Crimen de Estado

Desde el primer instante se supo. A Miguel Uribe lo eliminó el régimen socialcomunista que hoy gobierna a Colombia. Su sola presencia incomodaba al narcogobierno, y la posibilidad real de que ganara las elecciones presidenciales terminó por sellar su suerte. Ese fue el detonante del crimen.

De forma desconcertante, en menos de dos horas la fiscalía de bolsillo del petrismo decidió echar para atrás la imputación de cargos por el delito de tentativa de homicidio y prevaricato por omisión contra el peligroso director de la Unidad Nacional de Protección Augusto Rodríguez.

En la tarde del lunes, de manera inesperada, la fiscal general —conocida por su cercanía política con Petro— anunció la imputación de cargos contra el director de UNP. Al poco tiempo, y seguramente cumpliendo órdenes de la Casa de Nariño, la determinación fue reversada.

Lo cierto es que, bajo este gobierno, la UNP dejó de ser un organismo de protección para convertirse en una auténtica policía política. El petrismo no protege a quienes están en riesgo; los vigila, los expone y, como ocurrió con Miguel Uribe Turbay, los deja a merced de sus verdugos.

Que nadie se llame a engaños. El hecho de que se haya pensado en llevar al director de la UNP ante los jueces es una prueba más de que el asesinato de Miguel Uribe Turbay fue un crimen de Estado.

En ese contexto, Gustavo Petro tiene demasiadas explicaciones pendientes. Debe aclarar el alcance y la naturaleza de sus reuniones clandestinas en Manta, Ecuador, ciudad donde residía el capo de la mafia que organizó y financió el crimen. El silencio del presidente solo agrava las sospechas.

Colombia no puede, en ninguna circunstancia, claudicar en la exigencia de verdad y justicia. Un país que aprende a pasar la página frente a los crímenes políticos se condena a revivirlos. No basta con capturar ejecutores materiales ni con ofrecer gestos retóricos: es imprescindible llegar hasta las responsabilidades políticas y administrativas que permitieron el asesinato, ya sea por cálculo, negligencia o complicidad.

La sociedad tampoco puede caer en la ingenuidad. El discurso incendiario, la estigmatización sistemática y el señalamiento público desde el poder crean un clima propicio para que los violentos actúen convencidos de que cuentan con respaldo. Petro ha deshumanizado a sus críticos y los ha dejado expuestos.

Dada la posible participación de Augusto Rodríguez en el asesinato de quien iba a ser el próximo presidente de Colombia, resulta imperativo advertir que los líderes de la oposición no pueden confiar, bajo ningún supuesto, en que el Estado garantizará su seguridad. En regímenes como el actual, donde el poder se concentra y se confunden deliberadamente las fronteras entre gobierno, ideología y aparato estatal, la protección se vuelve frágil, selectiva y condicionada. Quien incomoda al caudillo queda en la mira.

Resulta especialmente grave que la Fiscalía haya anunciado la suspensión de la imputación. Parecería que la polémica fiscal Camargo está abriendo la puerta para que el hombre de confianza de Petro emprenda la fuga.

No es una sospecha gratuita. Los petristas con cuentas pendientes ante la justicia han demostrado que tienen la mala costumbre de huir, como ocurrió con Carlos Ramón González, quien vive como un rey protegido por el dictador Daniel Ortega.

@IrreverentesCol
Publicado: enero 20 de 2026