La decisión quedó 6-2. Los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández salvaron el voto.
La enorme expectativa que giraba alrededor de la decisión de la Corte Constitucional sobre la emergencia económica que decretó en diciembre pasado el gobierno de Gustavo Petro por fin se resolvió. Con una votación de 6 a 2, el alto tribunal se decantó por la suspensión provisional de la medida. Múltiples voces habían pedido a la Corte que tomara una decisión urgente, pues los perjuicios económicos podrían ser irremediables.
Se trata de una decisión hito, si se tiene en cuenta que es la primera vez que el alto tribunal constitucional acude a este camino. Votaron a favor de ella los magistrados: Carlos Camargo, Paola Andrea Meneses Mosquera, Natalia Ángel Cabo, Juan Carlos Cortés González, Miguel Polo Rosero y Lina Marcela Escobar. De ellos, Cabo y Cortés aclararon el voto.
Salvaron el voto los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández. Estos dos últimos son percibidos como cercanos al Gobierno, pues uno fue abogado del presidente Petro y el otro, su secretario jurídico en Palacio de Nariño. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez se había declarado impedido para votar.
El estudio del decreto de la emergencia económica le correspondió al magistrado Carlos Camargo. El pasado viernes, el jurista les había enviado a sus compañeros de sala la ponencia en la cual argumentaba que la suspensión provisional era necesaria.
En su ponencia, Camargo expuso que la medida debía tomarse de inmediato, pues retroceder a la situación jurídica del estado anterior a los efectos producidos por la norma resultaba “materialmente imposible por la consolidación de efectos inconstitucionales”.
La Corte aceptó por mayoría ese argumento y decidió otorgar la medida provisional. El estudio del tema de fondo seguirá y se espera que la decisión sea tomada en los próximos meses. Este expediente es el que estudia el denominado “decreto madre” que dio inicio a la emergencia económica, pero existe otro proceso con un decreto que fue expedido más adelante y que contiene las normas tributarias relacionadas con el impuesto al patrimonio y al IVA. Juristas han explicado que la suerte de este segundo decreto estará ligada a la decisión que se tome en el primero.
El tema había generado mucha tensión alrededor del Palacio de Justicia en las últimas semanas. De hecho, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el magistrado Camargo, en otro acto de irrespeto por la independencia de las ramas del poder público.
“El magistrado Camargo no cree, pero se va a hacer corresponsable de una crisis fiscal sin necesidad. La opción más sana para Colombia es que los más ricos devuelvan parte de los subsidios entregados para calmar el déficit desatado por un pago a un subsidio a la gasolina innecesario y una insensata política de elevar la tasa de interés real interna para encarecer la deuda y subsidiar más a los más ricos, por eso aumentan sus utilidades en desprecio de la economía del Estado y de la sociedad, y el mecanismo es solo especulativo, y el instrumento es el Banco de la República”, escribió el primer mandatario.
En un extenso trino, el primer mandatario responsabilizó al magistrado también de los efectos que, según él, podrían venir si su emergencia se caía. “Claro que si aprueban la ponencia de Camargo, viene un encarecimiento de la deuda puramente especulativo y en beneficio de parásitos. Nosotros vamos con el trabajo y la vida”.
Los sectores económicos, por su parte, también habían advertido la gravedad de lo que representaba para la economía no tomar una decisión preliminar sobre la emergencia económica. Uno de los documentos que mejor condensó esas preocupaciones fue el del Consejo Gremial.
“Presidente de la República incurrió en vicios sustanciales en la valoración de los hechos invocados como fundamento de la declaratoria, al calificarlos de manera arbitraria y errónea en cuanto a su supuesta sobreviniencia, gravedad e inminencia, y al desconocer la existencia y suficiencia de los mecanismos ordinarios”, aseguró la institución en su solicitud.
Otro concepto que fue determinante fue el de Jorge Iván González. El reputado economista, exdirector de Planeación de Gustavo Petro, concluyó en el documento que envió a la Corte: “Ninguna de las razones que invoca el Gobierno para justificar la emergencia económica es sobreviniente”. Tras expresar una serie de argumentos, el experto remató: “En todo proceso presupuestal hay incertidumbres que pueden ser relativamente manejables. En resumen, la emergencia económica no se justifica”.
En entrevista con SEMANA, el profesor Eloy García, uno de los catedráticos de derecho constitucional más importantes, y quien tiene la nacionalidad colombiana, había dicho que “la emergencia es la excepción, y la excepción no puede sustituir nunca a la norma general, porque las sociedades no viven en la excepción; las sociedades viven en la normalidad, en la normalidad que tiene Colombia y que la diferencia del resto de los países que la rodean”.
“Me parece que lo que se está intentando es un atropello que destruye la razón —o una de las razones, porque no es la única— que dieron origen a la Constitución: poner fin, poner coto, acabar con la excepcionalidad y construir desde la normalidad la vida de los ciudadanos», agregó.
Vea la entrevista con el profesor García
La decisión produjo múltiples reacciones. “No hay derecho. Al suspender provisionalmente la emergencia económica, se está protegiendo a los megarricos”, aseguró el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien expuso en un video los argumentos económicos del Gobierno.
La precandidata Paloma Valencia fue una de las primeras que trinó. “La Corte Constitucional acogió mi solicitud y suspendió la emergencia económica. El Gobierno Petro no puede desconocer la Constitución, saltarse al Congreso e imponer impuestos por decreto. No había un hecho grave e imprevisto que justificara esta emergencia. La crisis fiscal es un problema estructural y la creó el Gobierno Petro con su pésima administración”, dijo.
“Gracias a la Corte Constitucional por tumbar la emergencia económica con la que Petro buscaba comprar las elecciones por 11 billones de pesos. Es la primera vez que se aplica esta medida cautelar. Los magistrados protegieron la Constitución y protegieron a los colombianos del abuso de este gobierno corrupto. Ahora, a ganar las elecciones”, escribió la precandidata Vicky Dávila.
Los gobernadores y alcaldes, que habían sido enfáticos en el golpe que la medida tenía en las regiones, también han celebrado la decisión. “Hoy la Corte toma una decisión histórica y suspende estos decretos. En nombre de Colombia, les doy las gracias a las magistradas y magistrados valientes que tomaron esa decisión”, escribió Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.
Los gobernadores habían dicho que inaplicarían el decreto debido a los graves efectos que este tendría para algunos temas como la financiación de la salud.