Resulta supremamente grave y delicado lo revelado por la precandidata presidencial Vicky Dávila en relación con el peligroso capo del narcotráfico conocido como alias Pipe Tuluá, recientemente extraditado a los Estados Unidos. Según dicha revelación, este narcotraficante habría financiado la campaña presidencial de Gustavo Petro. No se trata, en rigor, de una novedad absoluta. Desde antes de las elecciones existían versiones insistentes sobre el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña que llevó a Petro al poder. Lo verdaderamente demoledor es que ahora no se trata de rumores ni de inferencias periodísticas, sino de la propia voz del capo, quien asegura que entregó dinero a la campaña a través del hermano del presidente, el oscuro y peligroso Juan Fernando Petro.
La gravedad de la revelación se acrecienta por el momento exacto en que irrumpe en la escena pública. Ocurre apenas minutos después de que Gustavo Petro culminara su reunión de trabajo con el presidente de los Estados Unidos. En ese encuentro, el mandatario colombiano pretendía exhibir la extradición de alias Pipe Tuluá como prueba de su supuesto compromiso con la lucha contra el narcotráfico. La maniobra, sin embargo, resultó catastrófica. Aquello que debía reforzar su credibilidad internacional terminó por pulverizarla. La extradición no fue un acto de autoridad moral, sino el traslado del principal acusador al único escenario donde su testimonio puede producir efectos reales: la justicia federal estadounidense.
Según lo que se ha revelado, Pipe Tuluá esperaba con ansiedad llegar a los Estados Unidos para entregar a las autoridades norteamericanas todas las pruebas que afirma tener sobre los aportes de dineros ilícitos a la campaña de Gustavo Petro. No llegó al territorio americano como un derrotado resignado, sino como un testigo que sabe que su palabra, respaldada por evidencias, puede tener valor procesal. La supuesta estrategia antidrogas del Gobierno se derrumba así de manera fulminante: el extraditado no fue silenciado, fue empoderado.
Ante este panorama, resulta inadmisible que millones de colombianos sigan refugiándose en la negación o en el autoengaño. No estamos frente a un episodio aislado ni ante una acusación menor que pueda despacharse como simple ruido político. Lo que está en juego es la legitimidad misma del poder. Si un capo del narcotráfico afirma haber financiado la campaña presidencial y señala con nombre propio a un miembro del círculo familiar del presidente como receptor de esos dineros, el problema deja de ser retórico; se convierte en estructural. Aquí no hay zonas grises ni ambigüedades posibles. O se enfrenta la verdad con todas sus consecuencias, o se acepta que Colombia ha sido gobernada por un proyecto político sostenido por el narcotráfico. No existe un punto intermedio.
Ahora bien, el foco del debate no puede permanecer exclusivamente en Gustavo Petro. Debe trasladarse, con urgencia, a su heredero político. Iván Cepeda, comunista confeso, delfín designado del petrismo y hoy cabeza de las encuestas, tiene una obligación ineludible con el país. La pregunta es una y solo una: ¿de dónde provienen los recursos que financian su campaña? ¿Por qué la opacidad? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué una estructura electoral cuidadosamente blindada contra el escrutinio público?
En cualquier democracia mínimamente funcional, ante el exceso de sospecha debería existir exceso de transparencia. Aquí ocurre exactamente lo contrario. El hermetismo, el ocultamiento y la evasión no son señales de prudencia política, sino de miedo a la verdad. Cada día que pasa sin explicaciones claras, la sombra del narcotráfico se alarga sobre el proyecto político que pretende perpetuarse en el poder.
Finalmente, no se trata ya de una hipótesis extravagante. Es un escenario jurídicamente plausible. Una vez Gustavo Petro abandone la Presidencia —si es que la abandona en la fecha constitucional—, podría enfrentar cargos federales en los Estados Unidos, siempre que alias Pipe Tuluá aporte las pruebas que dice tener y logre demostrar, más allá de toda duda razonable, que el actual presidente actuó como testaferro político del narcotráfico y que su llegada al poder fue posible gracias al flujo de dineros ilícitos. De confirmarse ese cuadro, no estaríamos ante un simple escándalo, sino ante uno de los episodios más graves de la historia contemporánea de Colombia.
Publicado: febrero 4 de 2026
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