Bajo el pretexto de la seguridad, el Gobierno Petro revive el modelo del DAS: una planta de 6.000 escoltas oficiales que pone la intimidad de magistrados, periodistas y opositores bajo el control directo del Ejecutivo
Alerta por los Decretos 0019 y 0020: Una maniobra de $740.000 millones para estatizar la UNP y crear un ‘ejército político’ de protección a pocos días de iniciar la Ley de Garantías.
El fin de la protección independiente en Colombia: la masiva burocratización de la UNP convierte los esquemas de seguridad en una herramienta de vigilancia política en pleno año electoral.
Bajo la apariencia de una «modernización» administrativa y una supuesta preocupación por la seguridad electoral, el Gobierno de Gustavo Petro ha dado un paso que enciende las alarmas más críticas de la democracia colombiana.
La expedición de los Decretos 0019 y 0020 de 2026, que autoriza la creación de 6.870 nuevos cargos en la Unidad Nacional de Protección (UNP) con un costo fiscal que supera los $740.000 millones, no es un simple fortalecimiento institucional. Es, en realidad, un movimiento estratégico de suma gravedad que desnaturaliza el espíritu original de la entidad para convertirla en un organismo de control político y social, resucitando los peores fantasmas del extinto DAS.
La gravedad de esta medida radica en que la estatización total de la planta de escoltas rompe el modelo de contrapesos que evitaba que el Estado tuviera el monopolio de la información privada de sus ciudadanos protegidos.
Al eliminar la participación de terceros y centralizar a 6.000 escoltas directamente en la nómina oficial, el Gobierno Petro se mete de lleno en la vida y la intimidad de magistrados, políticos de oposición, congresistas, periodistas, empresarios y jueces. Históricamente, se buscó que ni la Policía ni el Ejército asumieran directamente esta labor para garantizar que el protector no se convirtiera en un informante del Ejecutivo.
Hoy, ese muro de fuego ha caído: tener un escolta que depende del salario y las órdenes directas de la administración central es, en la práctica, aceptar la presencia de un agente del Estado dentro del vehículo, la oficina y el núcleo familiar de quienes deben ejercer control sobre el poder.
Este retroceso institucional ocurre, además, de manera sospechosamente prematura y acelerada, a escasos días de que entre en vigor la Ley de Garantías. La premura por amarrar este presupuesto de casi un billón de pesos y asegurar la vinculación masiva de personal antes de las restricciones legales sugiere una maniobra para aceitar una maquinaria política en pleno año electoral.
No se puede ignorar la alerta de que esta masiva contratación sea utilizada para dar empleo a personas vinculadas a los procesos de la «Paz Total», creando un ejército burocrático de lealtades políticas financiado por el erario. Lo que se presenta como una «renovación» es un retroceso hacia un modelo de vigilancia estatal donde la protección puede ser utilizada como un mecanismo de extorsión o seguimiento, poniendo en riesgo la reserva y la seguridad de los protegidos que no son afines a la línea oficialista.
La UNP está dejando de ser una unidad técnica de salvaguarda para transformarse en un organismo de control vertical dependiente del Ministerio del Interior. Al convertir la seguridad en una estructura de empleo público masivo justo antes de las elecciones, el Gobierno no solo pone en duda la transparencia del proceso democrático, sino que asesta un golpe mortal a la confianza institucional.
Colombia ya vivió las consecuencias de tener un organismo de seguridad convertido en policía política; hoy, con el Decreto 0020, el país parece condenado a repetir esa historia bajo un nuevo nombre, entregándole al Gobierno las llaves de la intimidad de todos aquellos que representan un contrapeso al poder total.