Petro profundiza deriva autoritaria asamblea constituyente
Como lo había prometido, Gustavo Petro derogó hoy el “decretazo” de la consulta popular una vez se convirtió en ley la reforma laboral. Sin embargo, acto seguido, anunció que pondrá a disposición de los colombianos una “octava papeleta” el día de elecciones para que el pueblo convoque una asamblea constituyente. Así, Petro profundiza su senda autoritaria. Petro profundiza deriva autoritaria asamblea constituyente.
Lo hace justamente en la semana en la que el Congreso, bajo la presión de su consulta, aprobó la reforma laboral que el gobierno quería (sin el capítulo sindical), que la Corte Constitucional salvó la reforma pensional y que todas las cabezas de las ramas del poder se reunieron para acordar unas garantías para que las elecciones del 2026 transcurrieran en calma.
Pero, como en el cuento de la rana, Petro sube la temperatura del agua un par de grados más, proponiendo un camino abiertamente ilegal para cambiar la Constitución, el pacto social más importante entre los colombianos.
Otra aventura plebiscitaria: la octava papeleta
El presidente no ha entregado mayores detalles sobre el nuevo camino que propone para reformar la Constitución. “¿Quién le dijo que la próxima asamblea nacional constituyente derogaría la Constitución de 1991? Yo no votaría por eso”, escribió. Luego, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que la idea es que en las próximas elecciones legislativas, en marzo, los votantes puedan introducir una papeleta como forma de respaldar la asamblea nacional constituyente.
“La octava papeleta”, dijo Benedetti en referencia a la Séptima papeleta, el movimiento político que culminó en la expedición de la Constitución de 1991.
Benedetti aseguró que esa constituyente se convocaría en el próximo gobierno, y que con este mecanismo, Petro no busca reelegirse. “Buscamos una octava papeleta para que el próximo gobierno pueda desarrollar ese clamor. El presidente no se quiere quedar en el poder con una constituyente”, dijo.
Para Petro, el principal argumento para convocarla es que la promesa social de la Constitución del 91 no se ha cumplido. “Sobretodo volvería práctica la Constitución de 1991, volviéndola realidad”, dijo sobre el objetivo de la constituyente. Ese argumento, sobre la ineficacia de la Constitución, lo ha repetido al impulsar sus reformas sociales, o en medio del debate jurídico en la Corte Constitucional frente a la reforma pensional.
Petro profundiza deriva autoritaria asamblea constituyente
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por su parte ha dicho que la constituyente es necesaria ante el “bloqueo institucional” del Congreso frente al “salto social” que promueve el “primer gobierno de izquierda” en la historia de Colombia. Por lo que, según esa narrativa, debe ser el poder constituyente el único habilitado para resolver esa confrontación.
En un reciente debate organizado por el Grupo Prisa, Montealegre señaló que existe un camino alternativo para convocar la constituyente por fuera del ordinario, que exige pasar por el Congreso.
“Existe la posibilidad, afortunadamente en la Constitución de 1991, de que existan iniciativas legales de origen popular. En ese caso, si el 20% del censo electoral, aproximadamente 8 millones personas, se constituyen, y recogen firmas, hacen un proyecto de ley convocatorio a una asamblea nacional constituyente, y logran más de 8 millones de firmas, ese proyecto de ley va directamente a control constitucional por parte de la Corte. Y si la corte la avala, el año entrante podríamos tener una votación popular”.
Montealegre no explicó el origen de esa teoría, salvo por el hecho de mencionar que la Constitución prevé mecanismos para presentar proyectos de ley por iniciativa popular. “Es un debate jurídico”, dijo el ministro antes de exponerla. Sin embargo, las reglas para reformar la Constitución son claras, y ninguna contempla una papeleta para llegar a la convocatoria de una constituyente.
Petro propone una constituyente abiertamente ilegal
“El procedimiento actual para convocar una asamblea constituyente no prevé una papeleta”, dice el exmagistrado de la Corte Constitucional y cerebro de la Constitución del 91, Manuel José Cepeda. “Es el Congreso el que le pregunta al pueblo si quiere convocar una constituyente y es el pueblo el que decide. El presidente de la República no es parte de este proceso. Eso es lo previsto en el artículo 376 de la Constitución para evitar que el Ejecutivo busque instrumentalizar al pueblo y esté obligado a generar consensos en lugar de intentar imponer de manera unilateral su voluntad.”
En efecto, el artículo 376 dice: “Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine.”
Petro quiere asimilar su idea al proceso de la Séptima Papeleta que dio origen a la Constitución de 1991. Pero como explican varios expertos jurídicos en esta nota, la misma Constituyente cerró esa puerta al hacer la nueva Constitución.
