En medio de una persecución política sin precedentes impulsada por presiones del MAS, la policía boliviana arrestó a la ex presidente Jeanine Añez y a otros ministros de su gabinete.
Luego de una categórica derrota del MAS en las elecciones subnacionales, la tiranía liderada por Evo Morales y Luis Arce inició una carrera para detener y procesar a todos los actores que propiciaron su salida del poder por el fraude electoral de 2019.
A través de su cuenta de Twitter, el Ministro de Gobierno (quien ejerce el rol de Jefe de Gabinete), Eduardo del Castillo, confirmó la detención de la ex mandataria a altas horas de la noche, festejando con júbilo la aprehensión a pesar de no tener pruebas concretas de ningún delito.
Cabe destacar que Jeanine Añez asumió por vía constitucional el 12 de noviembre de 2019, luego de que tanto el entonces presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, y la presidente del senado, Adriana Salvatierra, renunciaran a la presidencia a raíz del reconocimiento por parte de la Justicia Electoral y del Ejército que hubo fraude de parte del gobierno en las elecciones de octubre.
Añez, en su capacidad de vicepresidente segunda del Senado, asumió la presidencia interina tal y como lo dice la Constitución boliviana.
No extendió su mandato ni un día más del necesario y llamó a elecciones con el apoyo total del poder legislativo y judicial. En lo que tal vez fue su mayor error político y hoy le puede costar su libertad, Añez tampoco quiso perseguir judicialmente a los delincuentes, terroristas y tiranos que acecharon a Bolivia en el pasado, incluso dejando que el MAS se forme como una agrupación política para las elecciones de 2020 a pesar de que se había comprobado que cometieron fraude en 2019.
El comandante Aguilera se encargó de trasladarla personalmente desde Beni a la ciudad de La Paz donde permanece encerrada.
Por su parte, la ex mandataria denunció todo el hecho como persecución política del gobierno masista, práctica habitual durante la gestión de Evo Morales, y retomada ahora, bajo la gestión de su mano derecha, Luis Arce.
Cabe señalar que el artículo 180 de la ley 1970 del Código de Procedimiento Penal establece que el allanamiento de domicilio o residencia particular requerirá de una resolución judicial, con la cual no contaba Jhonny Aguilera.
Además, esta ley establece la prohibición de cualquier tipo de allanamiento en horas de la noche. Según el artículo de ley, el tiempo comprendido entre las 19 hs y las 7 del día siguiente no están habilitadas. La entrada se hizo alrededor de la 1 de la mañana.
«Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos«, llegó a publicar en Twitter durante el allanamiento.
Durante la mañana y tarde del viernes, otros dos acusados fueron detenidos por las autoridades.
Se trata de los ex ministros de Añez, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra. El primero de ellos aseguró haber sido aprehendido en la vía pública por tres sujetos desconocidos, quienes lo obligaron a subirse en un vehículo para trasladarlo posteriormente a la ciudad de La Paz vía aérea.
Los ex funcionarios arrestados señalan que se trata de una «cortina de humo» para distraer de la derrota del MAS en las elecciones municipales del mes pasado.
Sus abogados además declararon que nunca fueron notificados sobre esta denuncia, y que por lo tanto su detención es ilegal y atentatoria a sus garantías constitucionales y a su derecho al debido proceso.
El Ministerio Público también ha emitido órdenes de aprehensión contra los ex ministros Yerko Núñez (Presidencia), Arturo Murillo (Gobierno) y Fernando López (Defensa).
A esta extensa lista se suman el ex Comandante General de la Policía durante el gobierno de transición, Yuri Calderón, el ex Comandante General de la Armada Boliviana, William Kalimán, y el ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Flavio Arce, acusados de haber firmado un documento que sugería la renuncia de Morales para pacificar el país, apegados a las facultades que les confiere la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.
Tanto Calderón como Kalimán no han sido aprehendidos por las autoridades todavía, aunque el Ministerio de Gobierno adelantó que «en los próximos días, el ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas será sometido a la justicia«.
Mientras tanto, el ex Jefe del Estado Mayor Conjunto ha sido enviado a la cárcel de San Pedro, en La Paz, mediante una resolución judicial.
Conjuntamente a estas aprehensiones, el parlamentario masista Santos Mamani exigió que dentro de esta investigación se agregue la prisión preventiva para algunas recientes autoridades electas que también participaron de las protestas que revelaron el fraude de Evo Morales, tales como Manfred Reyes Villa, Iván Arias y Luis Fernando Camacho.
Esta acción impulsa así una incuestionable persecución política contra sus actuales adversarios electorales, a los cuales no pudieron derrotar en las urnas.
Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario