Nuevo pulso contra la ideología de género en Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un nuevo paso en su ofensiva contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) al prohibir su aplicación en empresas contratistas del Gobierno federal. La orden ejecutiva, firmada este jueves, obligará a las compañías que quieran trabajar con la Administración a renunciar a este tipo de programas en un plazo de 30 días.
El núcleo de la medida es claro: las empresas deberán comprometerse expresamente a no aplicar políticas de diversidad que impliquen criterios considerados discriminatorios, especialmente en función de raza o sexo.
Desde la Casa Blanca, la decisión se justifica en la defensa de la igualdad de oportunidades en el mercado laboral. Según el Ejecutivo, las iniciativas DEI pueden favorecer a determinados grupos en detrimento de otros profesionales, introduciendo sesgos ideológicos en los procesos de contratación. Trump sostiene que estas políticas no corrigen desigualdades, sino que generan nuevas formas de discriminación.
La orden establece que los contratos públicos incluirán una cláusula obligatoria en la que las empresas certifiquen que no participan en actividades DEI de carácter discriminatorio. Esto supone un cambio significativo en los criterios de acceso a la contratación federal.
Además, el presidente ha argumentado que este tipo de programas incrementa los costes empresariales, lo que termina repercutiendo en el gasto público, al trasladarse esos costes a las licitaciones. La medida se enmarca en una estrategia más amplia impulsada desde el inicio de su nuevo mandato, que ya incluyó el cierre de oficinas de diversidad dentro de la Administración federal y la suspensión de sus empleados.
El movimiento abre un nuevo frente en el debate político estadounidense, donde las políticas de diversidad se han convertido en uno de los principales ejes de confrontación. Para sus defensores, se trata de herramientas necesarias para corregir desigualdades históricas; para sus críticos, como el propio Trump, representan una deriva ideológica que erosiona el principio de mérito.