La Constitución de 1986 no preveía mecanismos como referendos o constituyentes, mientras que la del 91 sí los permite y los regula. Además, en 1990 había un consenso de que existía la necesidad de cambiar la Constitución para hacer un nuevo pacto social y de paz que permitiera salir de la violencia y de un estado permanente de sitio.
Petro profundiza deriva autoritaria asamblea constituyente
“El proceso actual ocurre en un clima político divisivo, sin consenso, desestimando decisiones del Senado y asumiendo funciones propias de la Rama Judicial. Entonces, se percibe como un intento del Ejecutivo de imponer su agenda partidista, deslegitimar voces críticas y usar recursos públicos con impacto electoral”, dice el exmagistrado Luis Guillermo Guerrero, director del Departamento de Derecho Público de la Javeriana.
Hoy, si algo, existe un consenso en que la Constitución tiene una generosa carta de derechos humanos, sociales y políticos, muchas garantías para las minorías y una distribución del poder entre las ramas que evita el autoritarismo. Así lo demuestran los relatos de decenas de líderes sociales y comunitarios en este podcast de La Silla sobre los logros de la Constitución en sus primeros 30 años, “El país de los millennials”.
“Aunque hoy persisten graves problemas, el clamor ciudadano se centra más en hacer cumplir la Constitución del 91 que en reemplazarla”, dice Esteban Hoyos, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit.
La incertidumbre sobre los verdaderos objetivos de Petro
La paradoja de que sea Petro, un exmilitante del M-19 —el grupo que copresidió la Constituyente del 91 y que se ha atribuido como uno de sus legados históricos esta Constitución– el que quiera derogarla, no ha pasado desapercibida en redes. Ante lo cual, el presidente ha respondido que a él le gusta la Constitución del 91 y que no quiere derogarla, solo reformarla para que se cumpla.
Pero, como él y cualquier persona que haya estado involucrado en la política lo saben, una vez se inaugura una constituyente sus miembros tienen carta blanca para definir la nueva carta en la dirección que quieran. Por ejemplo, podrían eliminar las consultas previas para proyectos de infraestructura, un caballito de batalla que ha tenido el sector privado en detrimento de las comunidades indígenas, o afro, que suelen acudir a esta figura.
Como no es claro qué de la Constitución quisiera cambiar el presidente, la conclusión de muchos es que lo haría para permitir su propia reelección y quedarse en el poder a lo Hugo Chávez, aunque Petro lo haya negado, algunas veces con cierta ambigüedad.
Petro profundiza deriva autoritaria asamblea constituyente
Sin embargo, tampoco es claro cómo lo lograría si quisiera, dado que –como lo ha dicho Benedetti– la Constitución que saldría de esa eventual constituyente se inauguraría cuando ya Petro no sea presidente.
Hasta para eso, la idea de la octava papeleta sería inocua. Pero aún así, esta propuesta, que no tiene ningún futuro de convertirse en realidad, invoca una vez más el fantasma del castrochavismo. No solo alimenta falsamente las ilusiones de sus bases, sino que dispara los miedos de los opositores del presidente.
Lo que sí consigue el presidente es distraer a su gobierno de avanzar en la ejecución del Plan de Desarrollo. Y al resto de los colombianos los desconcentra en evaluar su gestión cuando llega a su tercer año de mandato, en su segundo pico más bajo de popularidad, y en medio del inicio de una campaña electoral que suele ser siempre un plebiscito sobre la gestión del que ostenta el poder.
Mientras tanto, Petro se rodea de una guardia pretoriana que le justifica y operativiza sus aventuras autoritarias. Entre ellos, Benedetti, Montealegre y ahora el nuevo jefe de gabinete, el pastor Alfredo Saade, quien ha pedido cerrar el Congreso y censurar medios de comunicación.
En paralelo, los medios y la oposición dejan de hablar de otros temas que no le convienen al presidente: la creciente crisis fiscal, el desabastecimiento de medicamentos, la fuga de su director de Presidencia Carlos Ramón González (sobre el que pesa una orden de captura por su supuesta participación en la compra de los presidentes del Congreso con recursos de la Ugrd para pasar las reformas sociales del presidente), la pérdida de valor de Ecopetrol, el juicio de Nicolás Petro, o el atentado contra el senador Miguel Uribe.
Pero, por ahora y por lo que queda del mandato, el tema de la asamblea constituyente será la nueva banda sonora de este gobierno. A ese ritmo, el presidente pretenderá poner a marchar a los políticos de izquierda para que con esa consigna única integren sus listas al Congreso y movilicen a votar a sus seguidores. Todo bajo la ilusión de que esa papeleta les permitirá tener a la izquierda en la Casa de Nariño otros cuatro años, para que ahí sí, pueda cumplir sus promesas de campaña.
.