavo Petro.
La unidad investigativa de Noticias Caracol reveló archivos recuperados de computadores, teléfonos móviles y memorias incautadas el 23 de julio de 2024 a la disidencia del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), comandada por alias Calarcá.
En los documentos aparecen supuestas comunicaciones sobre contactos con el jefe del Comando de Personal del Ejército, el general Juan Miguel Huertas, cercano al presidente, y Wilmar Mejía, un licenciado en educación física convertido en funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), lo que probaría sus vínculos con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las disidencias de las Farc.
En uno de los correos revelados, con fecha 8 de febrero de 2024, alias Calarcá le da instrucciones a uno de sus hombres para reunirse con el general Huertas para hacer negocios.
Según esos documentos, el general retirado habría propuesto protección a los disidentes y la creación de una empresa fachada de seguridad para facilitarles movilidad en vehículos blindados y el porte de armas legales.
El informe también reveló conversaciones entre la vicepresidenta Francia Márquez y Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC), en las que se menciona un supuesto apoyo del grupo armado a la campaña presidencial de Petro en 2022.
Márquez rechazó «categóricamente» esos señalamientos, que calificó de «malintencionados», y aseguró que no existe «ninguna prueba fehaciente» de su veracidad.
Añadió que su campaña fue «genuina y transparente» y que jamás ha recibido apoyo de criminales: «Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia».
Entretanto, el presidente Petro minimizó las denuncias, que atribuyó a la CIA y tachó de «falsos informes».
Huertas fue retirado del Ejército en 2021 y al año siguiente se unió a la campaña presidencial de Petro, que este año lo reintegró al servicio activo.
Al defenderlo, el presidente insistió en que existen «bandas delincuenciales en el Ejército dirigidas por oficiales de alto rango» que manipulan informes para «sacar del camino» a quienes representan un riesgo para sus intereses, y aseguró que la CIA «también cae en esos errores» porque «no sabe que el gran narcotráfico penetra el poder político de la nación».
La Fiscalía promete investigar
La Fiscalía General, criticada también por no investigar, pese a que las comunicaciones están en poder de las autoridades desde que fueron incautadas a jefes de las disidencias el 23 de julio de 2024, prometió tomar cartas en el asunto.
En un comunicado divulgado esta noche, esa entidad señaló que ni el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, «ni ninguna otra dependencia de la entidad (…) recibió durante el transcurso de estos 16 meses, reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia».
Por eso, Camargo «dispuso la intervención inmediata» para investigar «posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las FARC, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales».
*Con información de EFE
25/11/2025 | El Tiempo | Por Sergio Gómez Maseri | Redacción Internacional (*)