Es el propio Juan Daniel Oviedo quien ha decidido convertir en eje de campaña un asunto que, en realidad, no es determinante para Colombia: el llamado «cambio de sexo» en menores de edad.
Lo ha hecho, además, a la defensiva. Afirma que no promueve estas prácticas y que se limita a acatar lo que establecen las normas. Ahí comienza el problema: se esquiva el fondo del debate refugiándose en el formalismo legal.
Conviene partir de lo elemental, de aquello que no debería estar sujeto a disputas ideológicas sino a la evidencia: cambiar de sexo es biológicamente imposible. Lo que sí existe —y aquí es necesario llamar las cosas por su nombre— son intervenciones médicas que implican modificaciones corporales, incluso la alteración o amputación de órganos sexuales. Nada de eso transforma el sexo de una persona. No modifica ni altera su estructura genética.
La biología es inequívoca: existen dos sexos, masculino y femenino. Hay excepciones extremadamente infrecuentes asociadas a trastornos del desarrollo sexual; precisamente por su carácter excepcional no pueden convertirse en regla ni en fundamento de políticas públicas.
Este debate no surge de la nada. Desde la década de los sesenta del siglo pasado, ciertos sectores de la denominada intelectualidad europea —particularmente en Francia— promovieron una ruptura con las nociones tradicionales sobre la sexualidad, la familia y la identidad. Figuras como Simone de Beauvoir instalaron la idea de que «no se nace mujer, se llega a serlo», abriendo la puerta a una concepción donde la identidad se separa de la base biológica. Más adelante, autores como Michel Foucault, Gilles Deleuze y Félix Guattari impulsaron corrientes orientadas a desestructurar las normas sociales en torno al deseo y la sexualidad. De esa corriente «intelectual» se desprendieron postulados cada vez más radicales: la identidad sexual completamente autodeterminada, desvinculada de la biología, e incluso la consideración de los niños como sujetos autónomos en esta materia.
Ahí la discusión deja de ser teórica y se vuelve problemática, porque esos planteamientos desconocen algo elemental: la sexualidad humana está ligada a procesos de maduración física, psicológica y emocional. No es un experimento ideológico. Se desarrolla progresivamente conforme avanza la madurez de la persona, y es en ese proceso —no antes— donde cada individuo define su orientación. Intervenir ese desarrollo en etapas tempranas no es progreso, sino irresponsabilidad.
El problema no se agota ahí. Lo que subyace en la postura de Juan Daniel Oviedo es una concepción errada sobre la ley: una versión del positivismo jurídico según la cual algo es correcto simplemente porque la norma lo autoriza, como si la legalidad equivaliera automáticamente a la moralidad. La historia demuestra lo contrario. Han existido leyes abiertamente injustas y, frente a esa evidencia, juristas como Gustav Radbruch formularon un principio esencial: cuando una ley es extremadamente injusta, deja de ser derecho. En la misma línea, la tradición del derecho natural —desde santo Tomás de Aquino— ha sostenido que la ley debe orientarse al bien y a la dignidad humana; cuando se aparta de ese criterio, pierde legitimidad.
Escudarse en que «la ley lo permite» no constituye una postura política seria. Representa, en el fondo, una renuncia al deber de liderazgo. Intervenir de manera irreversible el cuerpo de un menor resulta éticamente inaceptable. Si una norma lo permite, lo que corresponde no es justificarla, sino derogarla. Quien aspira a gobernar no está llamado a repetir la ley, sino a corregirla cuando es injusta: proteger a los menores, garantizar su integridad y dejar que las decisiones definitivas sobre el propio cuerpo se tomen en la adultez, no en medio de la inmadurez.
Existe, además, otro elemento preocupante: la descalificación de quienes cuestionan la postura de Oviedo por sus creencias religiosas. Reducir a quienes discrepan a la etiqueta de «cristianos» para restarles legitimidad no solo empobrece el debate, sino que introduce un sesgo discriminatorio. La pertenencia religiosa no invalida a nadie como interlocutor. Colombia es un país mayoritariamente cristiano, que se reconoce y se asume como tal con orgullo; se trata de una condición social y cultural incuestionable, no de una opinión. Esa circunstancia no puede ser maltratada ni, mucho menos, menospreciada por el alevoso candidato a la vicepresidencia.
Lo que queda en evidencia es una incomodidad —cuando no una abierta hostilidad— frente al cristianismo, especialmente problemática en un país que garantiza la libertad religiosa. Pretender gobernar descalificando esas convicciones no es apertura, sino intolerancia.
En el fondo, el asunto trasciende el caso concreto. Lo que queda expuesto es una manera de pensar en la que los hechos dejan de importar, la biología se relativiza y el debate se sustituye por la descalificación. No se discuten argumentos: se esquivan. No se enfrentan ideas: se etiquetan. Y en ese desplazamiento, lo que realmente se pierde es la posibilidad misma de un debate serio.
Una sociedad que acepta que lo legal define lo correcto termina perdiendo la capacidad de distinguir entre lo justo y lo injusto. Y una dirigencia que se limita a repetir la norma, en lugar de cuestionarla cuando es evidente su error, no lidera; simplemente administra la confusión.
Ese sí es el verdadero problema. Y ese sí debería preocupar.
Publicado: abril 9 de 2026
https://los.irreverentes.com/2026/04/oviedo-la-ley-no-lo-justifica-todo/