La violencia. Llevamos casi sesenta años sometidos cruelmente a la criminalidad en todas sus formas, a las masacres, a los asaltos, a los secuestros, a las extorsiones, a los desplazamientos, etc., que ocasionan las organizaciones criminales que gravitan en Colombia, con la gravedad que el Estado no hace lo que debe hacer para que el paÃs salga definitivamente de este cruel problema . Â
El terrorismo. Son las acciones facinerosas que cometen las disidencias de las Farc, el Eln y los residuos del Epl que actúan delictiva y criminalmente con pretensiones polÃticas y económicas a raÃz del narcotráfico en favor del comunismo. Ante esta amenaza el Estado no responde como debiera hacerlo. No hace lo que debe hacer.
La inseguridad. La realizan quienes en las ciudades y en el campo usan, como medio de subsistencia para ellos, los asaltos, los asesinatos y los atracos, hiriendo, robando y maltratando a los ciudadanos y a los campesinos. La responsabilidad directa de combatir esta amenaza la tienen los gobernadores y los alcaldes, pero es muy poco o nada lo que hacen para erradicar el problema de sus regiones.
El narcotráfico. Es el proceso de actividades delictivas relacionadas con el cultivo y producción de sustancias tóxicas, el comercio y distribución nacional e internacional de estupefacientes que desarrollan organizaciones al margen de la ley (carteles y grupos subversivos) que para lograr sus objetivos cometen todos los tipos de criminalidad que existen. Al Estado no se le ha ocurrido elaborar una estrategia que elimine del todo este cruel fenómeno; es factible diseñarla y ejecutarla, pero se requieren voluntad y decisión que no se vislumbran.
El vandalismo. Es la destrucción y la devastación de bienes públicos y privados y la alteración del orden público en las ciudades que llevan a cabo los grupos de gente convocados a manifestaciones de carácter polÃtico para atacar o denigrar del gobierno de turno. Los gobiernos terminan aceptando o dejándose imponer esta depravación; no emplean ni imponen su autoridad cuando deben hacerlo.
La minerÃa ilegal. Es la explotación no autorizada legalmente de minas, especialmente de oro. Esta actividad ilegal fuera de la afectación que les causa a las finanzas públicas produce graves daños al medio ambiente de las áreas en dónde la desarrollan. No es difÃcil encontrarle solución si el Estado quiere, pero no actúa en este sentido.
La incuria estatal. La configuran, entre otras deficiencias, el descuido, la negligencia y la incompetencia que han tenido todos los poderes y estamentos del Estado para investigar a fondo, adelantar estudios juiciosos y diseñar estrategias y planes concretos para combatir y eliminar en forma especÃfica e integral la violencia, el terrorismo, la inseguridad, el narcotráfico, el vandalismo y la minerÃa ilegal.
La displicencia. Es la falta de ánimo y de interés del Estado en su totalidad, en especial de todos los gobiernos desde 1964, para buscar, la solución a cada uno en particular y a todos los graves problemas anotados en la presente apreciación. Las soluciones a estas problemáticas son realmente factibles si las autoridades responsables quisieran buscarlas.
La indiferencia. La constituyen la abulia, el desinterés, la insensibilidad y la indiferencia que han hecho evidentes las altas autoridades de los gobiernos y algunos senadores cuando se les ha ofrecido la presentación y entrega de proyectos concretos de solución de problemas como el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción. Estas actitudes y comportamientos son inexplicables e inaceptables.
* Bg (RA) Adolfo Clavijo, Colombian News, 06/04/2021
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