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The Economist, el mismo medio que hace un mes destacó a Colombia como uno de los países de mayor crecimiento en Latinoamérica, ahora señala que, en una medición entre 43 economías del mundo, el país tiene el segundo déficit fiscal con -7,5 % detrás de Egipto, en el ranking comparativo entre varias economías desarrolladas y emergentes.
En diciembre pasado, el medio británico elogiaba a la economía colombiana con una notable recuperación en 2025, destacando globalmente con una expansión estimada cercana al 3,4 % – 3,6 %. Señalaba que “este desempeño, es impulsado por el consumo interno y el empleo”.
A mediados de enero, el presidente Gustavo Petro aseguró que, gracias a la declaratoria de emergencia económica, el país estaba reduciendo su déficit fiscal.
The Economist también informó que Colombia se consolidó como el cuarto país con la deuda a 10 años más cara (12,4 %), el quinto con la inflación más elevada (5,1 %) y el tercero con mayor tasa de desempleo (8,9 %).
Estos datos no son un asunto menor, especialmente porque la revista indicó que, pese a que la mayoría de países con economías desarrolladas y emergentes procura mantener su déficit fiscal por debajo de 3 % del PIB, considerado un estándar de prudencia internacional, todavía existe un grupo de países que superó ese umbral, entre los que se encuentra Colombia.
En el primer lugar del listado, con el desajuste más severo, atribuido a las devoluciones y al peso de la deuda externa, se ubicó Egipto, con un déficit del -7,7 %.
Luego de Colombia siguieron Polonia (-7 %), Brasil (-6,5 %), Estados Unidos (-5,9 %) y Francia (-5,7 %). Muy de cerca aparecen China, Filipinas, Gran Bretaña, Arabia Saudita y Tailandia, con déficits fiscales que oscilaron entre -5,6 % y -5,3 %.
Al respecto, Diego Montañez Herrera, analista económico y miembro del Grupo de Coyuntura Económica de la Universidad Eafit, aseguró que, con ese frente fiscal, no sorprende que los TES estén tan caros. «Si no les gusta The Economist como fuente, también estimé a partir de bancos centrales: entre el 10 de enero de 2022 y 10 de enero de 2026, Colombia estuvo entre los países donde más aumentó el rendimiento del bono soberano a 10 años (+4,3pp)», agregó.
El gasto
Por su parte, José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos de la ANIF, recordó que, desde 2023, había advertido sobre los problemas fiscales que enfrentaría el Gobierno por acudir a «una estrategia equivocada que buscaba reemplazar ingresos tributarios provenientes del sector petrolero con fuentes inciertas que no se materializaron como los famosos litigios».
En su hilo de hace tres años, López indicó que Colombia estaba acostumbrado a vivir con un déficit fiscal relativamente persistente y, pese a ello, el país había disminuido su prima de riesgo en comparación con el inicio de este siglo. Dentro de sus perspectivas, también señaló que, sin incluir el costo fiscal que las reformas anunciadas por el presidente Gustavo Petro, «el nivel de gasto público de Colombia sería persistentemente más alto en los próximos años, similar al de la pandemia».
Los analistas coincidieron en que el desbalance de la economía colombiana se debe, por un lado, a la presión que existe sobre las finanzas públicas, y advirtieron que un desbalance fiscal y déficit tan alto llevan al Gobierno a endeudarse más caro y pagar intereses mucho más altos para obtener recursos: todo esto en un panorama en el que los mercados financieros se muestran cada vez menos amables y más resistentes a las naciones con economías desordenadas.
Aun así, la realidad puede ser distinta, pues una lectura de muy corto plazo puede mostrar caídas puntuales en las permutas de incumplimiento crediticio (CDS, por sus siglas en inglés) en dólares, pero no refleja el costo real de financiamiento del Gobierno.
Así lo explicó Montañez Herrera, quien sostuvo que el mejor termómetro es el costo en pesos, medido a través de los TES, en particular el cero cupón a 10 años. “Desde esa perspectiva, el costo ha aumentado de forma significativa desde 2022 y se mantiene elevado a lo largo de toda la curva (1, 5 y 10 años), como muestran los datos del Banco de la República”, afirmó. En este mismo sentido, Fitch Ratings prevé crecimiento del PIB del 2,7 % y déficit por encima del 6 % para 2025.
De hecho, si se revisan los datos desde el 3 de enero de 2022, cuando la tasa de interés de los TES a 10 años se ubicaba en 8,63 %, se observa un incremento cercano a 43,1 % frente al dato del 16 de enero de este año, cuando alcanzó 12,35 %. En otras palabras, el aumento fue de 372 puntos básicos.
Otro impacto
Por otra parte, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), advirtió que el aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno mediante el Decreto 1469 de 2025, tendría un impacto significativo sobre las finanzas públicas. Según estimaciones preliminares y parciales del Comité, la medida elevaría el déficit fiscal en al menos $5,3 billones (0,3 % del PIB) en 2026 y en cerca de $8 billones (0,4 % del PIB) a partir de 2027
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El CARF señaló que este mayor desbalance fiscal dificulta el retorno a la senda de ajuste prevista en la Regla Fiscal y deteriora las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública, en un contexto en el que la situación fiscal es considerada crítica y el Gobierno ha declarado la emergencia económica.
De acuerdo con el Comité, el salario mínimo ha crecido en términos reales —descontando la inflación— en promedio 1,2 puntos porcentuales en las últimas dos décadas. Sin embargo, el incremento decretado para 2026 implica un crecimiento real cercano a 18,5 %, muy por encima de ese promedio histórico.
El análisis identifica varios canales de impacto sobre las cuentas públicas. En el frente del gasto, el mayor salario mínimo incrementa las erogaciones asociadas a las pensiones del régimen de prima media cercanas a un salario mínimo, con un costo estimado de $4,7 billones, así como el gasto en salarios de los funcionarios públicos que devengan ese nivel, calculado en $0,6 billones. También afecta el gasto en bienes y servicios del Estado, como los contratos de vigilancia y aseo.
Menor recaudo
En materia de ingresos, el CARF estimó que, a partir de 2027, el mayor costo salarial podría reducir el recaudo del impuesto de renta corporativo en alrededor de $2,7 billones, como resultado de una menor rentabilidad de las empresas. Este cálculo no incorpora posibles efectos sobre el empleo formal ni un eventual impulso a la demanda agregada que podría atenuar parcialmente el impacto fiscal.
El Comité también advirtió que existen otros efectos que no pudieron ser cuantificados por falta de información, entre ellos el aumento en el cálculo actuarial de las rentas vitalicias del Régimen de Ahorro Individual, las cuales se ajustan con el salario mínimo y no con la inflación. En estos casos, cuando el salario mínimo crece por encima de la inflación y la productividad, el Gobierno debe cubrir el faltante financiero para respaldar dichas pensiones.
El CARF subrayó que sus estimaciones son preliminares y parciales, por lo que podrían ser revisadas en la medida en que se disponga de nueva información relevante, y reiteró que el impacto fiscal total del aumento del salario mínimo podría ser mayor al inicialmente calculado.
Lunes, 2 de Febrero de 2026