Colombia vive el más aterrador y escandaloso de los escenarios políticos por causa de la condena política al expresidente Uribe a 12 años de cárcel. Esta sentencia significa el colapso de la justicia y el comienzo de la dictadura judicial.
Está fundamentada en elucubraciones y suposiciones ideológicas, con pruebas obtenidas ilegalmente, sin que ninguna de ellas demuestre culpabilidad alguna.
La primera de ellas es la grabación de las conversaciones telefónicas del expresidente, que fueron ordenadas en forma “equivocada” por el magistrado Barceló, de la Corte Suprema de Justicia, cuando pretendía grabar el teléfono de otra persona, pero durante varios meses grabaron ilegalmente a Álvaro Uribe. Este es un delito grave, que precisamente llevó a la cárcel por muchos años a la exdirectora del DAS, pero esa prueba ilegal fue legitimada por la juez.
La otra prueba son los falsos testimonios de varios testigos, todos ellos criminales juzgados, condenados y encarcelados. Fueron contactados en cárceles de Colombia y EEUU por los senadores Iván Cepeda y Piedad Córdoba, declarados enemigos de Uribe y dirigentes de las FARC en la sombra. Les ofrecieron sobornos y beneficios por sus testimonios, pero sus contradicciones y falsedades fueron refutados por la defensa del expresidente.
El resultado de 40 años de impunidad
¿Cómo pudo pasar semejante exabrupto?
No podría ser diferente el resultado, una vez que Colombia desde hace 40 años se sumergió en un torbellino de impunidad para favorecer a los terroristas. Se hizo dogma irrefutable que la única forma de pacificar el país era claudicando ante las exigencias de los demoledores de la Nación, perdonando sus crímenes, entregándoles el poder, regalándoles 26 curules en el Congreso de la República y aplicando teorías jurídicas marxistas que justificaban la inmensidad de sus crímenes.
Los terroristas nunca cesaron su lucha criminal contra el Estado, ni ocultaron sus planes para tomar el poder, aunque recibieron los beneficios más absurdos y extravagantes.
Su meta era el poder al costo que fuera, aun pasando por encima del cadáver ensangrentado de una sociedad cobarde y despreocupada que les perdonó más de 300.000 asesinatos, 20.000 secuestros, 18.000 niños reclutados para la guerra, y otros tantos violados y convertidos en esclavos sexuales de sus cabecillas. Además de los miles de atentados terroristas contra pueblos, aldeas, obras de infraestructura, puentes, carreteras, torres de energía y oleoductos.
Y lo peor, decenas de miles de policías y soldados muertos o heridos en una guerra promovida por el narco-marxismo. En todo este tiempo, la constante es que los terroristas son indultados y los soldados y policías que los han combatido son enviados a la cárcel por combatirlos.
El único de los gobernantes que combatió las guerrillas eficazmente fue Uribe, entre 2002 y 2010. Al final de su mandato las FARC estaban derrotadas, prófugas, refugiadas en Cuba y Venezuela, mientras que por fin había paz en Colombia. Y esta es la razón de la persecución judicial contra Uribe.
En todos y cada uno de los falsos “procesos de paz”, lo más selecto del empresariado y de la política se arrodillaron ante los terroristas para congraciarse con ellos. Casi todos ellos fueron a El Caguán y después a Cuba, en tiempos de ignominia, y regresaban felices diciendo que se habían abrazado con los asesinos y se había obtenido la paz.
El traidor que desmanteló el Estado
Pero llegó el traidor, el escogido por el mismo Uribe, el que se hizo elegir con los votos de Uribe, el que terminó firmando el Acuerdo de paz con las FARC para concederles la más rampante impunidad, aplicando una aberración moral y jurídica llamada “justicia alternativa”.
El Acuerdo firmado en La Habana estableció la creación de la JEP, que inició sus labores en el 2018, durante la presidencia de Iván Duque, quien hizo toda su campaña presidencial de la mano de Uribe afirmando que no permitiría la creación de ese esperpento jurídico. Pero apenas llegó a la presidencia creó la JEP, y le adicionó 16 curules a las FARC, además de las 10 que el Acuerdo les había concedido.
Y entonces, ¡gran sorpresa! Después de siete años de funcionamiento de la JEP, con 42 magistrados escogidos inicialmente por voceros de las FARC, con miles de funcionarios auxiliares y un enorme presupuesto, hasta ahora ningún guerrillero ha sido juzgado, y mucho menos condenado, aunque fuera a tan solo un día de casa por cárcel.
Lo que sí ha hecho la JEP es condenar a un número no cuantificado de policías y soldados por crímenes no probados, pero que fueron aceptados bajo la presión de la amenaza y la intimidación para reducir la condena.
Hasta hace pocos meses había 39 generales en retiro acusados y procesados por la JEP, mientras que los comandantes de las FARC no se han sentado ni un minuto ante ese tribunal de ignominia. Casi todos han regresado a sus andanzas criminales, pero ahora son mantenidos por el Estado, usan centenas de camionetas blindadas del gobierno, tienen miles de escoltas oficiales, se dan la gran vida con los recursos del crimen, burlándose de la justicia y de los colombianos.
La Historia pronto escribirá la verdad
Si la juez Sandra Heredia necesitó mil páginas para condenar a Uribe, la Historia tendrá que escribir un millón de páginas para proclamar los crímenes de las FARC, cometidos a lo largo de los últimos 50 años con total y absoluta impunidad.
Allí deberán estar denunciados sus cómplices, y también los cobardes, que se arrodillaron ante la maldad de los crímenes de las FARC. Presidentes, congresistas, políticos, juristas, empresarios, líderes gremiales y jerarcas de la Iglesia Católica, quienes durante los últimos 40 años creyeron que claudicando ante los terroristas se conseguía la paz.
La Historia dará su veredicto algún día, cuando el sentido común y el “lumen rationis”, la luz de la razón, regresen al gobierno, a la política, a los empresarios y a la opinión pública. Por estos días oscuros que proclaman con ufanía el triunfo de las tinieblas, la razón está desterrada. Así, los opositores están siendo asesinados o encarcelados, y los criminales ocupan los más altos cargos del Gobierno, sin que acontezca nada importante que salve el País.
Álvaro Uribe no es el único encarcelado por esa sentencia injusta, ni Miguel Uribe es el único a quien trataron de asesinar. Las víctimas somos todos los colombianos que padecemos las consecuencias de un gobierno ilegítimo, demoledor y corrupto, que ahora nos anuncia que pretende quedarse por los próximos 20 años.
Este es el anuncio inaceptable del pastorcito mentiroso, que no habla por sí mismo, sino por su desquiciado jefe.
4/08/2025 | Por Eugenio Trujillo Villegas | Director: Sociedad Colombiana Tradición y Acción | trujillo.eugenio@gmail.com . .
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